El pueblo no tiene fiscalías ni tribunales para demandar las violaciones del régimen en derechos humanos ni constitucionales

Nunca en la historia contemporánea el ciudadano común había quedado a la deriva en términos de buscar garantizar sus derechos constitucionales ante instancias judiciales.

Y es que el madurismo simplemente convirtió la Constitución y las leyes en letra muerta en todas las facetas de los derechos humanos de los venezolanos, llegando al extremo que no exageramos cuando decimos que ni fiscales y jueces, ni siquiera estos tienen el suficiente coraje para dictar una orden de investigación o sentencia que vaya en contra de la designios de Miraflores, aunque los propios funcionarios del mal llamado poder judicial sean víctimas en sus derechos más elementales.

Hoy tenemos un máximo tribunal que incluso su sala plena, es decir la totalidad de los "magistrados" , si mañana por alguna determinada razón su mayoría decidiera tomar una decisión que realmente estuviera en contra del madurismo en su conformación política, aunque su esencia jurídica fuera para la protección de la ciudadanía y los intereses del país, existe una "sala constitucional" conformada por "4 miembros" cuya posibilidad de status quo ni siquiera aparece en la propia Constitución y menos con planteamientos "legalistas" que maticen una estricta condición jurídica para que una minoría pueda objetar a la mayoría que supuestamente conoce sobre la aplicación de la '"justicia", como el hecho de aceptar el nombre de vericuetos de "leyes constitucionales", que se inició con la denominada "ley antibloqueo" para derogar de facto cualquier disposición establecida en la Carta Magna que no permitiese al neototalitarismo imponer su aberrante voluntad de someter a la ciudadanía, y que por supuesto, al igual que otros actos de bazofia jurídica, sienta una propensión maligna de "jurisprudencia" que solamente beneficia y consolida la existencia del neototalitarismo.

Por el contrario, lo que aplica en la "justicia" venezolana es una perversión de la lógica jurídica asentada en dos locuciones latinas que se superponen y, obviamente son la clave en que las decisiones jurídicas se hayan convertido en un albañal de sentencias que solamente responde con los intereses de un poder político, en este caso del madurismo, que desde que llegó al poder en 2013 abandonó su rol de fomentar el bien común para generar sobre los ciudadanos la destrucción de la sociedad.

La primera de estas citas está conformada por la "lógica" ab oportere ad esse valet, que parte de la necesidad a la realidad, o lo que es lo mismo, si algo en necesario, entonces ese algo es real, razón por la cual lo que necesite el madurismo en esta conformación de imposición "legal" hay que aplicarlo, y de allí pudiéramos asegurar se crea ese perverso trinomio de generar desde una concepción anticonstitucional convertida en una "ley constitucional" (dixit ley antibloqueo) que a su vez está vertida en una seudovalidez at supra sobre la propia Constitución, decisión irónicamente avalada por una "sala constitucional" del Tribunal Supremo de "justicia" (TSj -la j con minúscula- 1-), y aprobada por una "constituyente" cuyos orígenes fueron ilegítimos e ilegales, pero que todo el entramado jurídico-político del madurismo, también le dio rango a esta última de carácter "supraconstitucional". En otras palabras, nadie aunque fuese a esos órganos para solicitar la nulidad de tales actos pudiera encontrar mínima voz ante semejantes acciones y decisiones, cuya barbarie de "legalidad" está concebida para que sea perfectamente comprendida por cualquier estudiante de Derecho, o autodidacta de los principios generales de la justicia.

La segunda de las creaciones "lógicas" del madurismo para asesinar los principios generales de la Constitución, debe quedar basada por la necesidad de "realidad o existencia" de la primera, y ella el madurismo jurídico en su "justicia socialista" la determina por el repugnante criterio de señalar en sus intríngulis de perversión la correlación: a non posse ad non esse valet. O sea, llevar esta locución a las sentencias seudojurídicas, lo cual se traduce en decir que si una decisión es imposible de aplicar (aunque haya suficiente elementos probatorios, como la inexistencia salarial) porque atenta contra el madurismo, entonces ese hecho no es real o no existe para los intereses políticos, siendo desvirtuada la responsabilidad del madurismo con cualquier exabrupto jurídico, llegando al punto de que el denunciante pudiera ser acusado de "instigación al odio social", por incluso llegar a decir que este gobierno condena a morir de hambre a los trabajadores y pensionados. .

Así tenemos que si cualquier ciudadano o grupo organizado de la sociedad decidiera introducir un recurso o causa ante la fiscalía o tribunal, incluyendo ante sus más altas instancias, y tales denuncias estuvieran fundamentadas en sendas violaciones a los principios constitucionales de los derechos humanos, como por ejemplo el peligro inminente de violar el derecho a la vida por el hambre ante hecho en el pago de salarios o pensiones por debajo de la cesta básica, que prácticamente son inexistentes como en la actualidad, donde los montos apenas rozan un dólar mensual, o que el madurismo estaría violando sus obligaciones más prioritarias en materia de educación, salud o servicios públicos, inmediatamente el tribunal respectivo, desde cualquiera de sus instancias ordinarias, hasta el "TSj" en la generación de sus decisiones, saldría con cualquier remoquete redactado en términos de verborrea política para victimizar a los culpables que han generado millones de víctimas en el contexto de la vida nacional, diciendo palabras más, palabras menos, que el "gobierno nacional ha sido atacado de manera inmisericorde por el imperio más poderoso del mundo...y bla, bla, bla..." y por esa razón se justifica que usted y nuestros hijos o nietos, tengan que pasar hambre y necesidades, o hayan emigrado del país, sin obviar que tales "sentencias" también sean aplicadas hasta para evadir la responsabilidad que una alcaldía recoja la basura en la comunidad donde resida, o un alcalde tenga que tapar un hueco en la vía, o un gobernador, funcionario o "protector" sin mínimo aviso lo someta a una indefinida suspensión de servicios públicos como agua o electricidad.

Por ello, si de locuciones latinas se trata, el madurismo y toda su claque queda resumida en la construcción: ab uno disce omnes: verbigracia, si conoces a uno, los conoces a todos, porque esa es la mejor manera para definir con sus propias herramientas a quienes integran la cúpula y sus "funciionarios" que han destruido a Venezuela con el fin de perpetuarse en el poder, y que han llegado al extremo de violar en sus decisiones "jurídicas" todos los aspectos básicos y esenciales del Derecho, establecidos desde las primeras leyes romanas, hasta por supuesto negar las nomenclaturas históricas de leyes venezolanas.

Lo que en la actualidad hace el madurismo con la Constitución de 1999 aprobada en referendo por el pueblo, echa por tierra sus principios asertivos y condiciones de progresividad de derechos humanos y toda la sangre derramada por venezolanos, desde antes de nuestra independencia un 5 de Julio de 1811, pasando por las ideas de libertad y justicia del Congreso de Angostura un 15 de Febrero de 1819, las cruentas batallas de liberación contra el yugo español lideradas por Bolívar, la disolución de la Gran Colombia en 1830 y lo que luego vendría con el paecismo, las dictaduras de los Monagas, la hegemonía guzmancista, las revoluciones de fines del siglo XIX, las férreas dictaduras de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, hasta llegar a los tiempos de los primeros pasos de la democracia en el siglo XX con Eleazar López Contreras, los posteriores derrocamientos de Isaías Medina Angarita y Rómulo Gallegos, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y su caída el 23 de Enero de 1958, la llegada de la democracia puntofijista, y hasta las banderas por las cuales Hugo Chávez y su grupo de alzados militares irrumpieron en la historia aquel 4 de Febrero de 1992, porque en definitiva, cuál fiscal o juez en sano juicio y con mínima sindéresis negaría una decisión jurídica en favor de un ciudadano o los venezolanos al pronunciarse ante un régimen que le ha generado hambre en todas sus manifestaciones, pero además que mientras observa como la población muere de mengua en sus más elementales necesidades, también comprueba que la cúpula madurista que controla el poder político vive como si fueran faraones de la historia antigua, o enseñoreados como jeques árabes o miembros de cualquier realeza europea de la contemporaneidad.

Hoy, todos los venezolanos estamos a la merced no solo de la incompetencia y la crueldad del régimen neototalitario y neonazista, sino que resulta peor, no tenemos instancia alguna en la cual podamos recurrir para hacer valer nuestros derechos, porque estos también fueron enterrados por los garantes de la "justicia", de la justicia madurista.

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1 - "TSj" - Nomenclatura de última letra en minúscula que empleará el autor en lo sucesivo cuando se refiera a "instituciones de justicia" en regímenes neototalitaristas, y cuyas decisiones están en favor de los neodictadores. Lo validaremos en artículo arbitrado y académico



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Javier Antonio Vivas Santana

Más de 6 millones de lecturas en Aporrea. Autor de la Teoría de la Regeneración del Pensar. Dr. en Educación (UPEL). Maestría en Educación, mención Enseñanza del Castellano (UDO). Lcdo. en Educación en las menciones de Ciencias Sociales y Lengua (UNA). Profesor de pre y postgrado tiene diversas publicaciones y ponencias internacionales acreditadas y arbitradas por editoriales, universidades e instituciones de España, Rusia, Estados Unidos, Alemania, Francia, y naciones de América Latina.

 jvivassantana@gmail.com      @jvivassantana

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