8 de octubre de 2025.- La amenaza de la Casa Blanca de no garantizar el pago retroactivo a los empleados federales al finalizar el actual cierre parcial del Gobierno, ha provocado indignación entre los funcionarios. Esta advertencia afecta a unos 750.000 trabajadores, obligados a suspender sus labores sin sueldo, mientras que otros, considerados esenciales, continúan trabajando sin percibir su salario.
La retención de los salarios adeudados representa un duro golpe económico para los trabajadores, muchos de los cuales viven al día. La incertidumbre ha generado un «caos«, según Imelda Avila-Thomas, una funcionaria sindical del Departamento de Trabajo. Avila-Thomas, empleada de la División de Salarios y Horas, relata haber recibido mensajes de colegas cuestionando la legalidad de la medida.
La controversia surge después de que un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca sugiriera que el pago retroactivo requeriría una aprobación específica del Congreso en el proyecto de ley de financiación, a pesar de que la ley de 2019 (promulgada por el propio presidente Donald Trump tras el cierre más largo del Gobierno en la historia del país) parecía garantizarlo.
Líderes sindicales, exfuncionarios, demócratas y expertos legales afirman que la Administración está legalmente obligada a pagar los salarios atrasados, citando la ley de 2019. Incluso algunos republicanos, como el senador Thom Tillis, han calificado la amenaza como una «mala estrategia».
La guía oficial de la OMB, aunque sin un anuncio oficial de cambio, aún indica que la compensación es debida. No obstante, las declaraciones de Trump, al decir que «hay personas que realmente no merecen que se les cuide, y las cuidaremos de otra manera», han avivado las sospechas de que se trata de una táctica de «mano dura» para presionar a los legisladores demócratas y forzar la aprobación de la propuesta presupuestaria republicana.
«Creo que el ambiente ha pasado de la ansiedad a la ira«, comentó un trabajador federal. Otro empleado en licencia de la Oficina de Administración de Tierras lo vio como un intento de «infringir la ley descaradamente» para tantear qué límites permite el Congreso.
Los sindicatos, incluida la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), ya han presentado quejas, argumentando que negar el pago violaría la ley. La senadora demócrata Patty Murray ha sentenciado que «la letra de la ley es tan clara como puede ser: los funcionarios públicos, incluidos los trabajadores de baja administrativa, tienen derecho a su pago retroactivo después de un cierre».
Esta última amenaza se produce en un contexto de éxodo de la fuerza laboral federal. La plantilla ya ha disminuido en más de 200.000 empleados este año, y se prevé que otros 100.000 se marchen antes de diciembre, ya sea por jubilación anticipada o despidos.
El cierre del Gobierno estadounidense, en su octavo día, se debe al fracaso del Senado en alcanzar los 60 votos necesarios para aprobar el presupuesto fiscal, debido a la falta de consenso entre demócratas y republicanos. La votación concluyó con 55 votos a favor y 45 en contra.
El punto central del conflicto son los subsidios adicionales para la atención médica que el partido Demócrata exige incluir en el presupuesto. Los Republicanos, por su parte, se niegan a esta condición, insistiendo en que la financiación sanitaria debe ser tratada por separado.
