Según el Fiscal, el informe refleja una visión "profundamente parcializada" y que ignora -según el texto- los avances institucionales en la defensa de los derechos fundamentales y el ejercicio de la acción penal contra quienes han cometido delitos graves que atentan contra la paz de la Nación.
En nota de prensa difundida por el Ministerio Público, la representación venezolana señala que la Oficina del Alto Comisionado "se ha convertido en el bufete privado de terroristas y mercenarios nacionales y extranjeros, procesados por intentar bañar de sangre a Venezuela mediante planes de magnicidio, asesinatos selectivos, sabotajes y conspiraciones armadas: En vez de cumplir con su mandato, dicha oficina se alinea cínicamente con los autores de estos crímenes".
Venezuela considera que las detenciones realizadas no son arbitrarias. "Calificar estas detenciones como arbitrarias es una afrenta al estado de derecho y evidencia la complicidad del Alto Comisionado con factores que han atentado contra la estabilidad nacional".
Por otro lado también critica "el silencio" sobre 252 venezolanos presos en El Salvador.
Ante esto, el Ministerio Público exhorta a la Asamblea Nacional a abrir un debate sobre la permanencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.