Si las opiniones dispares forjan un conocimiento amplio y abierto sobre una materia, el seminario sobre patentes farmacéuticas e innovación se convirtió en el escenario perfecto. ¿Refuerzan los sistemas de protección intelectual la innovación farmacéutica?, ¿en qué situación se encuentra España en materia de protección de patentes? Cinco expertos de reconocido prestigio expusieron las luces y las sombras de esta materia.

La innovación es esencial para la economía moderna, pero ¿cuál es la mejor forma de promoverla y a qué precio? Este planteamiento del ex presidente del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, ha servido de base para que Joan Rovira, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, expusiera las limitaciones de las patentes de innovaciones farmacéuticas. En su opinión, las patentes "retrasan la innovación" ya que el actual sistema de propiedad intelectual incentiva aquella innovación que no es "socialmente prioritaria" y responde a un factor de promoción del desarrollo económico y del bienestar "en detrimento de los países menos industrializados". Una situación que, en opinión de Rovira, "retrasa" la difusión de nuevos conocimientos y presta "poca atención" a prioridades sociales si no están respaldadas por una "demanda solvente". Para ello propone "introducir innovación en los mecanismos para incentivar la innovación".

Una postura claramente opuesta es la que se vislumbra en el discurso de Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, que solicita "coherencia y sentido común" ante un panorama en el que reina la "incoherencia", tanto en materia jurídica como económica y política. No es normal —sentencia Arnés— que en España exista un sistema de propiedad industrial "tan débil" y sin embargo haya un sistema de precios de referencia característico de países europeos con una protección industrial fuerte.

Uno de los motivos de esta situación radica en la "falta de previsibilidad" del marco jurídico español, según apunta Miquel Montañá, profesor de Esade, una situación que "perjudica" claramente a las compañías innovadores. Si esto fuera poco, se ha "dejado pasar una buena oportunidad con la Ley del Medicamento para aclarar esta imprevisibilidad jurídica", señala Montañá.

Por otra parte, en los esfuerzos en I+D la Administración no juega el papel que debería, señala José Antonio Gutiérrez Fuentes, director de la Fundación Lilly y ex director del Instituto de Salud Carlos III, al plantear como ejemplo el hecho de que a pesar de que "los recursos invertidos en I+D en España en los últimos años se han multiplicado por tres, este incremento de la inversión no se evidencia en los resultados" —en su opinión— como consecuencia de un déficit evaluador de la Administración.

Los acontecimientos en la regulación estadounidense —tras la aprobación en 1984 de la Ley Hatch Waxman— son un ejemplo de que la introducción de genéricos no "acaba" ni con la inversión ni con la innovación, afirma Stephen Russell, experto en el mercado farmacéutico de EEUU. Sin embargo, a nivel internacional, las patentes "crean un entorno que no favorece la difusión y sí las desigualdades". Así, las próximas semanas serán decisivas en EEUU, vaticinó Russell: "Si vencen los demócratas en las próximas elecciones, los países subdesarrollados tendrán mayor acceso a los medicamentos". ¿Realmente la protección de las patentes genera innovación? En opinión de Joan Rovira los efectos de esta protección potencian claramente los problemas de salud rentables, aumentan los precios de los medicamentos y, por tanto del gasto, y crean resentimiento entre los países en desarrollo y los países más rcos."Tanto los medicamentos innovadores como los genéricos cumplen una valiosa función social, pero para hacerlo, necesitan un marco jurídico que garantice una previsibilidad que, de momento, brilla por su ausencia", concluye Miquel Montañá, para ello sería deseable "un mayor esfuerzo de la Administración"."España tiene un sistema de propiedad industrial característico de países en desarrollo —apunta Humberto Arnés— una situación en la que se produce un diferencial de protección respecto a Europa que acarreará: pérdida de mercado, incremento del comercio paralelo y una merma en el concepto 'confianza-país"."Tras la aprobación de la Ley Hatch-Waxman, la industria genérica no ha acabado con la industria innovadora en Estados Unidos", señala Russell. Un hecho que demuestran los datos de prescripción entre 1984 —año de aprobación de la ley— y 2004, que han evolucionado de un 19 por ciento a un 47 por ciento.