Junto a otros ocho militares, el exgeneral retirado enfrenta acusaciones por su presunta implicación en más de 130 asesinatos de este tipo. Según el mecanismo de justicia transicional, Montoya presionó a sus subalternos para engrosar las cifras de bajas a como diera lugar, dejando como único indicador de éxito las muertes en combate y así obtener incentivos y recompensas.
"El general Montoya decía en los programas que no quería capturas, que él quería muertos en combate y que miráramos a ver que íbamos a hacer porque teníamos que presentarle muertos en combate", expresó el subteniente colombiano Pilides José Torres Monterrosa en su declaración voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz el 9 de noviembre de 2021.
El de Torres es solo uno de los testimonios que sustentaron la histórica sentencia de la JEP, mecanismo de justicia transicional establecido como parte del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las FARC.
Este 30 de agosto, el excomandante Mario Montoya y otros ocho generales fueron imputados por “asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes estatales”.
Así, Montoya, que comandó el Ejército de Colombia entre 2006 y 2008, fue imputado por crímenes de guerra y lesa humanidad por su responsabilidad en los casos de 130 'falsos positivos', como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales en el país, cometidos entre 2002 y 2003. En ese entonces, el militar era comandante de la Cuarta Brigada en Antioquia, al noroccidente del territorio colombiano, y según la JEP solicitó y permitió el asesinato de personas inocentes con el fin de obtener mayores cifras en su guerra contra las guerrillas.
El comandante en retiro fue imputado “por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas ‘en combate’, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados”, aseguró la JEP en un comunicado.
La imputación ha sido considerada como un punto de inflexión significativo en la búsqueda de Justicia y verdad en Colombia, ya que delata que los 'falsos positivos' no fueron aislados ni causales, sino que hicieron parte de una conducta sistemática y que se desprendió desde los altos puestos del Ejército hasta los "distintos niveles de la cadena de mando".
La posición jerárquica de Montoya dentro de la estructura militar apunta a su responsabilidad en haber orquestado una cadena de mando que perpetuó un patrón de ejecuciones y desapariciones forzadas presentadas fraudulentamente como bajas en combate.
"Contaban con mecanismos preacordados de encubrimiento, es decir, ante la posibilidad de 'dar una baja', ya sabían cómo proceder", afirma la JEP.
En sus comparecencias ante la jurisdicción, Montoya había negado su responsabilidad en los crímenes. El año pasado aseguró: "Yo exigí resultados operacionales, exigí operaciones; no bajas. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar ni que me enteré que habían matado".
Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la de múltiples militares que también comparecieron ante la JEP como el sargento viceprimero Carlos Mauricio Roberto Mejía. El militar afirmó el 2 de noviembre de 2021:
Yo no quiero problemas, a mi tráiganme soluciones yo quiero es bajas… La palabra del general Montoya eran bajas, bajas y bajas…
La imputación de Montoya se da en el marco del Subcaso Antioquia I, en el que la JEP investiga asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado entre 2002 y 2003 en el oriente antioqueño. Sin embargo, el proceso continúa y el organismo ha asegurado que sigue con la pesquisa para encontrar a otros responsables y esclarecer la verdad de uno de los episodios más crueles del conflicto armado en Colombia.
“Este es un paso fundamental hacia la verdad y la justicia. La imputación a Montoya y otros miembros de la cadena de mando es una señal de que estamos comprometidos en desentrañar la verdad detrás de estos crímenes y asegurarnos de que los responsables enfrenten las consecuencias”, expresó Catalina Díaz, la magistrada de la JEP.
62 imputados y un "marco institucional de exigencia de mejores resultados"
Con las imputaciones de este miércoles, la jurisdicción ya suma un total de 62 individuos acusados en el marco del Caso 03, en el que se investiga precisamente los "asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado". De este grupo, 55 personas, equivalentes al 89%, han reconocido su responsabilidad en estos hechos.
En esta última serie de imputaciones, nueve exmilitares —entre los que se incluye a Montoya— han sido señalados por su presunta participación en los 130 'falsos positivos'. Estos crímenes están distribuidos en 53 casos ocurridos en 2002 y 77 casos en 2003. Un aspecto particularmente alarmante es que entre las víctimas se encuentran cuatro niñas, 11 niños y tres personas en condición de discapacidad.
La JEP además revela tres patrones distintos en la ejecución de estos crímenes. La primera modalidad fueron las víctimas sacadas de sus hogares, lugares de trabajo o medios de transporte para después ser etiquetadas como combatientes insurgentes. La segunda fue el engaño a personas en condiciones de vulnerabilidad "para ser trasladadas al lugar donde serían asesinadas para ser presentadas como bajas en combate por integrantes de la fuerza pública". Y la tercera, se trató "del asesinato y desaparición de personas protegidas por el DIH (Derecho internacional humanitario) que estaban puestas fuera de combate".
Más allá de las imputaciones de este miércoles, la jurisdicción asegura que los asesinatos extrajudiciales responden al contexto en los que se llevaron a cabo. El texto asegura que "los falsos positivos en Antioquia no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales, como parte de la política de seguridad de la época (2002-2003)".
En ese sentido, hace referencia a los gobiernos de los presidentes Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Dos periodos en los que hubo un fortalecimiento de la Fuerza Pública que buscaba contrarrestar a las guerrillas operantes en el país. Uribe, asegura el comunicado, "puso en marcha una política de seguridad y defensa, cuyo objetivo principal fue alcanzar la victoria militar". Y añade que la política "incluía la exigencia de resultados operacionales sobre las guerrillas, dirigidos a la victoria militar".
Así pues, los falsos positivos se dieron en un tiempo en el que operaba la premisa de que ante más recursos, mayores debían ser los resultados, propia de la "política de seguridad de la época".
¿Qué viene para los imputados?
Los acusados tienen un plazo de 30 días hábiles para admitir o refutar los cargos y además brindar pruebas para sustentar su versión. Una vez vencido este período, la JEP procederá con una audiencia pública si los cargos son admitidos. Posteriormente, se emitiría una resolución que permitirá al Tribunal para la Paz determinar la sanción adecuada.
En caso de no reconocer la responsabilidad, los casos serían remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde podrían enfrentar sentencias de hasta 20 años de prisión.
La JEP, al ser un mecanismo de Justicia transicional, otorga sanciones alternativas, a cambio de que exista un pleno aporte a la verdad. De lo contrario, los implicados se enfrentarían a penas propias de la Justicia ordinaria.
La deuda con los 6.402 'falsos positivos'
En Colombia, el tribunal especial para la paz sacó a la luz en 2020 que al menos 6.402 personas fueron víctimas de los asesinatos perpetrados por el Ejército y luego se falsificaron sus muertes como resultado de combates. Esta cantidad es casi tres veces mayor a la que la oficina del entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, había revelado previamente.
Los crímenes registrados ocurrieron entre los años 2002 y 2008, una época en que el gobierno enfrentaba a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una insurgencia guerrillera de izquierda que finalmente llegó a un Acuerdo de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, y a otros grupos armados. A los soldados se les recompensaba con beneficios, como tiempo libre y ascensos, por cumplir con estas estadísticas manipuladas de asesinatos.
Aunque la imputación de este miércoles apunta a los responsables de más de un centenar de 'falsos positivos', la deuda con las familias de las víctimas es enorme.
Jackeline Castaño, cuyo hermano fue secuestrado y asesinado por el Ejército en 2008, ha sentido que la Justicia está cada vez más cerca.
“Estamos agradecidos por la divulgación de los hallazgos de la JEP, que muestran la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales durante el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe, desde hasta 2002 hasta 2008”, afirmó Castaño, quien lidera un grupo de víctimas. “Esperamos que la verdad siga emergiendo”.
Movice, un colectivo conformado por víctimas de crímenes cometidos por el Estado colombiano, también acogió con complacencia los hallazgos de la JEP. “La elevada cifra de estos crímenes no nos sorprende”, indicó el grupo en un comunicado, añadiendo que esto demuestra “una política interna” dentro del Ejército “que carece de cualquier forma de control o sanciones para los responsables”.
Aunque muchos soldados de rango han sido encarcelados y numerosos oficiales fueron destituidos, las víctimas repiten la misma pregunta: "¿Quién dio la orden?". Un interrogante que resurge después de la imputación de Montoya y del cual el país aún espera respuestas.
Con EFE y medios locales