Tras la decisión, el ex senador tolimense fue trasladado a la cárcel del circuito judicial de Chiquinquirá.
La medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación fue proferida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
Se le sindica como partícipe de los delitos de homicidio con fines terroristas en concurso con lesiones personales y concierto para delinquir.
Tras valorar las nuevas evidencias y las pruebas que obran en el voluminosos expediente, el fiscal encargado del caso consideró que existen méritos suficientes para proferir la medida de aseguramiento.
A raíz de la captura de Santofimio se había suscitado un debate que cuestionaba hasta qué punto el testimonio de un delincuente tiene credibilidad para que la justicia condene a un sindicado.
En este caso, las declaraciones tenidas en cuenta han sido las de los sicarios de Pablo Escobar John Jairo Velásquez Vásquez, ‘Popeye’ y Luis Carlos Aguilar Gallego, ‘El Mugre’, y del ex congresista Carlos Alberto Oviedo Alfaro.
Penalistas consultados aseguran, por un lado, que estos testimonios no se pueden descalificar porque provengan de delincuentes, pues son ellos quienes se mueven en ese mundo y conocen de primera mano los hechos criminales.
De otro lado, dicen que las declaraciones deben ser valoradas a la luz de otras pruebas recaudadas en el tiempo que lleva la investigación.
"La única manera para reconstruir hechos de esta clase, y eso pasa en E.U. y en Italia con las mafias, es a partir de testigos que dicen o haber visto o haber oído que un hecho se va a presentar", dice el jurista Rafael Nieto Loaiza.
Asegura que, si no fuese así, los únicos que podrían ser condenados serían los autores intelectuales. Sin embargo, según Nieto,"un testimonio no es suficiente. Las demás pruebas son indicios que van sumando".
Por su parte, para el ex viceficial Franciso José Sintura, "estas evidencias que aparecieron ahora no estaban cuando se tomaron decisiones años atrás y le corresponde al fiscal valorarlas con las viejas pruebas".
Y agrega: "La ley dice que para definir una situación jurídica se requieren dos indicios de responsabilidad, y aquí hay testimonios", sostiene.
La historia jurídica del país está plagada de investigaciones cuyos testimonios han sido la base para que los jueces condenen a personas sindicadas de ser los autores intelectuales de un homicidio.
Esto se ha hecho, entre otras, en las investigaciones por el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador, y de Jaime Garzón.
Las pruebas
Además de los testimonios de ‘Popeye’, ‘El Mugre’, y Oviedo, en el expediente del caso Galán hay otras evidencias que señalan o apuntan hacia Santofimio.
Algunas de ellas se encuentran en el fallo de un juez que, tras condenar a dos personas por su participación en el magnicidio, pidió investigar a Santofimio hace seis años.
En cuanto a la versión de ‘Popeye’, los investigadores consideran que tiene mucha fuerza, pues se trata de un testigo presencial y no de oidas.
Por su parte, el ex congresista Oviedo Alfaro asegura que fue el propio Escobar, en una reunión en La Catedral, quien le dijo que "la persona que más lo orientó para el asunto de Galán fue Santofimio" y que ese error, el de asesinar al entonces candidato, no lo volvería a cometer con los políticos.
Por su parte, ‘El Mugre’, en 1994, le dijo a la Fiscalía que por orden de Escobar recogió a Santofimio cerca de Medellín y lo llevó a una de las caletas de su jefe, a una reunión.
Los investigadores tampoco dejan de lado la condena a cuatro años y medio que llevó a la cárcel a Santofimio por enriquecimiento ilícito, al ingresar a sus cuentas dinero del cartel de Cali.
Esto, dicen, demostraría que Santofimio ha tenido vinculos con personas al margen de la ley, y más aún, en el mundo del narcotráfico, como el cartel de Cali, cuyos máximos jefes, Miguel y Gilberto Rodríguez, se encuentran recluidos en cárceles den Estados Unidos.
A esto se suma, que al inicio de las investigaciones, cuando estaba vigente la justicia sin rostro, dentro del extenso expediente, aparece la declaración de un testigo secreto que dijo haber presenciado una reunión del ex congresista con Pablo Escobar.
Testimonios han sido valiosos en otros procesos
En el proceso por el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador, el 17 de diciembre de 1986, la justicia además de señalar a Pablo Escobar y a Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘El Mexicano’, también acusó de la autoría intelectual a Luis Carlos Molina Yepes, considerado uno de los hombre más cercanos a Escobar.
Para este proceso, la Fiscalía también contó con el testimonio de John Jairo Vásquez Velásquez, ‘Popeye’, que al final terminó de sustento para que un juez lo condenara a 16 años y 8 meses de prisión.
Según la investigación, se comprobó que Molina fue quien pagó a través de una de sus casas de cambio en Medellín a los sicarios que asesinaron a Cano.
También que actuaba como una especie de banquero de la mafia.
‘Popeye’, relató a los investigadores: "Conozco a Luis Carlos Molina desde 1985 (...). La mayoría de los miembros de la organización cambiaban los cheques ahí: familiares de Pablo Escobar, familiares de nosotros o cualquier persona que uno recomendara".
Molina también fue señalado por las autoridades de haber entrado a la organización de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez tras la muerte de Escobar y de ser lavador de dinero del narcotráfico.
La justicia le concedió la libertad a Molina tras pagar seis años de prisión.
Otro de los crímenes que más ha conmovido al país fue la muerte del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrida el 13 de agosto de 1999 en Bogotá.
Este proceso también estuvo en manos de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, la misma que hoy investiga a Alberto Santofimio.
En el caso de Garzón, la Fiscalía procesó y responsabilizó al desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño como autor intelectual del crimen y le entregó las pruebas a un juez para que lo condenara. Las pruebas eran, básicamente, de carácter testimonial.
El 10 de marzo del 2004, el juez séptimo de Bogotá consideró las "amenazas de muerte" públicas de Castaño contra Garzón como una de las principales pruebas para condenarlo a 38 años de prisión.
Según el juez, las amenazas de muerte fueron probadas no solo por los comentarios que les hizo Garzón a amigos y familiares, sino porque 'El Águila –jefe paramilitar de Cundinamarca– le ratificó a un testigo que Castaño declaró a Garzón "objetivo militar".
Igualmente, una periodista amiga de Garzón testificó que el humorista estaba preocupado porque un hombre "lo esperó en la entrada de su casa en horas de la noche" y lo alertó sobre el plan del jefe paramilitar para asesinarlo. Castaño siempre negó su responsabilidad en este crimen.
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