Venezuela denunció ante la Corte Penal Internacional (CP) la agresión mediática y geopolítica contra el país para acusar a la nación de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido y reafirmó que el Estado venezolano está activo permanentemente para garantizar la justicia, a través del ejercicio de su jurisdicción.
"En su escrito, Venezuela aportó abundante información que evidencia el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018, como parte de la estrategia de 'cambio de régimen' impulsada por el Gobierno de Estados Unidos. Asimismo, demostró que el Sistema de Justicia venezolano se encuentra activado permanentemente para garantizar la justicia, a través del ejercicio de su jurisdicción", explica parte de un comunicado publicado por el Gobierno venezolano.
Igualmente, el Gobierno de Venezuela ratifica que "seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación".
Asimismo, en su documento, Venezuela «denuncia las diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados de la Fiscalía de la CPI, con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales».
A continuación, el texto íntegro del comunicado:
"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que este 28 de febrero de 2023 presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un escrito con el cual desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido.
En su escrito, Venezuela aportó abundante información que evidencia el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018, como parte de la estrategia de 'cambio de régimen' impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Asimismo, demostró que el Sistema de Justicia venezolano se encuentra activado permanentemente para garantizar la justicia, a través del ejercicio de su jurisdicción.
Como prueba de la naturaleza política del proceso, se destacó por ejemplo, el caso de un ciudadano venezolano presentado por la Fiscalía de la CPI como una 'víctima' de 'tortura' y 'persecución', pero que al ser entrevistado por las autoridades nacionales competentes negó expresamente haber sufrido vulneraciones a su derecho a la integridad personal. Además, dicho ciudadano fue designado en 2019 por la Asamblea Nacional para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales.
Asimismo, en su documento, Venezuela denunció las diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados de la Fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte.
Finalmente, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ratifica que seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación, frente a esta fórmula de colonialismo jurídico que pretende utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos, en clara contravención de su razón de ser y de las normas y principios del Derecho Internacional".
Impacto de las sanciones
Igualmente denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que su país dejó de percibir 232.000 millones de dólares desde hace nueve años como consecuencia de las sanciones que pesan en su contra, indicó el canciller, Yván Gil. Denunció además la "politización" del Consejo y lo llamó pronunciarse sobre el caso de Alex Saab.
"Hasta el presente mi país ha sido blanco de 927 medidas coercitivas unilaterales y otras imposiciones criminales e ilegales, directas e indirectas, utilizadas como herramienta deliberada para destruir nuestra economía y tratar de forjar sin éxito, esto ha generado que el país haya dejado de percibir más de 232.000 millones de dólares americanos en los últimos nueve años", detalló el funcionario
El canciller también denunció que durante la pandemia del COVID-19 hubo desigual acceso a las vacunas, lo cual consideró que atenta contra el derecho a la salud de los venezolanos. No obstante, el funcionario indicó que su país alcanzó el cien por ciento de la meta de la población objetivo vacunada y que logró mitigar los efectos del COVID-19, pese a las grandes dificultades que generan el bloqueo y las sanciones en su contra.
De acuerdo con el Gobierno, sobre Venezuela pesan más de 900 sanciones, las cuales provocaron la disminución del 99% de los ingresos.
Venezuela denuncia la "politización" del Consejo
El canciller condenó de manera "enérgica" la "politización" del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por parte de algunos sectores, durante su intervención en el marco del periodo número 52 de sesiones del organismo.
"En el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el marco del 30 aniversario de la aprobación del Programa de Acción de Viena, rechazamos y condenamos de la manera más enérgica la politización y los dobles estándares que han aplicado y pretenden seguir aplicando sectores muy específicos en este digno consejo", detalló el funcionario durante su intervención transmitida a través del canal estatal Venezolana de Televisión.
Pidió al Consejo pronunciarse sobre el caso de Alex Saab
"Un ejemplo tangible del desprecio por el derecho internacional y los derechos humanos lo constituye el vil secuestro del venezolano Alex Saab, hoy injustamente detenido en Estados Unidos, su actual proceso está plagado de grandes vicios y graves aberraciones, frente a lo cual este consejo debería pronunciarse por constituir un caso ignominioso de violación a los derechos humanos", detalló Gil en su intervención transmitida a través del canal estatal Venezolana de Televisión.
En el marco del bloqueo económico y las sanciones impuestas por EEUU y varios países europeos a Venezuela, la Administración de Maduro designó a Saab como su representante diplomático ante Rusia e Irán, con la misión de gestionar la adquisición de alimentos, medicinas, repuestos e insumos necesarios para el país caribeño.
Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 por las autoridades de ese país en virtud de un pedido de captura internacional emitido por EEUU, que lo acusa de lavado de activos.
Con información de AVN / Sputniknews