El Gobierno argentino autorizó los operativos de desalojo de los pueblos originarios a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial que da por concluida la declaración de emergencia de sus tierras.

“Declárase finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país (…), y la suspensión dispuesta en el artículo 2.°”, señala el decreto 1083, publicado en el Boletín Oficial de la nación.

Derecho a la disposición de dichos bienes

A un año de asumir el poder, el Gobierno del presidente Javier Milei alegó que la prolongación de esta emergencia por los últimos 18 años impidió “el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas”, además de limitar “el derecho a la disposición de dichos bienes”.

El Ejecutivo puntualizó que la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que suspendía la ejecución de sentencias que ordenaran la desocupación de sus terrenos, generaba “inseguridad jurídica” y una “grave afectación al derecho de propiedad” de sus dueños, así como al dominio provincial sobre los recursos naturales.

“Dada la irrazonable extensión de la medida de emergencia y las diferentes afectaciones que esta produce, tanto al derecho de propiedad como al dominio de los recursos naturales de las provincias y a la certidumbre del derecho, se estima necesario disponer su finalización de forma inmediata”, añade el decreto.

La norma lleva la firma del presidente y de otros nueve ministros de su Gabinete, refirieron medios internacionales.

La respuesta de las comunidades

Desde el Parlamento de Naciones, Pueblos y Comunidades indígenas de Jujuy anticiparon que van a "defender el territorio con ley o sin ley". "Esta es una nueva acción de genocidio, etnocidio, ecocidio, que se constituye como un delito de lesa humanidad, violentando y avasallando los derechos de la madre tierra, el territorio y las naciones indígenas que habitamos estos territorios desde tiempos inmemorables", expresaron en un comunicado. Desde el Sur, también repudiaron la medida. El werken y referente indígena del Pueblo Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, dijo que se trata de "una práctica genocida, que se aleja de la democracia y es pasible de ser considerada delito de lesa humanidad".

La senadora salteña de Unión por la Patria, Nora Giménez, repudió el decreto y alertó sobre el impacto que tendrá: "Lo más grave es que retrotrae la situación al año 2006, cuando decenas de esas comunidades estaban al borde del desalojo judicial, sin ofrecer ninguna propuesta". Además, indicó que el Gobierno desconoce el relevamiento territorial realizado en los últimos 18 años, en el que se identificaron y mensuraron las tierras de más de 900 comunidades en todo el país, más de 70% del total de las existentes.

La "inseguridad jurídica" según Milei y Sturzenegger

Los considerandos del decreto son más que provocadores. Aducen caprichosamente que la vigencia de los derechos garantizados por esa ley genera “inseguridad jurídica” y causa “una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños” que, claro está, para el Gobierno no son los pueblos indígenas.

Quien inmediatamente salió a defender la suspensión de derechos de las minorías y el avance del Estado contra los derechos ancestrales fue el ministro Federico Sturzenegger, quien en otro de sus extensos, antojadizos y aburridos mensajes por la red X hizo una arbitraria defensa del decreto que él mismo alentó.

Dijo que la ley 26.160 que prohíbe los desalojos “impidió el accionar de la justicia” y “motivó la proliferación de tomas”. Celebra “la voluntad (de Javier Milei) de poner las cosas en su lugar” y falazmente sostiene que el decreto publicado hoy no “lesiona” ni “disminuye” los derechos de las comunidades.