(Caracas, 14 de septiembre de 2017) Ante la contundencia de las pruebas expuestas por el Ministerio Público, se le impuso a la oficial de seguridad radiológica de la Compañía Anónima Tabacalera Nacional (Catana), Karen Herrera, la dotación de equipos a los comandos unificados de incendios que operan a través de las direcciones estadales de Ecosocialismo y Aguas de los estados Carabobo y Aragua.
Durante la audiencia preliminar, la fiscal 88ª nacional, Luz Mayela Hernández, ratificó la acusación contra la mujer por la comisión del delito de emisiones radioactivas, establecido en la Ley Penal del Ambiente, en concordancia con lo contemplado en el Decreto 2.210, referido a las Normas Técnicas y Procedimientos para el Manejo del Material Radiactivo.
Tras ser analizados los fundamentos presentados por la representante del Ministerio Público y posterior a la admisión del hecho por parte de Herrera, el Tribunal 7º de Control del estado Carabobo le impuso a la fémina la dotación de 20 bombas aspersoras para la extinción y combate de incendios forestales, las cuales serán divididas entre los citados comandos de protección ambiental en Carabobo y Aragua.
Del mismo modo, la citada instancia judicial le impuso a la mujer el recibimiento de dos charlas de educación ambiental sobre ahorro energético, las cuales fueron dictadas por funcionarios del Ministerio Público.
Asimismo, los trabajadores de la aludida tabacalera también recibieron capacitación de corte ecológico, a fin de que se sensibilicen con los daños que pudieran ocasionarle al ecosistema si durante sus labores cotidianas no cumplen con las normativas contempladas en la Ley Penal del Ambiente.
Tal situación irregular contra el ecosistema se determinó luego de que funcionarios adscritos a la Dirección General de Energías Alternativas (Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo) acudieran a la planta de Catana, ubicada en la carretera nacional Guacara-San Joaquín, a la altura de la zona industrial El Tigre (espacio limítrofe entre los estados Carabobo y Aragua), para efectuar una inspección de seguridad radiológica.
En el procedimiento de supervisión, se determinó que el registro de la empresa estaba vencido e igualmente se corroboró que una de las fuentes radioactivas registrada en su oportunidad por la planta no estaba operativa, pues había sido enviada a Curazao sin notificación previa al órgano rector en la materia.
En virtud de estas irregularidades, se comprobó que la encargada de tal área era la hoy sancionada, quien de inmediato fue puesta a la orden del Ministerio Público.
Como parte del seguimiento de la institución, la fiscal de la causa constató que entre el 6 y el 8 de septiembre de este año la mujer, conjuntamente con varios representantes de la Tabacalera Nacional hicieron entrega de los equipos a las referidas dependencias de protección ambiental.
Estos actos de dotación también fueron presenciados por autoridades regionales y representantes de instituciones públicas como es el caso del Instituto Nacional de Parques, los Bomberos Forestales, el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, además de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.
