En defensa de Lusbi Portillo, ambientalista y compañero de lucha de los pueblos indígenas en el estado Zulia

Lusbi Portillo, conocido dentro y fuera de Venezuela en razón a su dedicación durante más de treinta años a la defensa del medio ambiente natural y humano (especialmente en el estado Zulia), fue imputado (del verbo "imputar": atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable, DRAE), públicamente y sin fundamentación alguna por el gobernador de ese estado Omar Prieto, de ser "agente de la CIA". Ese pronunciamiento, que somete al escarnio público a Portillo, fue hecho en una cadena de radio y televisión del estado el 12 de agosto del año en curso. El gobernador se encontraba en ese momento en compañía de la directora regional del Ministerio Para Los Pueblos Indígenas Meira Guerrero, durante la transmisión del programa que se difunde diariamente en horas de la mañana con el nombre de "Omar a las siete".

Lusbi Portillo (quien por cierto se declara "chavista") es filósofo con postgrado en Antropología, docente, investigador social y ecologista, hermano de lucha de las etnias indígenas de la región zuliana. Es así mismo coordinador de la Fundación Homo et Natura a través de la cual, junto a otros activistas, canaliza sus esfuerzos en esa dirección. Portillo es uno de esos casos (poco frecuentes en Venezuela lamentablemente) en los que un académico tradicional (para usar el lenguaje de Antonio Gramsci) se convierte en "intelectual orgánico", al colocar sus esfuerzos, teóricos y prácticos, al servicio de una ética del compromiso social, fundamentada en el apoyo irrestricto al sujeto popular. Lo que, en el caso de Portillo (más allá de una lucha en nombre de postulados generales) se relaciona con una intervención en el "territorio": La Sierra de Perijá, las cuencas de agua, de las que depende la vida de los zulianos en general, y de las etnias indígenas en particular.

Metódico y diligente como es, Lusbi Portillo el 1 septiembre del 2021 se trasladó a Caracas acompañado del abogado defensor Leonel Galindo, con la finalidad de introducir un documento ante la Fiscalía General de la República, en el que solicita a este organismo público realizar una investigación para determinar si, efectivamente como lo afirma Omar Prieto, él es un miembro de la CIA. Alguien podría pensar que lo que subyace al planteamiento del gobernador del Zulia, es la tesis de que las luchas que Lusbi Portillo ha protagonizado desde hace 35 años en defensa de las etnias y los campesinos, tendrían el propósito, malsano y secreto, de abogar a favor de empresas norteamericanas como posibles contratistas para la explotación del carbón y de otros recursos minerales existentes en la región zuliana, en detrimento de empresas de otros países. Creemos sin embargo que es otra situación la que está en juego.

A nuestro entender, en ese sentido, lo que está en juego en el juicio emitido contra Lusbi Portillo, es el eventual apoyo oficial a una concepción desarrollista, extractivista y expoliadora del medio ambiente, en base a la cual se quiere otorgar en concesión los yacimientos de carbón y otros minerales existentes en la región a empresas transnacionales, sin reparar en el costo humano y ecológico que esa explotación minera tendría, al poner en riesgo la subsistencia de las etnias indígena y las fuentes de agua de la zona. En el marco de la severa crisis económica que Venezuela atraviesa (producto del colapso acumulado de la economía petrolera, agravada por las miserables sanciones que el imperio del norte impone a nuestro país), el gobierno venezolano adopta criterios pragmáticos para sobrevivir, algo que de por sí no es condenable, pero que no puede implicar una abierta, flagrante, abolición de los principios. Lusbi defiende esos principios: he aquí, a nuestro entender, el origen de las diferencias y de la imputación que se le hace.

El extractivismo es parte de un modelo de acumulación de capital a escala mundial cuyos protagonistas fundamentales son las corporaciones globales (norteamericanas, canadienses, europeas, asiáticas), el cual descansa en la explotación a gran escala del medio ambiente, sin preocupación por el impacto directo e indirecto sobre las complejas y delicadas interrelaciones que existen en el binomio Humanidad-Naturaleza.

El extractivismo comprende proyectos de diversos tipos (mineros, pesqueros, madereros, de agricultura y ganadería extensivas) que generan grandes beneficios para las compañías transnacionales, se traducen en "desposesión ecológica" para los países receptores y afectan en particular a las poblaciones y el medio natural en los territorios, en los que se erigen los "enclaves" de un desarrollo ficticio. Efectos más específicos son entre otros: una deforestación criminal, la disminución de la biodiversidad, la pérdida de la soberanía alimentaria, la contaminación de las aguas, el agotamiento de los suelos, además del desplazamiento de las comunidades campesinas, originarias y de pequeños productores de las zonas afectadas. De la misma manera, los extractivismos se traducen en el incremento del autoritarismo político, en la medida que los sectores sociales afectados, al defender valientemente sus derechos son reprimidos por la policía y el ejército, en flagrante violación de los derechos humanos, lo que envilece los espacios democráticos, tal como se registra en países de América Latina y otras regiones del mundo.

Los extractivismos se traducen, asimismo, en una perpetuación del subdesarrollo, ya que esos proyectos implican un reforzamiento del modelo primario-exportador de recursos naturales y materias primas existente en nuestros países desde la colonia. Una economía distorsionada en la que existen tres grandes secciones: la de los enclaves mineros y los agronegocios por un lado; un sector industrial moderno, internamente desarticulado, sin desarrollo científico-tecnológico propio, que produce bienes y servicios para los estratos privilegiados de consumo de nuestros países; así como un tercer espacio constituido por la economía informal, de trabajadores por cuenta propia y bajos ingresos, en ocupaciones con baja calificación.

En Venezuela la más reciente expresión de esa dinámica económica empobrecedora, con rasgos incluso mafiosos, es la experiencia del Arco Minero del Orinoco en el estado Bolívar.

Lamentablemente el gobierno venezolano con la Ley de las Zonas Económicas Especiales, demuestra que quiere avanzar en la profundización de diversas formas del extractivismo (a las que se unirían enclaves de industrialización en los que el capital extranjero contaría con el aval del Estado para "esquivar" la legislación ambiental existente, así como la legislación laboral que, bajo el gobierno de Hugo Chávez, hizo posible que los trabajadores venezolanos contaran con una ley del trabajo que se encuentra entre las más avanzadas del mundo).

La imputación sin fundamentos contra Lusbi Portillo se inscribe en la revisión en marcha de avances previamente conquistados. Es en ese sentido que Portillo fastidia, molesta. Es necesario apoyarlo, en nombre de la democracia participativa y protagónica que la Constitución Bolivariana de 1991 aprobada por el voto popular establece. En cualquier caso al gobierno regional del Zulia, así como al gobierno nacional del Presidente Nicolás Maduro, les corresponde impulsar un debate amplio y plural sobre estos nuevos emprendimientos económicos extractivistas y las implicaciones que tendrían para las actuales y futuras generaciones venezolanas. Discutir solo con las élites empresariales y el capital extranjero (sea este norteamericano, europeo, ruso o chino), dejar afuera al sujeto popular como se hace en la actualidad, es parte de un pasado que vuelve y que no podemos repetir.



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César Henríquez Fernández


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