Acusan a "sindicatos mineros" por masacre de jibis en el estado Bolívar

Masacre de jibis en Bolívar

Masacre de jibis en Bolívar

Credito: Referencial

Agosto 26 de 2018.- Asesinan a varios miembros del pueblo jivi en el municipio Sucre del estado Bolívar. Miembros de varios pueblos indígenas de Maripa denunciaron la masacre a la asociación Kapé Kapé quienes formularon la denuncia a la alcaldía de ese municipio y a su alcaldesa Soraida Valor.

Reportan que el hecho ocurrido en la madrugada de este jueves, se debió a un enfrentamiento por el control de la mina El Silencio, en el que resultó muerto el líder de la comunidad Misael Ramírez de 45 años de edad, junto a su hijo Milson Rondón de 18, cuyo cuerpo no ha sido encontrado aún, y cuatro personas más que no han podido ser identificadas.

Los jibis fueron atacados por grupos armados conformados por "sindicatos mineros" que quieren apropiarse de una mina que se encuentra en su territorio.

Misael Ramírez, una de las víctimas, era el capitán de la comunidad jibi La Felicidad, ubicada en la desembocadura del río Matu, en el municipio Cedeño del estado Bolívar, quien habría sido asesinado en un presunto enfrentamiento por estos “sindicatos mineros” que pretenden apoderarse de la mina ubicada en las tierras de esta comunidad indígena.

Fuentes policiales afirman que luego de estos asesinatos, los cuerpos fueron decapitados y sus cuerpos fueron esparcidos por la zona.

La asociación Kapé Kapé, hace un llamado de atención y protección a estas comunidades:

"La proliferación de la actividad minera y la violencia armada que la caracteriza trastoca cada vez más la cotidianidad de las comunidades indígenas que décadas atrás habitaban sus espacios de manera no violenta y aplicando prácticas mineras a pequeña escala, sin dejar mayores estragos al ambiente, fundamentados en sus principios de sana convivencia con la naturaleza.

Durante 2018, grupos indígenas de la Gran Sabana y San Luis de Morichal han reclamado su derecho a habitar sus tierras sin amenazas de la actividad minera que los ha plagado de violencia, enfermedades, contaminación y desplazamiento.

Su petición no es otra que el cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas que ordena el reconocimiento y garantía por parte del Estado “a los pueblos y comunidades indígenas, su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, las cuales son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Las tierras de los pueblos y comunidades indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles”


 




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