Alimenta la Solidaridad lamentó la decisión que se ven obligados a tomar, tras casi nueve años haciendo «frente a la pobreza y a la desnutrición infantil» a través de comedores en las zonas populares y la formación de «una red de líderes comunitarios comprometidos».
En el comunicado, la organización explicó que la suspensión de las actividades se debe a la necesidad de proteger la seguridad de todas las personas vinculadas con la iniciativa: beneficiarios, líderes comunitarios y equipo de trabajo.
«La nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG impone condiciones y riesgos que hacen inviable nuestra labor en su forma actual, esta norma restringe el derecho a la libre asociación y criminaliza el trabajo humanitario y comunitario, afectando directamente nuestro modelo de impacto».
Refirió que en el contexto de represión contra la sociedad civil que vive el país, sería irresponsable seguir trabajando sin contar con condiciones adecuadas de seguridad.
«La persecución pone en riesgo a las familias que, durante años, han abierto sus hogares para alimentar y educar a los niños más vulnerables. Protegerlas es hoy, y siempre ha sido, nuestra prioridad ética y moral».