El 16 de septiembre del presente año se cumplen 200 años en Mérida de un acontecimiento que ha sido considerado como un hito en la Historia regional: la formación de una Junta Gubernativa Interina, a semejanza de lo ocurrido en Caracas el 19 de abril de 1810, y por supuesto en otras ciudades de Hispanoamérica. Naturalmente dicha Junta ratificó la obediencia  política de los merideños al rey Fernando VII, en el contexto de la usurpación de la Corona Española por parte de la élite político-militar francesa encabezada por Napoleón Bonaparte.

Ahora bien, desde el mismo siglo XIX se ha venido señalando en círculos académicos y políticos de la Provincia y posterior Estado Mérida, que la Junta de Gobierno instalada el 16 de septiembre de 1810, fue de corte revolucionario e independentista, claro ejemplo de la rebelión no sólo contra el Imperio español, sino contra  Maracaibo, entidad de la que se separó ese mismo año. Sin embargo, la sola reafirmación  de fidelidad de las autoridades merideñas al rey español, ya contradice a quienes han interpretado el acontecimiento como una supuesta rebelión independentista. De hecho, la Junta Suprema de Mérida, defensora de los derechos de Fernando VII, reiteró en diversas frases del acta del 16 de septiembre su adhesión a la Corona, debido evidentemente a que aún la consideraban como la autoridad soberana original:  

“Y seguidamente gritó el pueblo: viva la Junta Suprema de Santa Fe a nombre del señor don Fernando VII, viva la Junta Suprema de Barinas a nombre de don Fernando Séptimo, viva la Junta Suprema de Pamplona a nombre de don Fernando Séptimo, viva la Junta Suprema del Socorro a nombre de don Fernando Séptimo; cuyos ecos fueron consentidos, aprobados y aplaudidos por todos los demás señores y cuerpos arriba denunciados que se hallan congregados en la Sala de Ayuntamiento”.

En realidad la Junta Suprema de Mérida de 1810, ante la aparente ilegitimidad de la Regencia española, institución que desplazó a la Junta Central defensora de Fernando VII en la Península Ibérica, buscaba que la provincia merideña no permaneciera políticamente acéfala. En este sentido la Junta Suprema terminó como la depositaria interina de una soberanía que aún emanaba de la Corona, al menos mientras no se hizo realidad el proyecto independentista venezolano.  De manera que Antonio Rodríguez Picón y otros 11 vocales, reemplazaron inmediatamente a todas las autoridades que habían gobernado hasta el momento en Mérida, no porque éstas hubieran representado al Imperio español, sino porque  ya no se les consideraba legítimas representantes del monarca.  

Por cierto que los vocales que conformaron la Junta Suprema merideña fueron electos por votos secretos, hecho que ha dado pie a algunas opiniones erróneas o sobredimensionadas respecto al carácter “revolucionario” o “democrático” del 16 de septiembre de 1810. Nada más lejos de la realidad, considerando que solo un puñado de individuos pertenecientes a la élite  eclesiástica, política, militar y económica merideña, se encargó de elegir a los “representantes del pueblo”. De hecho, la escogencia final de los vocales de la Junta estuvo a cargo de un presbítero (Mariano de Talavera), de un sargento (Lorenzo Maldonado), de un hacendado (Vicente Campo Elías) y de un comerciante (José Arias), lo que indica a todas luces el carácter excluyente de los acontecimientos de septiembre de 1810 en Mérida. A esto cabe agregar que la sociedad merideña de la época era extremadamente conservadora en lo relativo a las diferenciaciones “raciales” y socioeconómicas, con escasísimo margen para el surgimiento de movimientos populares reaccionarios.

En referencia a la separación de Mérida respecto de  Maracaibo, proceso acontecido tras la creación de  la  Junta Suprema merideña, también se han emitido diversos comentarios sobre la “rebelión” merideña frente a la “sumisión” maracaibera a la Corona. En este sentido, numerosos “intelectuales” han creído que dicha acción separatista se debió a que Mérida anhelaba la independencia, mientras que Maracaibo quería seguir fiel a la Corona; pero la verdad es que ninguna de las dos provincias se decantó en 1810 por la separación del Imperio español. Mientras que los merideños apostaron por la defensa de Fernando VII mediante la Junta Suprema, los maracaiberos optaron por darle un voto de confianza a la Regencia, factor que en definitiva desencadenó la desunión de Mérida y Maracaibo:    

“Este sistema de gobierno legítimo, según las leyes y los principios del derecho de gentes, ha sido adoptado por Santa Fe, Cartagena, Cumaná, Margarita, Barinas, Socorro, Pamplona, y por las ciudades, villas y lugares de estos numerosos departamentos en donde reina en el día la mayor tranquilidad, se administra rectamente la justicia, se abren los canales de la prosperidad, y no se oye sino la voz de la concordia, de la obediencia en favor de su desgraciado rey y contra el tirano de la Europa.

Gobernada Mérida por los mismos principios, instruidas por las mismas verdades que fueron y meditadas por sus habitantes, y animada de estos nobles ejemplos, adoptó el mismo sistema, se desprendió  de Maracaibo, cuyo antiguo jefe elevado por la Regencia a la Capitanía General de Venezuela la mandaba nulamente, y concentró  en sí la autoridad suprema por medio de la instalación de otra Junta formada por el Pueblo y corporaciones particulares”.

En realidad el desmembramiento de la Provincia de Mérida de Maracaibo constituyó, más que un hecho intempestivo derivado de la supuesta simpatía o antipatía independentista de merideños y de maracaiberos en 1810, la crónica de una muerte anunciada. Considérese que prácticamente desde la creación de dicha Provincia, en 1676, las autoridades merideñas y maracaiberas tuvieron serias diferencias en diversas índoles, especialmente en lo administrativo y en lo económico.

Más allá  de que para septiembre de 1810 algunos personajes estaban convencidos de que la Independencia de las provincias venezolanas era inminente, la Junta Suprema de Mérida no fue de ninguna manera un organismo separatista, rebelde o revolucionario. Siguiendo el ejemplo que Caracas dio, la Junta de Mérida respondió al vacío político que representaba  para las élites locales la usurpación de la autoridad Real española, y no a la intención de romper los vínculos coloniales No fue sino hasta el año de 1811 cuando se inició el proceso independentista como tal en la Provincia de Mérida.


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