27 de febrero de 1989: restablecimiento del orden. 27 de febrero de 2004: brutal represión

27 DE FEBRERO DE 1989: RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN



Ni siquiera puedo imaginarme el tremendo dolor de mi amiga, que por aquel entonces era una adolescente, al ver a su madre tendida en el suelo de su apartamento, ensangrentada y sin vida. Sólo se asomó a la ventana y en un instante todo se nubló. Una vida cegada por las balas asesinas de los mismos que organizaron el golpe fascista de abril de 2002 y el paro-sabotaje petrolero, -no me refiero a la gente de buena fe que adversa a Chávez- y que ayer, 15 años después de la masacre ejecutada por Carlos Andrés Pérez, intentaron propiciar un nuevo baño de sangre como los que están acostumbrados a generar.

Más de 3000 muertos son testigos mudos e inertes del asesinato masivo más importante llevado a cabo en nombre de la democracia representativa. Pero no el único. AD y COPEI, y sus nuevos socios de Primero Justicia, y partidos otrora de izquierda como el MAS o Bandera Roja, que sufrieron los rigores del “dispare primero y averigüe después” del inefable Rómulo Betancourt, tienen sobre sus conciencias los varios centenares de muertos del “Porteñazo” y el “Carupanazo”, de Cantaura, de El Amparo, de los Teatros de Operaciones, donde siguiendo las instrucciones de los manuales de contrainsurgencia de la CIA, se violaron sistemáticamente los derechos humanos.

El Pacto de Punto Fijo: el dinero, el salmo y el sable

Fue el “caracazo” o el “sacudón”, como también se le conoce, un evento histórico de masas, de carácter espontáneo, sin dirección ni objetivos políticos definidos, pero sí un severo cuestionamiento a un estado de cosas que ya resultaba insoportable para la mayoría del pueblo venezolano. Este dantesco episodio de la historia contemporánea del país fue la punta del iceberg de un fenómeno más profundo, que puso en evidencia la crisis terminal del modelo político y económico instaurado en 1958 a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, basado en el llamado Pacto de Punto Fijo, suscrito por AD, COPEI y URD el 31 de octubre de aquel año, mediante el cual dichos partidos se comprometían a evitar los conflictos interpartidistas, respetar el resultado electoral cualquiera que fuese, formar un gobierno de unidad nacional en el cual estuviesen representadas todas las fuerzas políticas con independencia de los resultados electorales, y a suscribir una Declaración de Principios y un Programa Mínimo de Gobierno, la cual se firmó el 6 de diciembre de 1958. Pero más allá de estos criterios prácticos, el Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo de gobernabilidad mediante el cual los actores políticos y sociales fundamentales, en conjunción con las principales instituciones de la burguesía, como Fedecámaras, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, establecían las reglas del juego, y se comprometían a defender a la democracia representativa, como forma política, y al capitalismo subdesarrollado y rentista –basado en el petróleo-, en el ámbito económico, de cualquier peligro, y resguardarlo de cualquier intento de subversión de dicho estado de cosas. Esto se puso en evidencia, con manifiesta crudeza, durante los años de la lucha armada, pero se aplicó con inexorable saña y firmeza durante los últimos 40 años, cada vez que los trabajadores y el pueblo intentaron levantar su voz de rechazo. Sin duda, el ejemplo más dramático fue la violencia desatada durante el 27 y 28 de febrero de 1989, y en los días subsiguientes.

El 27 de febrero: punto de inflexión del “puntofijismo”

No fue el golpe fallido del 4 de febrero de 1992 el punto de inflexión en la crisis política, social y económica que padecía Venezuela a finales de la década del 80. No se puede negar que aquel acontecimiento, estrictamente militar, fue una expresión más de la crisis social y política por la que atravesaba el país. Al interior de las Fuerzas Armadas también se manifestaban las contradicciones de clase y el hervidero social que había hecho eclosión el 27 de febrero de 1989.

Sin lugar a dudas, fue el “caracazo” el verdadero punto de quiebre del modelo de Punto Fijo. Aunque ya se venían produciendo expresiones de ésta crisis en otros ámbitos, como el electoral, el económico, el social, y en el 92 en el terreno militar.

En el terreno electoral la crisis del “puntofijismo” se puso en evidencia con el aumento de la abstención. Ejemplo de este cambio es que de una abstención histórica de un sólo dígito, en las elecciones nacionales de 1978 se pasó al 12,4% mientras que en las elecciones municipales de 1979 ascendió a 27,1%, luego, en las elecciones nacionales de 1983 alcanzó el 12,1% mientras que en las municipales de 1984 ascendió al 40,7%, pasando en las nacionales de 1988 al 18,3% y en las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales municipales de 1989 llegó al 54,8%.

En el ámbito económico el agotamiento del modelo se manifestó con la llamada crisis del “viernes negro” de febrero de 1983, en el marco de la crisis de la deuda externa que afectaba a toda América Latina. El gobierno de Luis Herrera Camping procedió a devaluar la moneda para frenar una fuga masiva de divisas y el deterioro acelerado de las reservas internacionales.

A finales del gobierno de Jaime Lusinchi la inflación tradicionalmente de un solo dígito se disparó alcanzando al 28% y el 29,48% en los años 1987 y 1988. Las reservas internacionales cayeron a 9.505 millones de dólares entre 1986 y 1988 (compárese con los 21 mil millones de la actualidad). Mientras que la situación económica se agravaba, otro tanto sucedía en el aspecto social. Entre 1984 y 1988 la pobreza extrema se elevó de 11% a 14% y la pobreza total pasó de 36% a 46%. Por otra parte, la pobreza extrema se eleva de 14% en 1988 a 30% en 1989 (un aumento de 16% en tan sólo un año), llegando a 34% en 1991. Mientras, la pobreza total aumenta de 46% en 1988 a 68% en 1991.


En el seno de las Fuerzas Armadas, estos cambios en la estructura social y económica del país también se hicieron notar, y los intentos de golpe de febrero y noviembre de 1992 fueron una manifestación de ello.

Ambas asonadas castrenses fueron acciones de carácter bélico, aisladas del movimiento de masas. No empalmaron con las luchas cotidianas que los trabajadores, los estudiantes y el movimiento popular venían dando desde mediados de la década del 80, y con mayor fuerza entre 1987 y 1988. Por el contrario, estas acciones buscaban conquistar por asalto el poder político mediante las armas sin contar con la movilización y la lucha de las masas. En rigor, estos intentos golpistas fueron consecuencia del estallido social de febrero de 1989.

Precisamente por esta razón fundamental es que ambos golpes fracasan. Más allá de las habilidades militares de sus líderes, del arrojo y valentía personal de unos y otros, de las razones objetivas que llevaron a Chávez a rendirse, lo que en realidad determinó el fracaso del golpe fue la falta de movilización popular y el aislamiento de la acción militar.

De la crisis de “Punto Fijo” a la exacerbación de la lucha de clases

Pero la historia no terminó en 1992, luego de las jornadas de febrero y noviembre de aquel año, el proceso de crisis del modelo puntofijista siguió su caída en picada, expresándose en 1993 en el plano institucional, con la salida de Carlos Andrés Pérez acusado de corrupción, y en 1994, apenas iniciándose el segundo gobierno de Rafael Caldera, con la más grande crisis financiera conocida por el país, y con el que consideramos el más grave crimen contra el bolsillo de los trabajadores venezolanos como lo fue el otorgamiento de auxilios financieros a los banqueros corruptos y ladrones, los cuales llegaron a la astronómica suma de 10 mil 300 millones de dólares, cifra equivalente al 17% del PIB de aquel entonces, y que estos no utilizaron para salvar a las instituciones financieras, fugándose al exterior con la “cabuya en la pata”, donde seguramente disfrutan a rienda suelta esta millonada gracias a los buenos oficios de Caldera.

La situación que hoy vive el país es continuación en la evolución de la lucha de los trabajadores y el pueblo por lograr sacarse de encima la camisa de fuerza de la burguesía, sus instituciones, partidos y lacayos. Y en esa medida se convierte en una lucha contra el imperialismo. Es una lucha por lograr las conquistas democráticas anheladas y esperadas a la caída de la dictadura, las cuales fueron escamoteadas por la burguesía parasitaria, vividora de los recursos petroleros, la oligarquía financiera y sus amos del Norte. La lucha de los trabajadores venezolanos hoy es por convertir a PDVSA en una empresa verdaderamente al servicio de los intereses populares, y efectivamente en manos de sus trabajadores. Es la lucha tenaz contra los golpistas dueños de las empresas tomadas y recuperadas por sus obreros. Es una confrontación por el control de los medios de comunicación nacionales, pero simultáneamente es una lucha contra las grandes cadenas televisivas y editoriales del imperialismo. Es una lucha por lograr que el poder verdaderamente resida en el pueblo, en los trabajadores y sus organizaciones. Es por lograr una verdadera democracia participativa que sólo será posible en la lucha ininterrumpida por el Socialismo.

En fin, la represión de adecos y copeyanos para proteger los intereses de la burguesía no puede ser considerada, desde el punto de vista de ellos, como tal, sólo es una manera un tanto “brusca” de meter por el aro a los disidentes y criticones. La masacre de febrero de 1989 ni siquiera es recordada por esta canalla asesina del pueblo y los trabajadores. Tan sólo fue un episodio más de restablecimiento del orden puntofijista, para lo que precisamente, se pusieron de acuerdo en la casa de Rafael Caldera en octubre de 1958.


27 de febrero de 2004: brutal represión

En el día de ayer, otro 27 de febrero, los golpistas de la Coordinadora Democrática se quitaron sin cortapisas la careta –será porque es octavita de carnaval-. Se dejaron de pendejadas y mostraron abiertamente su talante fascista y violento, sin importarles la presencia en el país de los presidentes y mandatarios del G-15, quienes por cierto, debieron pronunciarse en defensa de las libertades democráticas.

Desde hace algunos días ya se sabía que estos facinerosos estaban planeando generar en el país una situación de caos. Ya el pasado 14 de febrero amenazaron con un polvorín pero ahora, ante la evidencia pública del gigantesco fraude cometido en el llamado “firmazo”, y puestos en una difícil situación ya que el revocatorio estaría en pico e´zamuro, han puesto en marcha un supuesto Plan Guarimba, que utilizaría dos canales de expresión, por una parte, los medios de comunicación social, especialmente la televisión, para difundir mentiras y tergiversar los hechos, y por otra, generar caos en diferentes puntos de Caracas y otras zonas del país, particularmente en aquellas donde sus alcaldes y gobernadores son parte de la Coordinadora Democrática, contando para ello con las policías municipales o, como en el caso de la capital, con la Policía Metropolitana.

Para mañana, día en que se celebrará una marcha del pueblo en apoyo al proceso revolucionario, contra el megafraude y la injerencia imperialista, el alcalde golpista de Chacao, Leopoldo López, está convocando a una concentración opositora en la Plaza Altamira, lo cual es una abierta provocación a los marchistas que tienen previsto pasar por esa zona. Esta convocatoria es parte de las acciones aventureras de la Coordinadora Democrática. Además, las presiones y amenazas de muerte contra Oscar Battaglini y Jorge Rodríguez, rectores del CNE se acrecientan, mientras se difunden por vía radioeléctrica las direcciones de los mismos.

La táctica de los golpistas sería generar a través de grupos de choque armados de AD, Bandera Roja y Primero Justicia, situaciones de caos, perturbando el tránsito automotor, paralizando el Metro de Caracas, atacando mediante acciones violentas determinados lugares y personas; utilizando el amedrentamiento y la amenaza, todo con el fin de provocar la reacción del gobierno y de las organizaciones populares. Se busca propiciar una situación de supuesto “vacío de poder” o de ingobernabilidad, de crear una apariencia de incapacidad del gobierno para ejercer su autoridad. El fin último sería solicitar la intervención de “alguien”, del imperialismo, de la OEA (que es lo mismo) a través de la Carta Democrática, incluso, la intervención o pronunciamiento de algún sector militar. Para desestabilizar al país no necesitan ser mayoría, en casi todos los casos históricos en que han triunfado, el fascismo y el golpismo han sido minorías muy activas, bien organizadas y con muchos recursos, los recursos propios del poder de la burguesía a escala mundial, no sólo nacional. De allí que no podemos cantar victoria porque seamos más y nuestras movilizaciones sean masivas. Tampoco podemos contar con que la decisión del CNE será contraria a un referéndum, hasta que esto no sea una decisión definitivamente firme, una “espada de Damocles” penderá sobre el proceso revolucionario en el país.

A los trabajadores, al pueblo y a sus organizaciones, sólo les queda continuar la movilización permanente y combativa contra el intento de la burguesía de imponernos el megafraude y de enfrentar la intromisión constante del imperialismo a través de sus secuaces de la OEA y el Centro Carter enquistados en el CNE. Esta lucha empalma con el enfrentamiento a la impunidad y a la urgencia de castigar a los golpistas. Los desmanes que ayer cometieron y que probablemente continuarán ejecutando no pueden quedar impunes, es necesario demandar a los cabecillas de la violencia reaccionaria y presionar mediante la movilización porque se les castigue, así como por todos los delitos cometidos en el pasado reciente.

Llama la atención que los medios de comunicación que se quedaron mudos ante la masacre del 27 de febrero de 1989, que tácitamente la avalaron en aras del restablecimiento del orden; los mismos medios que estigmatizaban las protestas estudiantiles y de cualquier otro sector del pueblo; que criminalizaron en el pasado a los llamados “encapuchados”, que convirtieron en un héroe nacional, solicitado constantemente por los entrevistadores de la televisión y de la radio al “carnicero de Caracas”, Italo del Valle Alliegro, en el día de hoy titularon sus periódicos: BRUTAL REPRESION. Cuando los trabajadores, marginados y estudiantes protestaban eran catalogados de violentos y desadaptados, eludiendo cualquier apreciación sobre la desproporción de las acciones de los cuerpos de seguridad. En cambio ahora, a los golpistas violentos que se enfrentaron ayer con la Guardia Nacional, se les disculpa, se les justifica: “Pero si sólo eran unos 30 o 40, y la Guardia eran cientos” “cómo es posible tal desproporción”. No se dice nada de las acciones vándalicas de un desaforado golpista como Antonio Ledezma, ni se muestra la imagen del pichón de Mussolini, Leopoldo López, blandiendo amenazador una china en una mano y una máscara antigases en la otra. O los camiones de la Polar interrumpiendo el tráfico o a la Metropolitana sirviendo de punta de lanza a las bandas armadas de AD, Bandera Roja y Primero Justicia.

Para la burguesía, para el imperialismo y sus partidos, para los dueños de los medios de comunicación, la represión brutal del 27 de febrero de 1989 fue necesaria para salvaguardar el orden de ellos, el orden de “Punto Fijo”, el orden del capital. La violencia de ayer desatada por la Coordinadora Democrática fue “necesaria” para tratar de recuperar los privilegios y frenar el avance del proceso revolucionario en Venezuela.


Miguel Angel Hernández Arvelo
Profesor de la Escuela de Sociología de la UCV
Miembro de la dirección nacional de Opción de Izquierda Revolucionaria (OIR)
miguelaha2003@yahoo.com














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Miguel Angel Hernández Arvelo

Profesor de Historia en la UCV y miembro del comité impulsor del Partido Revolución y Socialismo. Como marxista, Hernández aboga por el definitivo rompimiento con el capitalismo en Venezuela y por la construcción del socialismo.


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