“Esta empresa está abusando de su posición de dominio y de su condición oligopólica para dejar sin comunicación a un sector de los venezolanos, la afectación llega a aproximadamente, a seis millones y medio de venezolanos”, informó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), María Alejandra Díaz.
Explicó que buscan proteger a los suscriptores y a quienes se ven afectados por la acción de la transnacional, que pretende hacer valer una normativa del gobierno de Estados Unidos por encima de las leyes y soberanía de Venezuela. Piden que se restituyan los derechos de los ciudadanos por esta arbitraria e inconstitucional acción, que viola soberanía nacional, asentó.
Señaló que la interrupción unilateral de las operaciones de Directv, que cubre 45,32 % del mercado de difusión por suscripción en el país, es una acción que va contra los derechos garantizados en la Constitución, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, normas de carácter comercial y la inamovilidad laboral.
Puntualizó que con esta acción arbitraria e ilegal en medio de una pandemia cercena el derecho y viola el decreto de inamovilidad laboral decretado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la cuarentena social, colectiva y voluntaria por la pandemia de la Covid-19.
“Estas acciones no son responsabilidad del Estado, eso no es casual que quieran dejarnos sin voz y sin comunicación para quebrar la tranquilidad del venezolano que en tiempos de confinamiento se ve afectada” finalizó.
Pretenden imponer una dictadura mediática
Díaz denunció que la empresa ya está mudando sus operaciones a Colombia con la intención de que los venezolanos se informen a través de un tercero en medio de las amenazas a la integridad territorial y demás presiones que ejerce la administración de Donald Trump contra el pueblo e instituciones de Venezuela. “No pueden decir que es una responsabilidad del Estado, es una medida de fuerza asimétrica y lo primero que buscan es tomar las telecomunicaciones, para incidir e imponer una dictadura mediática intempestivamente, cercenando el derecho y acceso a la comunicación”, rechazó.
Subrayó que la operadora Directv “no tiene tres días en el país. Tiene más del 40 % del mercado de difusión, y es ridículo pensar que cambiaron las condiciones”, puntualizó, al tiempo que reiteró que la decisión es ilegal y arbitraria de la casa matriz.
Cinco meses después de las reuniones entre el Departamento de Estado y AT&T (propietaria de la operadora), de acuerdo a un trabajo de investigación revelado por Associated Press (AP), Directv anunció a través de un comunicado que Directv Latinoamérica cierra sus operaciones en el país de manera inmediata y sin participarlo a sus clientes, decisión que deriva de las medidas coercitivas de Estados Unidos, que presionaron a la operadora.
Al respecto, AT&T recibió presiones del gobierno de EEUU para que cooperara con la agresión continuada contra Venezuela e “impedir” que Directv fuera “usada como plataforma de propaganda” por parte de Maduro, “para hacer críticas a los actores de derecha, sin estos poder defenderse”, cita AP.
El medio asentó que la multinacional se encontraba en una disyuntiva entre acatar la legislación venezolana o ceder a las presiones de la administración Trump para cumplir las «sanciones» contra Venezuela, con el eventual riesgo de ser amonestada en cualquiera de los dos países.
Con información de Prensa VTV / AVN