En Venezuela, antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, el problema de la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes era definido en la agenda mediática y política como "los niños de la calle”. No existía una política pública que atendiera de manera integral el problema; los gobiernos locales abordaban las consecuencias de manera contingencial sin llegar a analizar o atacar las causas del mismo.
Las respuestas desde las políticas asistencialistas neoliberales consistían en brindarles alimentación y atención inmediata sin sacarlos de su situación, lo que conllevó al aumento de la cantidad de niños, niñas y adolescentes en las calles de los municipios más poblados de Venezuela, con consecuencias muy duras como el asesinato de los infantes y púberes por parte de cuerpos policiales y parapoliciales por considerarlos nocivos para las actividades comerciales y turísticas.
A partir de la llegada de la Revolución Bolivariana, con el Proyecto Nacional Simón Bolívar y la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), se definió el problema como de población de máxima vulnerabilidad y sujeto de atención prioritaria del Estado. Del extinto Instituto Nacional del Menor (INAM), que actuaba desde la Doctrina de la Situación Irregular, pasamos al Consejo Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que asumió la doctrina de Protección sin lograr solucionar integralmente el asunto. Razón por la cual el Comandante Hugo Chávez tomó la iniciativa de transformar el Consejo Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en un instituto autónomo, dependiente del -para entonces- Ministerio de Comunas y Protección Social, el cual contaba con el Viceministerio de Protección Social que se encargaba de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas en la materia hacia las poblaciones más vulnerables como: adultos y adultas mayores, personas con discapacidad, ciudadanos y ciudadanas en situación de calle y máxima pobreza, así como de niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar que dichas políticas estaban articuladas desde la organización popular y no sólo como iniciativas desde el Estado.
Equipos multidisciplinarios con conocimiento y experiencia en la materia, se avocaron a cristalizar el llamado del Comandante Chávez de solucionar integralmente problema. Se diseñaron, implementaron y evaluaron programas para la atención, protección e inclusión de nuestros niños, niñas y adolescentes en situación de máxima exclusión social. Los programas se diseñaron en función de la prevención, atención, protección e inclusión. La visión constitucional y legal de la doctrina de protección es garantizar el derecho a nuestra infancia y adolescencia de crecer en el seno de una familia.
Dos de estos programas fueron: las Casas de Abrigo, como espacios transitorios de niños, niñas y adolescentes que eran apartados por motivos de vulneración de derechos de sus familias, hasta lograr una medida definitiva de inclusión en una familia; y los Centros Comunales de Protección Integral (CCPI), donde las comunidades organizadas atendían a sus niños, niñas y adolescentes no escolarizados hasta lograr su inclusión en el sistema educativo, al igual que a los hijos e hijas de madres trabajadoras en edad maternal y en horario extraescolar con actividades culturales, recreativas y deportivas (Plan Vacacional Comunitario, Misión Cultura Corazón Adentro y Misión Barrio Adentro Deportiva), así como la asistencia obligatoria a la atención médica de primaria en los centros de la Misión Barrio Adentro Salud, impulsando la corresponsabilidad de las comunidades organizadas en la prevención y atención del problema. Todo ello concretaba la sinergia de recursos y personal de las instituciones y misiones en función de garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. El conjunto más amplio de programas y la visión integral del problema con una ruta clara de implementación de las soluciones, tuvo un impacto altamente positivo en la sociedad venezolana pues se logró superar durante varios años el problema.
Es doloroso reconocer hoy que, como Revolución, hemos retrocedido en la implementación de estas políticas públicas al punto de que la situación de máxima vulnerabilidad de nuestros infantes y adolescentes ocupa nuevamente la agenda mediática, sin que desde el Estado hayamos reconocido de forma autocrítica nuestros errores en la materia y nos encaminemos a la necesaria rectificación que la grave situación amerita. Acompaño la preocupación que la Asamblea Nacional Constituyente ha manifestado en los últimos días y reafirmo el llamado a no asumir las soluciones desde la improvisación y visiones asistencialistas superadas.
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