10-12-21.-Un gobierno que se define como obrerista tiene 149 trabajadores encarcelados, calcula Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV,
Si a Rosario Ríos le hubiesen dicho, hace tres o cuatro años, que el dirigente sindical Eudis Girot pasaría sus días preso en la cárcel de El Rodeo, habría respondido que estaban locos. Pero Girot está tras las rejas desde el 18 de noviembre de 2020, y el juicio en su contra avanza aunque, como lo dice Ríos, no hay ninguna prueba que lo incrimine.
Los 73 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se conmemoran este viernes 10 de diciembre, encuentran a Venezuela con al menos 149 trabajadores judicializados, de los que 28 están bajo la modalidad de casa por cárcel y los demás están presos, afirma Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia calcula que en el país hay 364 presos políticos.
‘Por una Navidad sin trabajadores presos’ es la consigna que anima a los activistas y luchadores que se concentrarán este viernes en Parque Carabobo, frente al Ministerio Público. Es la misma que esgrimieron los integrantes del comité de familiares y amigos por la libertad de los trabajadores presos que se reunieron, este jueves 9 de diciembre, en la plaza Lina Ron para de allí llevar una carta a Nicolás Maduro al Palacio de Miraflores. La solicitud es la misma: libertad.
“Le estamos pidiendo al presidente que nos escuche, primeramente. Que nos escuche y que haga justicia, sea cual sea la medida. Si hay que hacer juicio, que hagan un juicio en libertad”, explica Ríos. “Le estamos pidiendo que otorgue una medida y que los trabajadores puedan pasar una Navidad en su casa, con su familia. Nosotros necesitamos a nuestros familiares en nuestras casas”. Girot tiene problemas cardiacos y síntomas de COVID-19. “La jueza dio una orden para que sea atendido médicamente y todavía no ha sido ejecutada. La vida de Eudis está en riesgo”.
Que haya trabajadores presos en un gobierno que asegura ser obrerista no deja de ser irónico, o cuando menos, paradójico. Se los culpa, usualmente, de delitos como traición a la patria y asociación para delinquir. Pueden pasar meses en un limbo legal, sin juicio. Los detiene -tal como lo detallan los familiares- la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). En abril de este año algunos fueron trasladados a cárceles comunes. Les abren juicios “reconociendo los jueces, off the record, que no hay motivo pero hay órdenes de pasarlos a juicio”, puntualiza Ana Barrios, integrante del colectivo Surgentes. Se los acusa de delitos gravísimos “y no hay prueba alguna en esos expedientes”.
Girot es dirigente sindical petrolero. Guillermo González es controlador aéreo. Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos trabajan en Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Los cuatro están incluidos en la carta entregada este jueves en el Palacio de Miraflores. Estos son los 19 trabajadores:
Guillermo Manuel González González
Eudis Felipe Girot
Rodney Alvarez
Derbys Rodríguez Sánchez
Neptali Duno
Rafael Enrique Nelo García
Pedro Alexander Montilla Pérez
Aryenis Torrealba
Alfredo Chirinos
Rosa Mota Millán
Roger González
Luis Rivas
Eugenio Montes
Miguel Álvarez
Darío Antonio Salcedo
Marcos Sabariego
Gil Mujica
Francia Mata Especier
Gustavo Enrique Juárez Torres
La figura que podría aplicarse es el indulto, que puede usarse en cualquier momento del proceso penal, expone Barrios. Entre los 19 trabajadores hay personas sentenciadas, otras encarceladas, otras bajo régimen de presentación. Conceder un indulto “es una forma de reparar el daño que ha hecho el Estado venezolano”, ya que “cuando hay una violación de derechos humanos el Estado está obligado a reparar”.
El indulto, recuerda Barrios, “extingue la pena de forma inmediata y les otorga una libertad plena”. Decidieron recurrir a Maduro “porque hemos agotado todas las vías, y las seguiremos agotando”, y desde marzo de este año “hemos ido a todos los poderes públicos” a presentar escritos y hablar con funcionarios “y no hemos recibido respuesta”. Esperan poder exponer la situación a los integrantes de la comisión para la reforma judicial.