Condenamos la aptitud de ciertos funcionarios
públicos que rasgándose las vestiduras y pretendiendo ser mas respetuosos
de la ley que la misma ley, intentan abordar este tema desde una perspectiva
policial, con una actitud inquisidora y desprovisto del sentido mas
elemental de justicia. Esos mismos funcionarios son los que en el pasado
y el presente han guardado silencio
cómplice frente a las invasiones, las
ocupaciones ilegales y monopolio de la tierra rural y urbana por unos
cuantos terratenientes: Latifundistas Rurales En El Campo Y Latifundista
Urbanos En La Ciudad..
Cuando el pueblo humilde, carente de
tierra y de vivienda procede a realizar
una toma de un determinado terreno, siendo en su
mayoría toma simbólica, es calificado de inmediato con
el epíteto sahiriente de “invasor” pero cuando
son los poderosos que se apropian por
vía fraudulenta através de la corrupción, de la compra de funcionarios,
de importantes cantidades de tierras,
bien sean urbanas o rurales, a estos
se califican de “ocupantes” de
“poseedores de derechos” y el tratamiento que se les brinda es
de respeto , de consideración, porque se trata de hombres de
“bien”.
Los organismos y funcionarios
públicos que tenemos la responsabilidad de abordar la
solución a este problema, estamos en la
obligación política , administrativa ,
ética y moral de mirar el mismo como un asunto de
carácter social y de concertar esfuerzos en
función de resolverlos , para ello es necesario que se apliquen los
instrumentos legales que al respecto ha dictado el poder Publico
Nacional y Municipal. Nos referimos al Decreto `Presidencial 1666,
de fecha 02 de febrero del 2002, mediante el cual se inicia el proceso
de regularización de la tenencia de
la tierra en los asentamientos urbanos populares , a la
Ley Especial Para La Regularización Integral deLa Tenencia De la Tierra
En Los Asentamientos Urbanos Populares sancionada
por la Asamblea Nacional y promulgada por
Ejecutivo Nacional en julio del 2006 y el
Decreto que declara la emergencia en materia de tierra urbanas dictado
por el Ejecutivo Municipal en mayo del 2005, la
Ordenanza De Tierras Urbanas sancionadas y promulgada en
el 2006 y La Ordenanza En Asentamientos Urbanos Populares Con
Contrato En Enfiteusis. Estos son los instrumentos de las cuales estamos
obligados a echar mano para resolver tal
situación.
Consideramos que se hace un flaco servicio a la
solución del problema de la tierra cuando creamos instancias que no
están contempladas en el ordenamiento
jurídico vigente, cuando pretendemos sustituir la
acción legal y legitima de las instancias correspondientes por organismos
que terminan convirtiéndose en una especie de
adefesio legal que aleja y burocratiza las posibilidades de
solución viable.
Queremos notificar con toda responsabilidad que
desde la Oficina Regional De Tierras Urbanas
adscrita Al Ministerio del poder popular para la Vivienda Y Hábitat,
venimos adelantado un programa regional de
regularización de la tenencia de la tierra en
los asentamientos urbanos populares , en ese sentido , estamos
realizando el trabajo legal, técnico y social en las parroquias
Cuji y Tamaca, Parroquia Cabudare
del Municipio Palavecino, asimismo,
estamos conjugando esfuerzos con las
comunidades y las instituciones para abordar y
resolver el problema de la tierra en la
Parroquia san miguel, en los terrenos de la virgen de Altagracia,
pertenecientes al Municipio Jiménez, en la urbanización Calicanto
del Municipio Torres y nos encontramos coordinando acciones con autoridades
municipales de Moran, Andrés Eloy Blanco,
Urdaneta, Crespo, Y Simon Planas, actualmente
estamos a la espera que organismo nacionales como el INTI E INAVI materialicen
la transferencia de la tierra para
ser entregada a las comunidades , a las familias como patrimonio de
estas ya que son asiento del
hogar.
REFORMA
DE LA LEY DE TIERRAS URBANAS
De la misma manera nos encontramos trabajando en la reforma de la ley
de tierras urbanas , ya existe un proyecto que fue elaborado con la
participación destacada de los Comités De Tierras Urbanas a nivel
nacional y ha sido enriquecido con los aportes la
Comisión De Desarrollo Social Integral De La Asamblea Nacional
, con la experiencia que hemos adquirido durante estos años
y con la consulta que hemos efectuado a
importante juristas como es el caso del
Doctor Y Diputado Carlos Escarra. Esta ley no es la panacea pero su
aprobación profundizara y afianzara
el marco legal para abordar tan delicado problema
a favor del pueblo, de los oprimidos de siempre.
Con todo respeto, pero con mucha firmeza proponemos a las autoridades Naciones, Regionales Locales involucradas en este tema lo siguiente:
- Que se le de el carácter social al tratamiento de este asunto y no carácter policial, inquisitorio y represivo.
- Que se realice un censo social por cada comunidad con el fin de determinar la familias que se encuentran sin parcelas, sin vivienda, que viven en condiciones de hacinadas, arrimadas, en situación de riesgo, etc.
- Que se realice un inventario de las parcelas existente dentro de cada comunidad estableciendo cuales están ocupadas, cuales están ociosas o incultas y determinando la valoración legal que nos permita establecer si estamos ante un terreno publico o ante un terreno privado o presuntamente privado.
Todas esta tareas las debemos realizar
apoyándonos en la fuerza creadora del
pueblo organizado en los Comités De Tierra Urbanas y
en los Consejos Comunales, esto nos brindara un mapa de necesidades
y de terrenos a través de los cuales podemos
resolver las necesidades y tendremos la
visión social, jurídica y técnica de los terrenos,
condición indispensable para resolver el tema de la
titularidad.
Finalmente queremos señalar que es absolutamente necesario que las oficinas de tierras nacional, regionales y municipales asuman su tarea y que aquellos funcionarios que andan buscándoles 5 pata al gato en la solución de este problema revisen de manera auto critica, con el corazón en la mano y el alma puesta en el pueblo cual ha sido su conducta, su contribución al proceso de regularización de la tenencia de la tierra en los barrios y urbanizaciones populares. La ausencia de regularización de la tenencia de la tierra es la causa de la existencia de las invasiones, a si que ataquemos la causa y no al efecto. Hacemos un llamado a nuestro pueblo para que se organice en comités de tierras urbanas, manifiesten a estos sus necesidades y presenten alternativas de solución para que de una manera organizada consideremos sus necesidades y podamos presentar soluciones efectivas siempre en observancia de los derechos y respetando aquellos que pudieran ser vulnerados. De igual modo pedimos al pueblo para que este atento ante los atropellos de funcionarios inescrupulosos que parecieran que viven en tiempos de la Primera Republica, de la Republica Oligárquica que combatió el General Bolívar Y El General Ezequiel Zamora y levanten la consigna de “TIERRAS Y HOMBRES LIBRES”.
(*)Dip. a la Asamblea Nacional