El anuncio del gobierno de Estados Unidos de elevar a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro no es una sorpresa, pero sí un error estratégico de proporciones simbólicas y políticas profundas.
Como intelectual crítico del gobierno actual, declarado "chavista no madurista" y firmemente "antimariacorinista", no puedo ignorar que este tipo de medidas, por más que pretendan presentarse como actos de justicia internacional, en realidad juegan directamente en el terreno que el Gobierno ha dominado durante años: el del victimismo antiimperialista.
Lo que seguramente ocurrirá es que Maduro se cerrará aún más. Aumentará su paranoia frente a supuestas amenazas de magnicidio, reforzará el control sobre las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivariana y purgará cualquier figura sospechosa de deslealtad. Aplicará, con mayor intensidad, esa estrategia de supervivencia autoritaria conocida como el "círculo de acero", donde la represión interna se justifica como defensa contra una conspiración externa. Cada movimiento de Washington se convertirá, en manos del aparato propagandístico oficial, en una prueba irrefutable de que EE.UU. no busca justicia, sino asesinar al presidente.
Desde el punto de vista de las negociaciones políticas reales, esta decisión —atribuida al presidente Trump, aunque vigente en la retórica actual— es profundamente contraproducente si de verdad se aspira a una transición democrática y pacífica. No debilita al régimen político imperante; por el contrario, fortalece la cohesión del "madurismo" al presentar al gobierno como un baluarte asediado por el imperio. En este escenario, la represión se legitima, la vigilancia masiva se justifica y las detenciones arbitrarias se naturalizan como medidas de seguridad nacional.
Desde la óptica de la teoría de la conspiración —tan bien explotada por el "madurismo"—, esta recompensa será inmediatamente instrumentalizada como evidencia de un complot imperialista para derrocar al gobierno mediante un golpe o un magnicidio. El discurso de que "Estados Unidos quiere matar al presidente" resonará con fuerza en los medios estatales y servirá para justificar nuevas restricciones a las libertades civiles, bajo el manto de la defensa de la soberanía.
Pero el mayor peligro, desde mi posición como opositor de izquierda democrática, es que esta acción unilateral permita al gobierno de Maduro intensificar su política de desacreditación contra toda disidencia interna. Cualquier voz crítica, especialmente aquella que provenga de sectores que históricamente han defendido el legado de Chávez, puede ser fácilmente tachada de "agente de la CIA", "mercenario del norte" o "traidor al proceso bolivariano". Ya lo han hecho antes, y esta medida les entrega munición perfecta para seguir haciéndolo.
Es aquí donde debo ser claro: como ciudadano venezolano, soy plenamente consciente de que cualquier vinculación, promoción o apoyo a acciones que impliquen un rescate forzado, secuestro o ataque contra la figura del presidente de la República constituye un delito grave bajo el ordenamiento jurídico nacional. Los artículos 128 (traición a la patria), 133 (actos que menoscaben la independencia), 142 (instigación a delinquir), 280 (asociación para delinquir) y 413 (amenazas) del Código Penal venezolano tipifican conductas que, aunque a menudo son utilizadas arbitrariamente por el Estado, también establecen límites que no pueden ignorarse sin poner en riesgo el propio marco de legalidad que debe regir cualquier lucha política.
Por eso, rechazo tanto el autoritarismo de Maduro como cualquier forma de intervención extranjera que socave la autonomía del pueblo venezolano para decidir su destino. No necesitamos que otros impongan soluciones con recompensas o amenazas. Necesitamos un diálogo político genuino, elecciones libres, justicia independiente y una transición que nazca desde adentro, sin tutelas ni chantajes.
La paradoja es evidente: Estados Unidos quiere debilitar a Maduro, pero en realidad está alimentando la narrativa que más le conviene al régimen político actual. Y mientras tanto, quienes luchamos por una Venezuela democrática, justa y soberana, quedamos atrapados entre un autoritarismo que se refuerza con la intervención y una potencia que cree que el cambio se negocia con cheques de 50 millones.
¡Sape, gato! Pero el pueblo no es tonto. Y la historia no se escribe con recompensas, sino con conciencia.
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