En forma para mi sorpresiva, Rafael Ramírez, ministro de energía y petróleo, rechazó la aplicación del arbitraje internacional en el sector petrolero, según informó la ABN hace pocos días. Recalcó Ramírez el derecho soberano del país de administrar su principal recurso en beneficio de sus intereses, calificó ese derecho como inalienable y ratificó que serán los tribunales venezolanos quienes se encargarán de decidir en torno a las controversias que surjan en la administración de los contratos con las empresas contratantes. Las declaraciones las dio en una conferencia que se efectuó en Caracas en un seminario de PDVSA sobre la materia.
A pesar de estas positivas declaraciones, impulsadas por toda la campaña de denuncias sobre la sentencia antipatriótica del TSJ en relación con la materia, llevada adelante por Fermín Toro, Britto García y Camilo Arcaya, entre otros, Ramírez no menciona la sentencia del TSJ, aunque este veredicto unánime de la Sala Constitucional es el causante de la discusión y críticas sobre el tema. Ramírez, además, estuvo enterado de la situación irregular, mucho antes de que el TSJ se pronunciara sobre la interpretación del artículo 151, solicitada por Toro, Britto y Arcaya, entre otros, y no se había pronunciado sobre la materia.
En efecto, en una sentencia anterior del tribunal, que se produce en respuesta a una solicitud de Hildegar Rondón de Sansó, la Sala Constitucional se pronunció sobre la materia, lo que le hizo relativamente fácil responder al recurso de interpretación introducido por Fermín Toro y otros. Recordemos que la abogada Rondón de Sansó es la suegra de Rafael Ramírez y fue la profesional del derecho contratada por PDVSA, para defender en Inglaterra los derechos de Venezuela ante la demanda de la empresa extranjera Exxon-Mobil. Esto quiere decir que Ramírez calló durante mucho tiempo, a pesar de conocer la situación desde bastante antes de la última sentencia. En materia jurídica, habíamos regresado a la década de los noventa, cuando, como él mismo lo afirma, el arbitraje internacional era una “estrategia transnacional aplaudida por la oligarquía venezolana, parásita y beneficiaria de la migajas de la renta petrolera”.
En la actualidad, si la posición de Ramírez es auténtica, bastaría con que no se contemplara el arbitraje internacional ni la utilización de tribunales extranjeros en los contratos que firme PDVSA y sus empresas con empresas transnacionales. Al señalar estos contratos que los conflictos que surjan de su interpretación serán resueltos por tribunales venezolanos, se estarían protegiendo los intereses nacionales mientras se enfrenta el desafuero del TSJ, al declarar como relativa la inmunidad jurisdiccional del Estado venezolano. Faltarían por supuesto los contratos a ser firmados por otros entes del Estado y aquéllos ya firmados con la cláusula que obliga al arbitraje internacional.
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