En una anterior entrega, con el mismo título, señalábamos como el sector financiero, la banca, ha estado permanentemente al lado del golpismo venezolano.
Ellos, cada vez que el ambiente político ha estado movido se han dejado sentir, inclusive durante el llamado paro petrolero su accionar fue notorio. Luego, como señaláramos, mudaron de modales. Viendo que la economía del país emergía robustecida decidieron mejorar sus relaciones con el gobierno. Víctor Gil, presidente del Banco Fondo Común (BFC), en cuya nave planeaban sacar al presidente Chávez de la Orchila con rumbo desconocido, hoy aparece como “amigo” del chavismo, viéndose beneficiado con varias cuentas y proyectos.
Pero como dicen por allí en el pueblo raso, “banquero es banquero compañero”. Y una muestra de ello es lo que denunció ayer mismo el presidente de Confagan, José Agustín Campos. El dirigente de la Confederación Nacional de Ganaderos y Agricultores de Venezuela (Confagan), habló de una conspiración por parte de la banca privada nacional para que los pequeños y medianos productores no puedan importar leche en polvo.
Dijo que los bancos privados estarían solicitando el 80% del valor de las cartas de crédito en dólares a los importadores de leche en polvo, lo cual según sus palabras "es un atentado contra los consumidores de leche porque el mediano o pequeño importador de leche en polvo no va a tener el 80% del valor de la carta de crédito en dólares".
Todo esto se produce cuando hay una consulta popular tan importante a puertas, lo cual para muchos no resulta casual ni fortuito. No hemos visto a Víctor Gil, “amigo” del gobierno, salir a refutar eso y poner su institución financiera al servicio, no de Confagan, sino del pueblo venezolano.
Eso no es de extrañar tampoco ya que como señaláramos anteriormente, la oligarquía financiera nacional e importada tuvo activa participación de todos los intentos por derrocar a Chávez.
Si bien en los últimos tiempos han cambiado de imagen como los camaleones, en momentos como el actual revelan su verdadera faz. Por eso expusimos el caso de Guillermo Cecilio Hernández quien denunció que fue estafado en 1998 por el Banco Fondo Común, reiteramos, propiedad de Víctor Gil, dueño de la nave en que pensaban llevarse a Chávez cuando estaba en la Orchila, durante el golpe del 2002 y esto los chavistas no lo deben olvidar. Lo debe tener presente siempre quien confirmó el hecho durante una interpelación el 2 de mayo del 2002, el entonces diputado Juan Barreto.
No olvidemos, señala Hernández, que esto luego se ratificó en una publicación del periódico El Mundo de España. Allí se dijo que la embajada española y la norteamericana estaban de acuerdo con el señor Víctor Gil, para llevarse al Presidente Chávez de la Orchila.
Hernández firmó en 1998 un documento de préstamo hipotecario con cláusulas bien específicas, donde decían que eran dos préstamos uno anual y uno mensual. Se explicaba que se guiarían por las tasas del Banco Central de Venezuela, que si las tazas aumentaban ellos ajustaban las mensualidades para hacerlas pagables.
A la víctima se le pretendió obligar a pagar el triple. Tiempo después le quitaron su casa por ejecución de hipoteca. Pero cuando el caso pasa a tribunales se detecta la usura y estafa. El BFC une los dos créditos, el mensual y el anual en uno solo, y cuando se desglosa en la hoja de análisis se nota que cuando aplican la fórmula de interés, a ellos siempre les da 40 ó 50 mil bolívares de más y en la mora ellos usan una fórmula desconocida donde aplican hasta 40 mil bolívares en una cuota.
Hernández notó que había alrededor de 5 millones de más que el banco pretendía cobrarle. Hernández alerta a la Fiscalía y mandan el expediente a la Guardia Nacional. La GN lo deriva a la división de experticias financieras, al licenciado Henry Ramírez Gaitán, maestro técnico de tercera.
En su primer informe Ramírez Gaitán explica que hay una aplicación errónea de la fórmula de interés y la mora no corresponde con la que debería cobrarse, además dice que dentro del Banco Fondo Común hay un software que hace esos cálculos errados.
Cuando se va haciendo el estudio Fondo Común nombra su experto y éste, junto a su abogado, acepta que se procedió indebidamente contra Hernández.
Se hizo un acta en ese sentido que fue firmada por el experto de Fondo Común, su abogado, los funcionarios policiales, el GN. Allí queda sentado que se aplican mal las fórmulas, que los montos de interés no corresponden, que las moras son exageradas, que se unieron los dos préstamos en uno.
Lo grave, reitera Hernández, es que el BFC tiene ese software dentro de su contabilidad, eso significa que son miles las víctimas de ese banco, lo cual ameritaría una investigación inmediata de la Fiscalía y el Seniat por lo menos.
El 1 de noviembre Hernández, cuyo abogado y el mismo han sido en las últimas semanas víctimas de amedrentamiento, deberá comparecer ante el poder judicial pidiendo se haga justicia. Hernández piensa que si el mismo abogado del banco y su representante aceptaron que se han equivocado en los cálculos, debe producirse una sentencia a su favor.
La administración de justicia venezolana tienen una oportunidad de oro para demostrar que en plena revolución bolivariana los banqueros y poderosos ya no hacen lo que les da la gana.
Es bueno recordar que Víctor Gil estuvo implicado en las investigaciones sobre el asesinato a Danilo Anderson, que su hermano Rafael, vicepresidente del BFC, es también director del Banco del Tesoro.
Hernández manifestó que según El Universal de Mexico, que tomó una información de el Financial Time, Venezuela adquirió bonos Boden 12 argentinos por el orden de 600 mdd a dólar preferencial Bs. 2.150 y luego los vendió a dos bancos locales BFC y el BOD quienes revendieron esos mismos bonos a la tasa del mercado paralelo.
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