Cerramos el año 2.009
con una cifra cercana a los 15.000 homicidios en nuestro país e inauguramos
el 2.010 con el primer homicidio registrado en la persona de un agente
del CICPC . Del 1° de enero a esta parte – solo han transcurrido unos
pocos días – se han sumado a este asesinato una veintena de muertes
por armas de fuego más, democráticamente diseminados en distintas
regiones y ciudades del país, es decir sin exclusiones de sexo,
raza, credo, condición social o militancia política. Estamos prácticamente
en presencia de una guerra civil que a diario desangra y enluta al país
y lo único que se le ocurre al Ministro de Interior y Justicia Tarek
El Aissami, mientras asesinan en su nariz al Director General del Servicio
de Vigilancia y Seguridad Privada, en funciones en el ministerio a su
cargo, es que el problema de la inseguridad “…es un problema
objetivo. Lo hemos dicho, el tema de la inseguridad, de la violencia
sigue siendo el principal tema que aqueja al pueblo venezolano y esto
nos llena de mucha tristeza e indignación…”
y que precisamente por eso “…el Presidente (Chávez) había
ordenado que 2.010 fuese de ofensiva contra la delincuencia…”
(Diario Ultimas Noticias, 08/01/10, Pág. 22).
Valdría la pena recordar
que durante décadas se ha ubicado como génesis de la delincuencia,
la pobreza y los subsiguientes problemas que esta genera: exclusión
social, hambre, deserción escolar, marginalidad, falta de oportunidades
en el ámbito educativo y laboral, consumo y tráfico de drogas, desintegración
familiar y violencia, entre otros. Ahora bien, siendo nuestro gobierno
el que más ha hecho en lo referido a la disminución de estas brechas
sociales y quien de manera más consecuente ha adelantado un esfuerzo
de inclusión social y democratización de oportunidades en todos los
niveles de la sociedad venezolana, sobre todo y de manera especialísima
en aquellos más desprotegidos y vulnerables de la población, al punto
de haber disminuido de manera significativa la pobreza ¿Por qué siguen
siendo tan escandalosamente altos los niveles de violencia urbana y
rural, que se traducen en cientos de homicidios, violaciones, hurtos
y atracos delante de los que abdicamos de manera concomitante e indefensos
el Estado venezolano y los ciudadanos?. La clave creo que radica en
la absoluta inobservancia que los distintos órganos del Poder Público
han hecho y siguen haciendo del artículo 136 constitucional que establece:
“El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Cada una de las
ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los
órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí
en la realización de los fines del Estado.” (Subrayado nuestro).
Es así que a diario
vemos, que por parte del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal, se
ha hecho un esfuerzo – mezquino sería no reconocerlo – en cuanto
a despliegue policial, activación de puntos de control interinstitucionales
donde convergen funcionarios policiales, fiscales de transito, policía
científica y personal administrativo de dependencias como el SAIME
– antigua Onidex – bomberos y de hasta Protección Civil. Ahora
bien, ¿qué sucede cuando una de estas alcabalas captura a uno o varios
delincuentes y estos pasan a orden del Ministerio Público y subsidiariamente
a instancia de los Tribunales? Bueno la gran mayoría queda en libertad,
bien porque no se le acusó a tiempo, bien porque se le otorgó una
medida cautelar sustitutiva de privación de libertad o bien porque
sencilla y llanamente, en el corro tribunalicio el presunto delincuente
se bajo de la mula y salio libre de polvo y paja, de nuevo a las calles
a seguir delinquiendo, para frustración de los ciudadanos y de los
funcionarios que le aprehendieron. ¿Qué pasa cuando ni siquiera es
puesto a la orden del Ministerio Público y tiene billete? Cuadra con
el jefe de la comisión policial, se baja de la mula y se va tranquilito
para su casa. De tal suerte que el problema de raíz, es que en paralelo
a que tenemos a unos funcionarios policiales con salarios infames, a
unos fiscales del ministerio público atiborrados de trabajo y también
asalariados y a unos jueces que las pocas veces que trabajan, trabajan
poco, somos en el fondo y ni siquiera tan el fondo, profundamente corruptos.
Nos acostumbramos a vivir más allá de nuestras posibilidades y necesidades,
sucumbimos a nuestros deseos y nos encanta el dinero mal habido.
Y aquí tiene toda la
razón Chávez cuando dice que el problema es de conciencia. Porque
si los policías, los fiscales, los jueces y nosotros los abogados en
el libre ejercicio profesional, nos pusiéramos a pensar que el beneficio
espurio que obtenemos cuando nos tranzamos con uno o varios delincuentes
se traduce inmediatamente en el incremento de las víctimas de las fechorías
de aquél, de las que nosotros y los nuestros no estamos exentos, la
cosa sería distinta. De manera que seguirá siendo en balde todo
el esfuerzo social que el Gobierno Nacional haga destinando más y más
recursos a la inversión social, si en paralelo no se hace lo mismo
en la inversión moral, es decir, en el ejemplo que los más altos funcionarios
del Estado venezolano, en cada una de las ramas del Poder Público y
los ciudadanos de a pie tenemos que dar, llevando una vida decorosa,
honesta e irreprochable.
Por otro lado, es menester
que el ciudadano Presidente, aprovechando su aún muy importante liderazgo
político, asuma el problema, instrumentando medidas concretas que hagan
posible que ya, inmediatamente todos los órganos del Estado, de manera
coordinada comiencen cada uno en su ámbito competencial, a instrumentar
medidas orientadas a ponerle coto a la delincuencia. Podrían comenzar
creando como un brazo de apoyo a la naciente Policía Nacional, un Comando
Unificado de Inteligencia, que incremente las labores de recolección,
clasificación, análisis e interpretación de los datos que sobre las
actividades delictivas tienen en principio las propias comunidades afectadas
con la inseguridad, porque ¿quién mejor que los afectados, pueden
saber dónde, quienes y en que cuantía se cometen delitos en nuestros
barrios y urbanizaciones? Para ello sería importante disponer de mecanismos
confidenciales y confiables que permitan la oportuna intervención de
los órganos policiales, precedida por una información concreta, destinada
a la desarticulación de bandas criminales y a la aprehensión de sus
líderes y miembros. Articulada a esta instancia, podría crearse otra,
conformada por los Fiscales del Ministerio Público y los Jueces en
Funciones de Control de cada circunscripción judicial existente, que
de manera expedita, con causas bien sustanciadas y suficientes elementos
de convicción, permitan sancionar ejemplarmente a los presuntos delincuentes
que queden a sus órdenes, estableciendo metas mensuales de causas atendidas
y resueltas, directamente proporcionales a los delitos cometidos.
A esto le seguiría el
establecimiento de una política penitenciaria, en concordancia con
lo dispuesto en el artículo 272 de la Constitución Bolivariana, orientada
a la reclusión del procesado o penado, según su clasificación por
la entidad del delito cometido, grado de peligrosidad, reincidencia,
entre otros, desmontando inmediatamente esa suerte de patente de corso
que se la ha dado a la población penal, con el establecimiento de las
denominadas mesas de diálogo, lideradas por la Defensoría del Pueblo
y el Ministerio Público, donde cada vez más el Estado, cede el control
de los establecimientos a la población penal, bajo el argumento de
los Derechos Humanos, que los reclusos y sus familiares solo entienden,
en tanto y en cuanto le sirven para mantener su status quo a nivel interior,
en combinación con los funcionarios de Régimen Interno y la Guardia
Nacional, para hacer de la cárcel una industria que alimentan el narcotráfico,
la extorsión y el tráfico de armas, generando pingues ganancias para
sus operadores.
Diputados de la Asamblea Nacional, ¡¡¡legislen por Dios!!! Con una mayoría absoluta en esa instancia, resulta incomprensible que aún no le hayan dado a este país, un nuevo Código Penal y no hayan hecho una revolución de verdad en el resto de la legislación penal nacional, más allá de tímidas y chucutas reformas al COPP. Pena debería darles por tanta incompetencia, desperdicio de tiempo, dinero, por tan poca productividad y por tanto desprecio que con su actitud omisiva tienen hacía el pueblo venezolano. ¿o será que están esperando perder la mayoría en las próximas elecciones parlamentarias, para salir a hacer lo que pudieron hacer y no hicieron y echarle luego la culpa al Imperialismo y a sus lacayos de la Oposición?.
En lo personal, creo que el primer paso para enfrentar un problema con resolución, es reconocer que el problema existe, cosa que ahora vemos en las palabras del Ministro de Interior y Justicia, solo que con 10 años de retraso, en los que el gobierno, comenzando por el propio Presidente, se hicieron los locos con el tema y prácticamente se negaron a tocarlo públicamente. Por lo pronto allí tienen algunas ideas, a ver si con ellas terminan el larguísimo ayuno que en esa materia tienen, obviando epítetos y descalificaciones, que bien merecidas las tienen. Solamente me resta decirles que ¡¡¡USTEDES SON LOS RESPONSABLES!!! No busquen más culpables.
