Venezuela en la encrucijada

El año 2002 fue catastrófico para los venezolanos. Fue un año donde el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías logró sobrevivir, pero su capacidad de gobernar se fue haciendo cada vez más reducida. El 2 de diciembre se inició el tercer paro cívico que afronta en el año, además del golpe de Estado el 11 de abril, que llevó a la instauración de un gobierno de facto, hecho que no ocurría en el país desde hacía medio siglo. La dictadura instaurada entonces disolvió en las pocas horas que vivió todos los poderes públicos y procedió a la persecución política de los funcionarios del gobierno caído y a la represión del pueblo que se resistía. [1] Especialmente emblemático del futuro que deparaba a la sociedad bajo tal régimen fue el asedio a la embajada de Cuba el día 12. Ubicada en el este de Caracas, turbas de clase media apostadas desde la mañana cortaron los servicios de agua y luz, destruyeron los vehículos de la embajada, obstaculizaron la entrada y salida de la casa y amenazaron con violar la sede, todo esto sin que ésta recibiera protección alguna por parte de las autoridades nacionales, metropolitanas o municipales (ver video de VTV, 2002) [2]. El golpe de Estado del 11 de abril tuvo su punto de partida en un paro cívico nacional convocado, al igual que este de diciembre, por Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la llamada Coordinadora Democrática que agrupa partidos políticos y organizaciones sociales de la oposición. Así las cosas, los venezolanos, especialmente los caraqueños, se encuentran estresados y enfermos. Hemos estado sometidos a presiones políticas y psicológicas inusitadas. Diversos gremios médicos, psiquiatras y psicólogos han alertado reiteradamente a lo largo del año, sobre el creciente deterioro de la salud mental y física de la población.

El paro cívico nacional que al momento de finalizar este artículo sigue en desarrollo, al igual que el de abril que precedió al golpe, se desarrolló en los primeros días con poco éxito. El lunes 2 y martes 3 el comercio abrió en el oeste de la capital casi por completo, mientras en el este de la ciudad estaba casi todo cerrado [3]. En el interior del país el cierre también fue muy parcial. El transporte funcionaba normalmente, también los bancos, los mercados mayoristas de alimentos, las farmacias y la economía informal, que emplea a más de la mitad de la población económicamente activa. Las cosas comenzaron a cambiar el miércoles 4 cuando comenzó a hacerse visible actividades de paralización en la industria petrolera, al incorporarse al paro una porción de su gerencia ejecutiva y mayor. Petróleos de Venezuela, SA, conocida como Pdvsa, es la más grande empresa de América Latina y una de las mayores petroleras del mundo. Por otra parte, el día 6 en la noche en la plaza Altamira de Caracas, se produjo un acto terrorista contra los civiles allí reunidos. Ubicada en el este de la ciudad, esta plaza ha sido el lugar donde ha estado apostado desde finales de octubre un centenar de militares de distintas fuerzas, declarados en “desobediencia civil” al gobierno [4]. La plaza ha sido declarada “zona liberada” y grupos de simpatizantes de estos militares se reúnen allí constantemente. El atentado dejó un saldo de 3 personas muertas y unas 20 heridas. Las declaraciones esa noche de algunos líderes de la oposición y militares, al igual que el 11 de abril, llamaban al levantamiento militar y culpabilizaban al gobierno. Afortunadamente, algunos otros opositores reaccionaron con mejor tino, llamando a la cordura y colaborando inmediatamente con las fuerzas policiales en los trabajos de investigación para dar con los culpables. Así mismo, el gobierno se movió con cautela y la Fuerza Armada, que en abril a raíz de los hechos de violencia en el centro de Caracas parte de su alta oficialidad se movió hacia el golpe de Estado contra el gobierno, esta vez y hasta la fecha se ha mantenido apegada a su rol institucional (ver OSAL, no. 7, 2002).

El conflicto entra a una segunda fase

A partir del atentado en Altamira se entró en una nueva fase del conflicto entre gobierno y oposición. La noche del lunes 9, el presidente de la CTV anunció que el paro, que hasta ese momento se prorrogaba día a día, se convertía en indefinido, la palabra utilizada fue “irreversible” y la oposición movía su objetivo de pedir “elecciones ya” a exigir que “Chávez se vaya”. Por otra parte, la evidencia del paro petrolero, es decir, la industria caminando hacia su paralización, se volvió el centro de la conflictividad y las demás paralizaciones fueron perdiendo importancia. Esa noche del 9, mientras la oposición llamaba al paro indefinido, el presidente de Pdvsa, doctor Alí Rodríguez Araque, ex secretario de la OPEP, desde el canal del Estado, denunció como un plan criminal por parte de la gerencia mayor de la empresa el propósito de parar la industria más importante del país; advirtió del colapso económico y social que por este motivo se avecinaba y pidió al pueblo acercarse a las distintas edificaciones y sedes de la compañía para hacerle ver a estos sectores el apoyo con que cuenta el gobierno. A partir de ese día, el conflicto político adquirió ribetes dramáticos.

Antes de este paro cívico, desde el 11 de noviembre había venido funcionando la llamada Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdos entre gobierno y oposición. Hacia el jueves 28 y viernes 29 de noviembre esta Mesa parecía a punto de alcanzar un acuerdo en torno a una salida electoral. Pero el sábado 30 la oposición decidió no concurrir a la Mesa y optó por proseguir con la convocatoria al paro cívico con el que venían amenazando en los días previos. A partir del lunes 2, fue el gobierno el que se negó a volver a la Mesa argumentando que no podía llegar a un acuerdo con “una pistola en la sien”. Una semana después, la misma noche del lunes 9, cuando gobierno y oposición profundizaban sus amenazas mutuas, simultáneamente, en una lógica perversa y esquizofrénica, volvían a activar la Mesa encabezada por el facilitador, doctor César Gaviria secretario de la OEA, para discutir una salida política.

Pero, la posibilidad de una salida no violenta parece cada vez más difícil. Esta extrema polarización política ha estado alimentada y magnificada por unos medios de comunicación que a lo largo del año se han parcializado y radicalizado hasta el punto de borrar para buena parte de sus consumidores – y los venezolanos somos muy adictos a la TV - los límites entre la realidad y el reality-show.  Los medios de comunicación privados, cinco en total, están cohesionada y abiertamente en contra del régimen de Chávez, a quién acusan de asesino, dictador y castro-comunista. Durante el desarrollo del paro le dedican hasta 18 horas de cobertura al conflicto, resaltando las acciones de la oposición de las cuales son los principales convocantes y promotores, ampliando y reiterando los comportamientos agresivos, pasando películas sobre dictadores y distorsionando a su favor las proporciones con que participan los venezolanos en las diversas movilizaciones a favor o en contra del gobierno. El canal del Estado, por su parte, ante esta avalancha, se ha plegado al gobierno y también le dedica su tiempo y espacio a cubrir la información oficial y de los apoyos sociales y políticos con que cuenta el gobierno. Los periodistas, salvo honrosos excepciones, cogidos entre este irracional e irresponsable enfrentamiento, amenazados en su integridad física por los sectores civiles radicalizados de lado y lado que los han convertido en blanco de sus rabias, muestran las mismas posturas intolerantes de los dueños de medios.

En el escenario de fondo de esta polarización alarmante, se encuentran 20 años de recesión económica, empobrecimiento social, aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza, resentimiento de clase, una élite política fracasada que se niega a verse privada de sus privilegios y grupos económicos  nacionales e internacionales que buscan oportunidades doradas en un país que es una de las naciones petroleras más importantes del mundo. Pero lo que ha actuado agravando todos estos factores ha sido el vacío de mediaciones y representación políticas entre sociedad y Estado, producto del colapso del bipartidismo venezolano que se produjo en la década del 90. Ello ha propiciado la emergencia de un conjunto de actores que buscan llenarlo y que desafortunadamente, los más fuertes de éstos carecen de formación, conciencia y experiencia política para hacerlo responsablemente colocando a la sociedad al borde de un abismo.

Los medios de comunicación, quizás en este momento los actores políticos más poderosos, no conocen la racionalidad política ni tienen cultura de negociación y tolerancia. La defensa de sus intereses privados se convierten en lo central de sus actividad política, intereses que se han visto respaldados por sectores sociales diversos, pero principalmente de ingresos altos y medios. La gerencia mayor de Pdvsa, la llamada “tecnocracia petrolera”, que ha decidido paralizar la industria, es otro actor político carente de conciencia, formación y responsabilidad política. Ellos, tras el argumento de la “meritocracia” en la carrera dentro de la industria, escudan su enfrentamiento y oposición a la política petrolera del gobierno del presidente Chávez y, al igual que los dueños de medios, anteponen sus intereses corporativos a los intereses nacionales.

La reforma petrolera

La reforma petrolera adelantada por el Estado venezolano en estos años es el motivo real de los disgustos de la tecnocracia petrolera. Esta tecnocracia en los dos gobiernos previos venía ejerciendo una política de apertura petrolera, que buscaba en lo fundamental hacer énfasis en una política de aumento del volumen de producción de petróleo sobre el precio de éste en el mercado internacional, y defendía la postura de una política petrolera que se formulaba y ejercía desde la empresa. De hecho, en esos años Pdvsa se convirtió en un Estado dentro del Estado, formulando las políticas y administrando los cuantiosos recursos de la empresa. Como resultado de ello, el ingreso fiscal petrolero ha disminuido, y la ineficiencia de la compañía ha ido en aumento (ver Díaz Rangel en Últimas Noticias, 15-12-2002). Esto ha buscado ser revertido por la reforma petrolera actual que, continuando la tradición de política petrolera del Estado venezolano a lo largo del siglo XX previa a la apertura, se centra en recuperar el papel del Estado a través del Ministerio de Energía y Minas como el lugar de formulación y elaboración de la política petrolera, y enfatizar, en consonancia con la OPEP, la defensa de los precios sobre los volúmenes, para salvaguardar el ingreso fiscal petrolero. Venezuela durante los años de gestión del presidente Chávez se ha comprometido y defendido las políticas de los países productores de petróleo que se organizan en la OPEP contribuyendo al fortalecimiento de esta organización. Por otra parte, hace unos 2 meses el Estado firmó con los trabajadores de la industria un contrato colectivo sin conflictos, donde las partes quedaron satisfechas. Es así como el paro petrolero descubre su rostro patronal, estrictamente político e insurreccional [5] .

Por otra parte, los presidentes de la CTV y de Fedecámaras, a nombre de sus organizaciones también en funciones políticas protagónicas, pertenecen a las élites que sienten sus posiciones debilitadas por las victorias electorales de Chávez y la alianza de fuerzas políticas que lo respaldan. La CTV reúne principalmente a sindicatos de la administración pública que en realidad han estado divididos en relación a este paro. Algunos sindicatos se sumaron, otras se mantuvieron al margen. Es de resaltar que los sindicatos de las industrias básicas no petroleras, las que tienen el mayor volumen de obreros y trabajadores, se pronunciaron desde un comienzo en contra del paro convocado por el presidente de la CTV. Tales son los casos de los sindicatos de la Siderúrgica del Orinoco, de la empresa de Aluminio, de Ferrominera y de la Hidroeléctrica. La misma postura asumió el sindicato de los trabajadores del Metro de Caracas. También es de recordar que 52% de la población económicamente activa está en el sector informal, y son ellos los que vienen abasteciendo de manera importante a la capital frente al cierre parcial de la asociación de supermercados y abastos y de centros comerciales. Finalmente, con relación a la mayoría de los partidos y organizaciones sociales que se agrupan en la llamada Coordinadora Democrática, que son más mixtas en sus estrategias políticas, hasta la fecha no han jugado papel central en esta confrontación de fuerzas. Suelen ser utilizados para darle una imagen de tolerancia y no violencia a la oposición cuando sus sectores más radicalizados arriba mencionados lo consideran políticamente oportuno.

Tercera fase del conflicto

El 19 de diciembre, con 17 días de paro, el Tribunal Supremo de Justicia admitió un amparo constitucional contra los hechos, actos y omisiones provenientes de los integrantes de la asociación llamada “Gente del Petróleo”, asociación constituida por los gerentes responsables de la paralización de la empresa petrolera. Igualmente acordó medida cautelar innominada consistente en ordenar a todas las autoridades y particulares vinculados con la actividad económica e industrial de Pdvsa acatar todos aquellos decretos y resoluciones emanados de los órganos competentes para lograr la inmediata puesta en funcionamiento de la industria petrolera y sus derivados. Pocas horas después, los gerentes de Gente del Petróleo, respaldados por Fedecámaras, la CTV y la Coordinadora Democrática anunciaron que no acatarían la sentencia judicial, con lo cual el conflicto venezolano entraba a una tercera fase: la oposición en pleno se ponía al margen de la ley y la gerencia de Pdvsa mostraba su rostro más nítidamente. El conflicto de los gerentes de Pdvsa ya no es en estricto sentido contra el gobierno de Chávez sino contra el Estado venezolano, y en última instancia, por lo que éste representa, contra la nación. Este objetivo en los días siguientes se hizo más claro cuando algunos dirigentes de la oposición hablaban también de disolver a la Guardia Nacional, y aún a otros componentes de la Fuerza Armada, dado que no lograron que los apoyaran en este enfrentamiento con el gobierno de Chávez.

Al momento de terminar este análisis, los bandos parecen haber llegado a un clímax y Venezuela a una encrucijada decisiva. Las movilizaciones en Caracas de ambos bandos continúan y la ciudad está con un racionamiento de gasolina que altera la vida cotidiana y seguridad de todos, y ahonda la situación de estrés y guerra psicológica. Las pérdidas económicas motivadas por la paralización de la industria petrolera y el cierre voluntario o forzoso de numerosas actividades económicas, arrojan pérdidas multimillonarias que presagian un futuro inmediato muy difícil para los venezolanos, independiente de cómo quede resuelta esta confrontación. Los dirigentes de oposición llamaron a sus simpatizantes a suspender la celebración de las navidades hasta salir del Presidente. A la medianoche del 24 de diciembre como señal de protesta y para arruinarle las navidades a quienes no comparten sus posiciones políticas, la dirigencia de la oposición llamó a batir con más ahínco que nunca las cacerolas que vienen sonando cada noche a las 8.00 pm desde que comenzara este paro. Las últimas decisiones de la oposición apuntan hacia una estrategia de destrucción del Estado venezolano que venía reconstruyéndose bajo las directrices de la Constitución de 1999 y las diversas leyes creadas o actualizadas desde entonces.

Por su parte, el gobierno ha llamado a la movilización permanente de sus simpatizantes a fin de sortear las dificultades confrontadas por el paro, en especial por el paro petrolero. Asociaciones de cooperativas, organizaciones de ingenieros petroleros y otros profesionales, pequeños y medianos productores, campesinos, buhoneros, vecinos, jubilados de distintas profesiones, etc. están en las calles y se organizan en diversos niveles para prestar su apoyo al gobierno. A raíz de la decisión judicial de aprobar el amparo constitucional, miles de personas en Caracas y otras urbes se han movilizado para apoyar con sus firmas y acciones dicho amparo y los siguientes pasos judiciales que él conlleva. En Pdvsa, más de un centenar de gerentes de la nómina mayor han sido destituidos por el presidente de la industria, nombrándose nuevos jefes regionales y otros sustitutos de cargos claves. Por otra parte, sectores del pueblo movilizados conjuntamente con la Guardia Nacional protegen las instalaciones y las gandolas de transporte que llevan el preciado combustible desde los llenaderos o almacenes en distintos puntos del país hasta las estaciones de servicio. Los buques-tanqueros que surten esos llenaderos o que exportan el hidrocarburo hacia el exterior han poco a poco sido recuperados por la compañía de las manos de capitanes de la Marina Mercante sumados a la paralización llamada por la gerencia mayor. El Ministerio de Energía y Minas en los últimos días ha puesto avisos en medios de comunicación llamando a diversos profesionales para llenar las vacantes en un esfuerzo titánico por reganar la industria que fue llevada a una virtual paralización de actividades.

El conflicto en perspectiva internacional

El conflicto petrolero venezolano, independiente de su desenlace final tendrá hondas repercusiones no sólo en la sociedad venezolana sino en las relaciones de poder que actualmente se construyen en los procesos de globalización que tienen lugar en el planeta. En Venezuela se está jugando la posibilidad de que una corporación transnacional poderosa como lo es Pdvsa –pero puede ser cualquier otra - pueda tener poder de veto sobre el gobierno de un Estado nación que fue electo por procedimientos democráticos. Es de resaltar que las nóminas, ejecutiva y mayor de Pdvsa, suman unas siete mil personas y que es una parte de ellas la incorporada a las acciones de paralizar la industria. Tras la pugnacidad de la gerencia petrolera, de los medios de comunicación privados y de los grandes grupos económicos venezolanos, se están moviendo también en respaldo a las fuerzas de oposición intereses transnacionales petroleros y de otras índoles que mucho se beneficiarían de la destrucción del Estado venezolano. Citando un documento redactado por la gente de el “Diálogo por la inclusión social y la profundización de la democracia”, que agrupa a intelectuales y académicos que ha venido moviéndose en búsqueda de un debate de altura y la construcción de puentes entre los sectores enfrentados:

La situación venezolana actual no es un problema circunscrito territorialmente ni causado exclusivamente por razones internas. Por el contrario, afecta y es también determinada por fuerzas e intereses que se desenvuelven en el ámbito internacional. La forma en que sea superada la actual crisis en Venezuela tendrá sin duda hondas repercusiones en la región y es por ello que hacemos un llamado a los distintos gobiernos, organizaciones sociales y organismos internacionales de vocación democrática para que apoyen abiertamente el esfuerzo que se realiza en la Mesa de Diálogo, Negociación y Acuerdos.

Sea cual fuere la resolución que termine teniendo esta situación de aguda confrontación, emerge con nítida claridad sobre quienes está recayendo la mayor carga de los costos materiales de este conflicto. Las repercusiones económicas para los meses venideros, con la merma en los ingresos fiscales y el quiebre de numerosos medianos y pequeños negocios e industrias, significará la acentuación de los indicadores de regresión socioeconómica que Venezuela ostenta desde los años 80 y el aumento de los niveles de pobreza y deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los venezolanos.



[1] Para una enumeración de la violación de los derechos humanos de los venezolanos durante las 48 horas del gobierno de facto de Carmona véase, Provea (informe anual 2001-2002). Allí se contabilizan entre otras violaciones: 73 muertes, por lo menos 40 por motivos políticos; 5 torturados por motivos políticos; 100 personas resultaron heridas por armas de fuego; persecución política a funcionarios caídos y cerco informativo por parte de los medios de comunicación vulnerándose los derechos de expresión e información.

[2] No sólo no protegieron la embajada sino que el alcalde del municipio de Chacao se apersonó en el lugar, pidió entrar en la sede y una vez dentro quiso revisarla en fragrante violación de los derechos internacionales que asisten a las sedes diplomáticas.

[3] La información de este artículo ha sido tomada de diversos periódicos y sitios Web. En especial, el diario de cobertura nacional Ultimas Noticias ha sido tomado como referencia para compararlo con otras informaciones.

[4] Buena parte de los militares que iniciaron esta acción participaron activamente en el golpe de Estado del mes de abril. Inicialmente algunos eran oficiales activos. A la fecha todos han sido pasados a situación de retiro.

[5] La Ley Orgánica del Trabajo, sancionada en 1997 considera que los gerentes son “representantes del patrono aunque no tengan mandato expreso...” (artículo 51) y una huelga es “la suspensión colectiva de las labores por los trabajadores interesados en un conflicto de trabajo” (artículo 494). De manera que no estamos ante una huelga sino un paro patronal de naturaleza política.



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Margarita López Maya


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