Familiares de tres salvadoreños que fueron enviados desde Estados Unidos en los mismos vuelos que cientos de venezolanos, acusados sin pruebas de ser pandilleros, llevan seis meses sin tener información sobre ellos.
6 de octubre de 2025.- La hermana de José Osmín Santos tuvo contacto por última vez con su hermano el 9 de abril durante una llamada telefónica desde el centro de detención migratoria del estado de Nueva York, donde había pasado un par de semanas. "Creo que me van a trasladar", dice. "Vamos a hablar rápido, porque puede que no volvamos a hablar, porque no creo que me den el derecho a una llamada. Nos dirigimos a El Salvador. Dile a todos allá, Jovelina, que me esperen alrededor del mediodía". "Sí", le dije, "la llamaré, le diré". Pero no terminamos de despedirnos porque la llamada se cortó de repente", relata su hermana casi seis meses después, hablando por videollamada desde su casa en la ciudad de Glen Cove, Long Island, Nueva York. Prefiere mantener el anonimato por temor a represalias de los gobiernos de Estados Unidos o El Salvador, informó Nicholas Dale Leal México - english.elpais.com.
El vuelo que supuestamente trajo a Osmín a El Salvador aterrizó dos días después de esa breve conversación. Piensa en su último intercambio a diario, como un hilo que la conecta con un pasado en el que su hermano era un hombre de carne y hueso de 40 años en su vida, y no el recuerdo que es hoy. Osmín nunca salió a abrazar a su otra hermana al mediodía como esperaba. Después de ver salir a otros deportados, uno tras otro, con sus familias recibiéndolos aliviados y sonrientes, le dijeron que el nombre de su hermano estaba en la lista que también incluía a varios venezolanos acusados sin pruebas de pertenecer al cártel del Tren de Aragua. Pero su nombre estaba tachado. Nunca había abordado el avión, le dijeron. Cuando la familia contactó con las autoridades estadounidenses, les dijeron lo contrario, que Osmín sí había sido deportado en ese vuelo. Desde entonces, se han encontrado con un muro de silencio.
Ante este silencio oficial, «desaparición forzada» bien podría ser la única terminología adecuada para describir lo sucedido con Osmín. Naciones Unidas define el término como «el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida». El caso de José Osmín Santos, junto con los de Brandon Sigaran y William Martínez —también presuntamente deportados en los mismos vuelos que transportaron a más de 250 venezolanos, acusados sin pruebas de pertenecer a pandillas, a las celdas del Centro de Internamiento del Terrorismo (CECOT), la infame prisión de máxima seguridad del régimen de Nayib Bukele— ha sido llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero por ahora, solo ha habido silencio. Ninguno de los tres hombres ha sido acusado oficialmente de pertenecer a una pandilla. La única documentación de la situación han sido sus órdenes de deportación. Las autoridades salvadoreñas no respondieron a las preguntas de EL PAÍS sobre su paradero. La abogada Kelvi Zambrano, quien ha llevado sus casos judiciales internacionales pro bono, afirma que «todas las familias han iniciado procesos de búsqueda, se han dirigido a todas las instituciones estatales pertinentes e incluso han presentado recursos de habeas corpus, el recurso legal adecuado en esta circunstancia, pero no se ha proporcionado información en ningún momento».