13.01-22.-Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) condenamos categóricamente el vil asesinato del comunicador social, activista político y militante del PCV, José Urbina, acaecido la noche del pasado 10 de enero en su lugar de residencia en el municipio Pedro Camejo, estado Apure.
Su asesinato ocurrió posterior a una serie de denuncias lideradas por Urbina relacionadas con violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades rurales e indígenas del mencionado estado fronterizo, poco después de denunciar públicamente haber recibido amenazas del comandante del destacamento de la GNB en Puerto Páez, tal como lo señala en su denuncia audiovisual:
"Hago la denuncia sobre el ciudadano teniente coronel Ramón Sánchez, comandante del destacamento de la Guardia Nacional acantonado en Puerto Páez, estado Apure, en donde me acaba de amenazar directamente ante gran cantidad de público, porque estamos haciendo una protesta pacífica (...) lo hago culpable de cualquier cosa que le ocurra a mi integridad física o a cualquier persona de esta población"
José Urbina, quien fuera integrante del Movimiento V República (MVR) y del PSUV, antes de militar en el PCV, era reconocido por dejar expuestas diversas aristas del tema de las violaciones a derechos humanos sufridas por la población fronteriza y comunidades indígenas de Apure, a través de una emisora comunitaria
El buró político del CC-PCV también se pronunció exigiendo "a las autoridades venezolanas inmediatas y exhaustivas investigaciones que identifiquen a los autores intelectuales y materiales, así como posibles cómplices", no siendo este el primero de sus dirigentes recientemente asesinados.
Recordemos los dos asesinatos de dirigentes del estado Táchira, Óscar Rangel y Tony Rojas, con dos días de diferencia, a inicios de mayo del pasado año 2021, y en el 2018, el asesinato del dirigente zuliano Luis Fajardo, quien fungía como miembro del Comité Central del PCV.
En este contexto ocurrió en Caracas el asesinato del también periodista y activista del chavismo disidente, Alí Domínguez, en marzo de 2019, tras un brutal ataque recibido luego de que este realizara denuncias de corrupción al interior de la UBV.
Al tiempo que condenamos este vil atentado, que representa una grave amenanaza contra el activismo político y la comunicación social disidente, exigimos el esclarecimiento de los autores materiales e intelectuales y que se haga justicia para cada uno de estos casos. Ante estos asesinatos el Estado es responsable.
Hasta el momento de cierre de esta nota, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo se han pronunciado sobre este vil atentado.