Editorial

Guerra a muerte contra pensionados y jubilados

No hubo aumento salarial el Primero de Mayo. De hecho, para el Gobierno de Nicolás Maduro ya no existe el salario como concepto; le dio sepultura con la creación del llamado «ingreso mínimo integral», mientras Fedecámaras y las demás cúpulas empresariales ponían ─no sin entusiasmo─ flores en su tumba.

Desde luego, la cúpula corrupta insiste ─inútilmente─ en tratar de ocultar su viraje neoliberal con una retórica estridente. No obstante, así como el país sabe que las «sanciones» no fueron más que el caldo de cultivo para su enriquecimiento ilícito, está claro para cualquier trabajador que los bonos de Nicolás Maduro no son salario.

Con cinismo renovado y sin rubor en el rostro, este Primero de Mayo, los verdugos de los trabajadores fueron más lejos y al congelamiento del salario ─que ya supera los 800 días─ se suma ahora un fraude a los pensionados y jubilados.

En esta ocasión fue la Vicepresidenta Delcy Rodríguez quien presentó un proyecto de «contribuciones y aportes del empresariado privado para la protección de las pensiones frente al bloqueo criminal».

¡Una nueva burla! O más bien, nuevo decreto de «guerra a muerte» contra pensionados y jubilados: La fulana «contribución especial» será deducida del Impuesto Sobre la Renta y los fondos no serán dirigidos a la seguridad social sino al servicio de administración tributaria del país. Dinero fresco para la campaña electoral, mientras millones de personas han visto desaparecer sus ahorros tras años de trabajo.

Pero para el empresariado venezolano estas «pruebas de amor» del Gobierno-PSUV no son suficientes. Fedecámaras quiere que el réquiem por el salario también tenga sus notas dedicadas a las pensiones e insiste en que «es mejor que la plata esté en la cartera» de los trabajadores y no «devaluándose» como un pasivo laboral.

No les basta con haber pulverizado el ingreso de las familias trabajadoras sino que además desean dejarlas sin futuro alguno. La fantasía neoliberal: contrataciones sin deuda para los patronos; hacia allá marcha el pacto que sostiene la élite gobernante con los capitalistas.

Para hacer realidad sus sueños, el Gobierno-PSUV y los patronos necesitan neutralizar la resistencia obrera y sindical. Es por eso que las visitas de la Vicepresidenta a la Asamblea Nacional se han vuelto recurrentes en las últimas semanas y ya antes de esta ley para embaucar a pensionados y jubilados, presentó otra dirigida a los que no se comen sus cuentos: una ley para «combatir» al fascismo ¿Y quiénes son los supuestos fascistas? El Gobierno de Nicolás Maduro ha declarado con este esperpento ─ya aprobado en primera discusión─ al clasismo, atributo histórico del movimiento obrero y sindical revolucionario, como una característica fascista.

Así las cosas, la lucha por la indexación del salario las prestaciones sociales a la canasta básica es más que una batalla reivindicativa. Todo aquel que esté convencido de la justeza de la lucha por sueldos y salarios dignos y por el cese de la criminalización de la clase trabajadora y del movimiento popular, tiene en estos momentos una contienda en puertas: el round por la recuperación de la Constitución y el ejercicio de los derechos democráticos del pueblo.

Publicado originalmente en la edición N° 3.050 de Tribuna Popular (Mayo 2024).



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