30-04-23.-La Corte Penal Internacional (CPI) aclaró el jueves que el Gobierno de Nicolás Maduro no tendrá acceso a los datos de las más de 8.900 víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad que enviaron sus testimonios al organismos para evitar riesgos a su seguridad.
“El Gobierno de Venezuela no tiene ni tendrá acceso a los formularios, nombres, vídeos y otros documentos presentados por las víctimas a la Corte Penal Internacional”, escribió la ONG Provea en su cuenta de Twitter.
La organización indicó que “esta información delicada sólo se transmite a la Sala que solicitó una consulta por la investigación de crímenes de lesa humanidad, Venezuela I”.
En una carta enviada el pasado 27 de abril, el Gobierno venezolano solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI autorización para presentar una réplica al informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones, que recopiló los testimonios de las víctimas en apoyo a la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En el texto, las autoridades venezolanas solicitan que se otorgue un plazo hasta el 30 de mayo para responder a los señalamientos presentados en el informe.
Ante ello, la Corte de La Haya explicó que gestiona sus contactos con las víctimas “de manera que, en medida de los posible, se limiten los riesgos para ellas u otras personas“.
“Para este procedimiento, las opiniones y preocupaciones de las víctimas no se consideran evidencia. La información se registró en una base de datos segura a la que solo tiene acceso el personal autorizado por la CPI. Sin embargo, la Corte sí ha recomendado discreción para las víctimas que hayan participado en este proceso, por su seguridad e integridad”, destaca la ONG.
La solicitud del chavismo se realiza sobre un informe presentado ante la CPI que contiene 1.827 formularios correspondientes a 8.900 personas, 630 familias y dos organizaciones que denuncian la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La asociación civil Acceso a la Justicia afirmó que el número de víctimas que enviaron sus testimonios a la CPI sólo es superado por el caso de Afganistán que lleva el tribunal internacional.
De las 1.824 formas transmitidas, 507 fueron evaluadas como individuales y 1.317 como colectivo.
Entre las víctimas se incluyen defensores de derechos humanos, activistas sociales y ambientales, trabajadores humanitarios y voluntarios, profesionales de la salud, jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios públicos de la judicatura.
También trabajadores del sector público y privado, estudiantes universitarios, profesores y personal de apoyo, expolicías y militares, figuras políticas, parlamentarios, diplomáticos, pensionados y pensionadas, periodistas, blogueros y usuarios de redes sociales, propietarios tierras, granjas y negocios y artistas.
