28 Mar. 2013.- Estudiantes de secundaria y de universidades privadas de Chile retomaron las calles de Santiago este jueves, con una multitudinaria marcha, para hacer oír sus demandas de educación pública gratuita y de calidad.
La manifestación fue convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y el Movimiento de Estudiantes de Instituciones Privadas (Mesup), que además exigen el fin del lucro en la educación y que se acabe el endeudamiento familiar, reseñó Radio Universidad de Chile.
Cristián Villagrán, vocero de la Coordinadora de Estafados por el Crédito Corfo, la agencia del Gobierno de Chile que otorga créditos a los estudiantes para pagar las universidades, dijo que dentro de las demandas que pretenden visibilizar con esta protesta están “la democratización de los espacios, la estatización, el control comunitario y dar solución a las irregularidades”.
“Queremos que se afronte el endeudamiento familiar que, hasta el momento, no se ha podido resolver”, manifestó.
El pasado octubre, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera rebajó la tasa de los créditos para los estudiantes hasta 2%.
Villagrán explicó que “hay cerca de 74.000 familias que están quedando fuera (de la medida gubernamental) y que, precisamente, son las más afectadas. 5.000 de ellas están con orden de embargo y remate de sus casas solo por querer dar educación a sus hijos”.
Por su parte, la vocera de la Aces, Eloísa González, recordó el reclamo de los estudiantes secundarios que exigen la gratuidad del pasaje escolar los 365 días del año y que el Estado sea garante de la enseñanza de los alumnos de centro de educación superior privados, para evitar situaciones como la existente con la Universidad del Mar.
Esta universidad fue cerrada por la Comisión Nacional de Educación, situación que afectó a 18.000 estudiantes y 4.000 trabajadores, administrativos, docentes y obreros.
El cierre se debió a una serie de irregularidades, entre ellas un escándalo por lucro, por el cual se encuentran en prisión preventiva el expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, y el antiguo rector de esa casa de estudios, Héctor Zúñiga.
Fuentes judiciales confirmaron que durante 2009-2011, Díaz recibió aproximadamente 620.000 dólares por concepto de pagos de asesorías realizadas a cinco universidades que buscaban el visto bueno del Ministerio de Educación para poder funcionar.
