Una alianza que representa a los beneficiarios del estatus de protección temporal argumentó que el gobierno no había realizado la revisión y consulta requeridas por ley sobre las condiciones en Venezuela antes de revocar la designación de TPS de ese país.

3 de agosto de 2025 — Un juez federal abordó el viernes la cuestión de si la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, vulneró las normas al despojar a más de un millón de ciudadanos venezolanos y haitianos residentes en EE. UU. de su estatus de protección temporal, informó Edvard Pettersson para noticias del juzgado.com.

El juez federal de distrito Edward Chen no emitió un fallo en una audiencia en San Francisco sobre las contra-mociones de juicio sumario en una demanda interpuesta por la Alianza Nacional del TPS, un grupo de defensa de los inmigrantes que afirma que las acciones de Noem fueron "arbitrarias y caprichosas" en violación de la Ley de Procedimientos Administrativos.

La Alianza Nacional del TPS afirma que, en su afán por anular las protecciones otorgadas por la administración Biden, Noem eludió el requisito de revisión bajo la ley del TPS e inventó razones posteriormente para justificar su decisión. Jessica Bansal, abogada que representa a la alianza, llamó la atención del juez sobre un correo electrónico del 25 de enero, día en que el Senado estadounidense confirmó la nominación de Noem, enviado por un alto funcionario de la administración. En él, se indicaba que el secretario anularía la extensión del 10 de enero del estatus de protección temporal para venezolanos y solicitaría al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que le proporcionara un resumen de los desafíos operativos relacionados con las designaciones del TPS.

"Así que la decisión de anularla ya está tomada y están buscando razones", argumentó Bansal.

"No es una hoja en blanco para que ella decida lo que quiera con respecto a las prórrogas", añadió el abogado. "Esta ley está diseñada para proporcionar cierto grado de protección a los refugiados humanitarios en este país ante cambios políticos".

Un cambio en el estatus de protección temporal de inmigrantes de un país específico requiere que el secretario de Seguridad Nacional evalúe las condiciones en ese país en consulta con otras agencias gubernamentales, afirmó Bansal.

William Weiland, abogado del Departamento de Justicia de EE. UU., respondió que el expediente deja claro que la secretaria consideró las condiciones en Venezuela como parte de sus decisiones.

"Lo que le piden es que evalúe, o vuelva a evaluar, cómo deberían quedar las condiciones en ese país", le dijo Weiland al juez.

Chen, designada por Barack Obama, en marzo había pospuesto temporalmente la acción sin precedentes de Noem de dejar sin efecto el estatus de protección temporal existente para los venezolanos —algo que nunca se había hecho en los 35 años de historia del programa TPS— apenas tres días después de que ella asumiera el cargo, citando el ánimo racial que parecía motivar su decisión.

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión de una sola página que no ofreció ninguna explicación, suspendió el fallo del juez en mayo, lo que permitió que la administración Trump comenzara a deportar a hasta 350.000 venezolanos cuyo estatus de protección temporal caducó en abril.

Numerosos beneficiarios venezolanos del TPS han perdido sus empleos desde entonces, vivían en sus vehículos y fueron detenidos y deportados, declaró Bansal en la audiencia del viernes.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es una designación que se aplica a ciudadanos de ciertos países donde la violencia o las dificultades económicas dificultan o inseguran la deportación. Cerca de 600,000 venezolanos que viven y trabajan en EE. UU. recibieron el TPS durante la administración Biden en 2021 y 2023, lo que los convierte en el grupo más grande de beneficiarios de este estatus en el país.

Antes de dejar el cargo, el expresidente Joe Biden emitió una extensión de 18 meses del TPS para los venezolanos cuyo estatus de 18 meses vencía en abril, pero Noem revocó la extensión tan pronto como asumió el cargo. Durante una entrevista con Fox News, Noem llamó a los inmigrantes venezolanos "sinvergüenzas" e insinuó que pertenecían a bandas criminales.

En febrero, Noem también revocó el TPS a los inmigrantes haitianos. Hay alrededor de 500.000 personas con estatus migratorio haitiano, a quienes se les había otorgado una extensión durante la era Biden que habría extendido su estatus de protección hasta febrero de 2026. La decisión de Noem redujo esa extensión de 18 a 12 meses.

Por orden de la secretaria, otros 250.000 venezolanos perderán su estatus de protección temporal el próximo mes.

En una audiencia celebrada el mes pasado ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que revisa la orden de aplazamiento de marzo de Chen, el Departamento de Justicia argumentó que cualquier revisión de las decisiones del ejecutivo en materia de política exterior por parte de tribunales nacionales sería inapropiada en virtud de la doctrina de separación de poderes.

También argumentó que Noem tenía plena justificación para revertir una decisión de la era Biden de extender las protecciones del estatus temporal para los venezolanos, argumentando que las agencias pueden cambiar de opinión sobre temas específicos.

En una demanda separada, la Alianza Nacional del TPS impugna la revocación del estatus de protección temporal (TPS) por parte de la administración Trump para inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua.