El "Apartheid Hídrico" llega al Sur
La Patagonia argentina y chilena se ha convertido en el epicentro de una resistencia civil sin precedentes frente a la firma de contratos estratégicos con la empresa estatal israelí Mekorot. Bajo el pretexto de "planes maestros de gestión hídrica", los habitantes de provincias como Chubut, Santa Cruz y Mendoza denuncian una entrega encubierta de la soberanía sobre sus cuencas de agua dulce, el recurso más valioso y disputado de la región.
Contratos bajo la sombra y cláusulas de secreto
El principal motor de la indignación es la opacidad. Organizaciones como la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) denuncian que los convenios, financiados con fondos públicos a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), contienen cláusulas de confidencialidad que ocultan el verdadero alcance del poder cedido a la empresa extranjera. Los vecinos exigen saber por qué se entrega la planificación de sus ríos y acuíferos a una entidad señalada por la ONU por violaciones al derecho humano al agua en los territorios palestinos ocupados.
Soberanía en jaque: El modelo de la exclusión
Para las asambleas locales, Mekorot no trae "soluciones técnicas", sino un modelo de control social. El temor es que se replique en el sur el esquema de mercantilización del agua, donde el recurso se prioriza para la megaminería y el fracking —actividades impulsadas por el actual gobierno de Javier Milei— mientras se restringe el acceso a pequeños agricultores, comunidades Mapuche-Tehuelche y ciudadanos comunes. "Están importando la tecnología del despojo", sostienen los activistas en las marchas que han recorrido las calles de Rawson y Río Gallegos.
La justicia como trinchera
Ante lo que consideran una violación directa al Artículo 124 de la Constitución Nacional —que otorga a las provincias el dominio de sus recursos—, se han interpuesto diversos amparos legales. Los abogados ambientalistas argumentan que estos contratos son nulos por carecer de audiencias públicas obligatorias y por violar leyes ambientales clave, como la Ley de Glaciares. La resistencia legal busca frenar lo que los pobladores ven como el paso definitivo hacia la extranjerización total de la Patagonia, donde el agua dejaría de ser un bien común para convertirse en el botín de un poder geopolítico ajeno a los intereses nacionales.
El miedo de los patagónicos tiene raíces concretas:
- Soldados con "manos manchadas": La llegada de miles de efectivos israelíes con entrenamiento militar para vacacionar en la región es vista como una afrenta. Se denuncia que estos grupos realizan tareas de mapeo táctico mientras "descansan" de una guerra asimétrica y cruel.
- El modelo Mekorot: La entrega de la gestión del agua a la estatal israelí Mekorot es percibida como el desembarco del "apartheid hídrico", un sistema probado en Palestina para controlar la vida a través del grifo.
- Tierra arrasada: Los incendios intencionales en zonas estratégicas, seguidos de intentos de compra de esas tierras, sugieren una táctica de desplazamiento forzado similar a la ocupación de tierras en Oriente Medio.
Con la desregulación de la Ley de Tierras por parte de Javier Milei, los habitantes sienten que el escudo legal ha caído, dejando a la Patagonia como un botín para quienes usan la fuerza desmedida como política de expansión.
- Movilizaciones contra Mekorot: A pesar de la poca cobertura en televisión abierta, colectivos como "Fuera Mekorot" y asambleas por el agua han intensificado sus protestas en provincias como Chubut y Río Negro.
. Denuncian que la empresa estatal israelí opera bajo acuerdos opacos que vulneran la soberanía hídrica, replicando tácticas de control territorial que ya han sido señaladas en Palestina.
Escándalo en Torres del Paine (Chile): La CONAF ha tenido que endurecer su postura ante un patrón repetitivo de negligencia. Se reporta que hasta el 73% de los turistas expulsados por encender fuego en zonas prohibidas son de nacionalidad israelí. Esta cifra ha causado una explosión de indignación en redes sociales chilenas, donde se exige que no se minimice como simples "descuidos" lo que pone en riesgo miles de hectáreas.
La "Patagonia Rebelde" de hoy: Organizaciones de derechos humanos advierten sobre una grave amenaza a la libertad de prensa en Argentina tras intentos de imponer censura previa sobre temas que afectan a la administración actual y sus aliados. Esto ha llevado a que la información real sobre el hallazgo de material sospechoso en los incendios o los verdaderos antecedentes de los "turistas" (muchos con rango militar activo) solo circule en portales alternativos o redes comunitarias.
Doble discurso oficial: Mientras la narrativa oficial maquilla estos eventos como incidentes aislados para no afectar el turismo o las relaciones diplomáticas con Israel, la sociedad civil percibe una presión sistémica para que el sur sea un espacio de "sacrificio" en favor de intereses extranjeros.
Es gracias a portales que rompen esa hegemonía que hoy podemos saber, por ejemplo, que en Bariloche y El Bolsón se mantienen jornadas de lucha activas que vinculan directamente la defensa de la Patagonia con la solidaridad hacia el pueblo palestino, bajo la consigna de que el control del agua y la tierra es una sola batalla global.
Provincias argentinas bajo contrato con Mekorot
Desde 2022, y con un impulso renovado bajo la gestión de Javier Milei, la empresa estatal israelí ha firmado convenios para el diseño de "Planes Maestros del Sector Hídrico" en las siguientes provincias:
- Patagonia: Santa Cruz y Chubut son los focos de mayor conflicto, ya que allí se encuentran los acuíferos y glaciares más grandes.
- Otras regiones: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.
- Acuerdo Nacional: El Consejo Federal de Inversiones (CFI) actúa como el ente financiador, utilizando fondos públicos para pagar las consultorías de Mekorot.
Los 3 Argumentos Legales de las Asambleas para anular los contratos
Las asambleas ambientales y colectivos de abogados (como los nucleados en la Unión de Asambleas de Comunidades - UAC) están utilizando los siguientes fundamentos para declarar la nulidad de estos acuerdos:
- Violación del Federalismo y Soberanía: El Artículo 124 de la Constitución Nacional establece que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales". Las asambleas argumentan que delegar la planificación y gestión de las cuencas a una empresa estatal extranjera es una transferencia ilegal de soberanía que no pasó por las legislaturas provinciales de forma transparente.
- Incumplimiento de la Ley de Glaciares y de Aguas: Sostienen que el modelo de Mekorot prioriza el uso de agua para la megaminería y el fracking (especialmente en la zona de Vaca Muerta), lo que choca con la Ley de Glaciares que protege las fuentes de agua dulce de actividades industriales contaminantes.
- Falta de Audiencia Pública Obligatoria: La Ley General del Ambiente (25.675) exige que cualquier proyecto que pueda afectar el entorno de manera significativa debe pasar por una Consulta Popular o Audiencia Pública. Al ser contratos firmados "a puertas cerradas" y bajo cláusulas de confidencialidad, las asambleas presentan amparos por la ilegalidad del proceso administrativo.
El rol de los pueblos originarios
En la Patagonia, las comunidades Mapuche-Tehuelche han sido las más activas en denunciar que estos contratos son una nueva forma de despojo. Afirman que el control tecnológico del agua permitirá al Estado y a la empresa privada dejarlos sin acceso al recurso en sus tierras ancestrales, forzando un desplazamiento que beneficia a los grandes latifundistas extranjeros que ya poseen estancias en la región.
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