La semana posterior al cierre del canal 2, la protesta de calle trajo algunas continuidades y novedades que queremos comenzar a examinar. Hasta el miércoles 30, en poco más de cuatro días, el ministro Pedro Carreño reconoció que se habían realizado 97 protestas, es decir, un promedio aproximado de 24 protestas diarias. En los ocho años que ha estado el gobierno de Chávez en el poder, el promedio de protestas según Provea ha sido de tres diarias, incluyendo domingos y días de fiesta. En ese contexto, la cifra dada por el ministro revela que presenciamos esa semana un pico en manifestaciones, o sea, un embrión de revuelta.

Los principales actores protagonistas de esta revuelta fueron primeramente gente del común, usuarios y trabajadores de los medios venezolanos, jóvenes sobre todo. El domingo 27 en la noche hubo un clímax en Las Mercedes donde la protesta se volvió violenta. Como vivimos en una sociedad donde los medios están severamente polarizados, no sabemos a ciencia cierta quién empezó la violencia. Pero el lunes 28 emergió la protesta de estudiantes universitarios y de bachillerato, de instituciones tanto privadas como públicas, de Caracas y del interior.

También han sido muy visibles en la protesta periodistas y dueños de medios. Las primeras protestas se centraron exclusivamente contra la medida gubernamental de no renovar la concesión al canal 2, pero poco a poco las consignas se han ido reelaborando hacia la libertad de expresión, contra la represión y por los derechos humanos, por la libertad a secas, y en la marcha universitaria del martes 6 de junio, por la libertad, la democracia y la autonomía universitaria.

El ministro Carreño alertó a mediados de esa semana que no permitirá "que se atente contra el orden interno y la institucionalidad". También señaló que hay grupos que manipulan a los estudiantes para provocar violencia, pero el Gobierno tiene control de la situación. Por su parte, el vicepresidente Jorge Rodríguez aseguró que los actores que por décadas asesinaron, persiguieron, desaparecieron y torturaron estudiantes, ahora los usan como carne de cañón. Hasta aquí todo es continuidad con el pasado. Una ola de protestas con los estudiantes en rol protagónico, con algunos episodios violentos, y un gobierno hablando de subversiones, manipulaciones a estudiantes por intereses oscuros para desestabilizarlo, y, como siempre, que está en control de la situación. Entre las novedades está que el Gobierno es revolucionario, y los estudiantes muchos vienen de instituciones privadas.

Sería un error, sin embargo, desestimar este embrión de revuelta estudiantil y popular como si se tratara de una confrontación de chavistas y antichavistas al estilo de 20022004. Las primeras declaraciones gubernamentales parecieron dirigirse en esa dirección. El malestar que existe y que esta protesta expresa trasciende la polarización política convencional anterior.

Como señalan algunas encuestas, hay gente chavista dolida por la medida, y hay gente chavista dolida por otros motivos también.

La radicalización discursiva y la intolerancia que aplica el Gobierno desde diciembre están reduciendo sus bases políticas, y el recurso del peligro imperialista para mantener unificados a quienes hasta ahora han compartido el proyecto bolivariano se va debilitando al sopesarlo algunos con las transgresiones al Estado de derecho por parte del gobierno, su ineficiencia, corrupción e intolerancia ante cualquier diferencia, además del desatendido problema de la inseguridad y los continuos brotes de desabastecimiento. Este embrión pudiera crecer, pues si algo caracteriza al movimiento estudiantil es su potencialidad de canalizar el malestar popular en tiempos de debilidad de la representación política. Si no, recuérdese los años 1928, 1936, 1958, y la década de los noventa, entre otros.

Es prudente que el Gobierno respete al movimiento estudiantil, que siempre ha provenido principalmente de jóvenes de clases medias, con sensibilidad social y capacidad de lucha. No tiene sentido descalificarlo por su clase social o nivel de ingresos. Y es estúpido decirles que están siendo manipulados por Ravell o Granier. La falta de espacios para el debate y de políticas educativas coherentes para la educación pública, más allá de la creación de instituciones rojas rojitas que no saben qué significa o cómo hacer para educar para un socialismo del siglo XXI, son algunos de los factores que están motivando a estudiantes de toda procedencia social y educativa a sumarse a la oposición. De cómo maneje el Gobierno ese malestar, imponiendo su proyecto revolucionario o persuadiendo de las bondades que éste tiene para nuestra sociedad, dependerá que el movimiento termine a su favor o en contra. Pero para eso hace falta capacidad para oír, disposición al diálogo, al debate, y tomar en cuenta a otros que no sean sus incondicionales en sus decisiones.


Fue el 28 de diciembre
en el fuerte Tiuna, vestido de militar, cuando el Presidente anunció que no se renovaría la concesión al canal 2. Vayan apagando los equipos, dijo.

Vaya estilo.


Toda una tormenta
se desarrolla en torno a la política de cine del actual gobierno. El ministro de la Cultura aprobó $17,6 millones para financiar una película del artista estadounidense afrodescendiente Danny Glover.

Resulta que el señor nunca ha dirigido una película, pero nuestro gobierno le dio el equivalente a lo que le ha dado a todos los organismos cinematográficos venezolanos en los últimos cinco años. Según los gremios de cineastas, Anac y Caveprol, que le dirigieron una carta pública a Glover, con eso se hubieran podido hacer 36 películas de cineastas de nuestro país, lo que no es poca cosa para un sector que siempre ha tenido grandes necesidades de apoyo. Farruco contestó anunciando su ruptura con estas organizaciones y las tildó de minoría anquilosada, egoísta y mezquina, sin la sensibilidad necesaria para sumarse a la pasado revolución. El estilo presidencial se contagia.


El Washington Office

on Latin America (Wola), una ONG de derechos humanos, fijó posición sobre el cierre del canal 2. Critican al gobierno la arbitrariedad y violación al debido proceso que marcó su decisión de no renovar la concesión, y expresan estar preocupados porque el nuevo canal pudiera servir sólo para comunicar las posiciones oficiales, con poco o ningún espacio para puntos de vista diferentes. Wola asienta que la libertad de expresión incluye el derecho del público a ser informado de la manera más equilibrada y comprensiva posible, un derecho claramente violado por Rctv y otros medios privados durante el golpe de Estado del 2002 . Finalizan dejando expresado que su crítica al Gobierno no significa ningún tipo de apoyo a la forma como ejerce el periodismo Rctv. Irónicamente, dicen, quienes subvirtieron el Estado de derecho y los principios democráticos ahora necesitan apelar a estos mismos principios. La torpeza gubernamental los ha trastocado en víctimas. Comparto esta posición.

malopez@reacciun.ve