(Caracas, 1-9-05) El actual sistema de paro forzoso será sustituido por el Régimen Prestacional de Empleo, un modelo amplio y universal que busca abarcar una porción más grande de la población, al incorporar entre los beneficiarios a grupos que estaban excluidos de este beneficio.
Así lo establece la ley elaborada por la Comisión de Desarrollo Social Integral, que ya fue sancionada por la Asamblea Nacional y espera por su publicación en la Gaceta Oficial. El presidente de la mencionada comisión, Ángel Rodríguez (MVR/Anzoátegui) habló sobre las innovaciones que introduce el instrumento jurídico que desarrolla una de las seis ramas del Sistema de Seguridad Social.
“Las cooperativas y otras formas asociativas comunitarias o de servicios tienen el deber de afiliar a sus asociados, así como a sus empleados. Por su parte, los trabajadores no dependientes como: buhoneros, vendedores ambulantes, odontólogos y médicos con práctica privada, podrán afiliarse y cotizar si así lo desean”.
Están amparados, además, los aprendices y los ciudadanos sujetos a regímenes especiales previstos en la Ley del Trabajo, tales como el trabajo a domicilio, doméstico o de conserjería.
“El Régimen Prestacional de Empleo ofrece una prestación dineraria pagadera durante cinco meses igual a 60 por ciento del salario utilizado para calcular las cotizaciones durante los últimos 12 meses de trabajo anteriores a la cesantía”.
El parlamentario destacó que para los trabajadores, uno de los grandes beneficios de esta ley es que se flexibilizan los parámetros de cotización para acceder a las prestaciones dinerarias.
Para acceder al seguro del paro forzoso se tienen que haber acumulado cotizaciones por 52 semanas en el último año y medio. Con la nueva normativa, lo exigido es 12 meses de cotización en los dos años anteriores a la cesantía.
Instituto Nacional de Empleo
La Ley prevé la creación del Instituto Nacional de Empleo, con competencias suficientes para asumir el liderazgo de las políticas de protección social a las personas que están buscando trabajo.
Rodríguez explicó que para ello se concibió la Red de Servicios de Atención Integral, con cobertura nacional, que garantizará la información, orientación y capacitación en materia laboral, a través de las agencias municipales, que estarán cerca del ciudadano.
Para apoyar esta gestión estarán los observatorios laborales, quienes se encargarán de hacer diagnósticos de la situación del empleo y sus determinantes económicos, sociales y culturales. Se articularán mecanismos de información de alerta temprana para la prevención de la pérdida de la ocupación productiva, por cierre o transformación de las empresas o formas asociativas comunitarias de carácter productivo o de servicio.
Por otra parte, las comunidades apoyarán al INEM en la recopilación de información sobre la detección de oportunidades para el desarrollo de iniciativas productivas.
“Otro de los cambios importantes del instrumento legal es que se promueven espacios para la participación protagónica y la contraloría social de los ciudadanos en la formulación, ejecución y control de las políticas, planes y programas que se desarrollen en esta área”.
Para ello, se contemplan los comités comunitarios de activación socioproductiva y las asambleas estadales, parroquiales y municipales que agruparán a estas instancias de participación.
