18-06-25.-La Justicia argentina otorgó, después de extensas discusiones entre la defensa y la Fiscalía, la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández.
El pedido de la defensa, ya otorgado, estuvo enfocado en la edad de Cristina Kirchner, de 72 años, junto a su rol de ex jefa de Estado. Por tanto, sostuvo que no corresponde que la líder política sea alojada en una cárcel común, teniendo como antecedente el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.
El equipo de abogados de la exmandataria también expuso que el uso de tobillera electrónica por parte de la ex jefa de Estado sería, según su interpretación, completamente innecesario.
Sin embargo, y poco antes de conocerse el dictamen, la Fiscalía se opuso a la solicitud. Según el escrito presentado por los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola, "conceder la prisión domiciliaria es una potestad, no algo obligatorio. Es una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad", señalaron.
El ente acusador argumentó también que "no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria".
En cuanto al domicilio propuesto para cumplir con la pena, la Fiscalía expresó “dudas” acerca del “emplazamiento”, “la numerosa concentración de personas a su alrededor” y las “condiciones de seguridad”.
La Procuración General de la ciudad de Buenos Aires presentó también una nota ante el tribunal en la que manifestó su preocupación por los efectos negativos que tendría una eventual detención en la residencia de la exmandataria en el barrio porteño de Constitución.
El escrito destacó que la detención de Fernández en esa vivienda afectaría gravemente la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una zona de alta densidad y tránsito en la zona.
18 de junio, fecha límite
La concesión de la prisión domiciliaria llega un día antes de la fecha que Fernández de Kirchner había establecido para ponerse a disposición de la Justicia, con el fin de comenzar a cumplir su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La expresidenta había asegurado el viernes pasado que el próximo 18 de junio se personaría ante la justicia.
Dirigentes del ala peronista reclamaron que Fernández fuera tratada "con decoro" y que la Justicia no hiciera un "show de degradación", al estar en jaque el beneficio de la prisión domiciliaria.
Se esperaba que el miércoles tuviera lugar una marcha masiva de miles de personas hasta los tribunales federales, en una caravana que también serviría de protesta hacia el Gobierno de Javier Milei y el poder judicial.
*Con Información de France24, EFE y medios locales
