29-04-25.-El director ejecutivo de la organización de derechos humanos Cristosal, Noah Bullock (i) y la presidenta de la organización Robert F. Kennedy Human Rights, Kerry Kennedy, participan en una rueda de prensa este lunes, en Santa Tecla (El Salvador). Foto: EFE/ Rodrigo Sura
Kerry Kennedy, abogada y activista por los derechos humanos, denunció este lunes en San Salvador que le fue negado el acceso a una cárcel de El Salvador para verificar las condiciones de 10 migrantes venezolanos, detenidos en este país, cuyas familias demandan saber cuál es su situación.
La hija de Robert F. Kennedy y presidenta de la fundación pro derechos humanos que lleva su nombre, RFK Human Rights, y un equipo de abogados expusieron en conferencia de prensa la razón de su visita a El Salvador.
«Representamos a un grupo de 10 venezolanos que fueron secuestrados por agentes de ICE ( el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), de Estados Unidos y trasladados aquí a El Salvador, junto con otros 250 migrantes venezolanos», indicó la activista.
Denunció que «a pesar del derecho que tienen nuestros clientes, y los miles de salvadoreños detenidos, de ser atendidos por sus abogados, el gobierno de El Salvador, empezando por el presidente (Nayib) Bukele, no respetó estos derechos y nos negaron a nosotras, sus abogadas, el acceso a nuestros clientes».
Kennedy y el grupo de abogados solicitó entrar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde están detenidos más de 200 migrantes venezolanos, pero les fue negado. Además, según expusieron, solicitaron reuniones con el presidente Bukele, con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, y con Cancillería pero sin éxito alguno.
Intentaron conocer el estado del salvadoreño Kilmar Ábrego
La activista añadió que también buscaron conocer el estado del salvadoreño Kilmar Ábrego, detenido en una cárcel en el occidente del país centroamericano tras ser deportado desde Estados Unidos a pesar de tener un estatus legal en el país norteamericano.
«Hemos venido aquí para reunirnos con nuestros clientes y comprobar cómo se encuentra el residente estadounidense Kilmar García, pero no lo hemos conseguido», agregó la abogada.
El presidente Donald Trump invocó una ley de 1789 -conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros- para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos, acusándolos de ser parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que el gobierno calificó de «terrorista».
El gobierno de Trump llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador para poder enviar a migrantes detenidos en Estados Unidos al Cecot, prisión para miembros de pandillas.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
En total, Estados Unidos ha enviado a esa cárcel a más de 200 migrantes, la mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda el Tren de Aragua.
Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, 90% de los más de 200 hombres que Washington encarceló en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.
