26/04.- La organización política Marea Socialista manifestó a través de comunicado público su posición sobre el Decreto Especial relacionado PDVSA y la industria petrolera que fue emitido por el ejecutivo el pasado 12 de abril.
En declaraciones de César Romero, integrante del Equipo Operativo Nacional de dicha organización señaló que este decreto ¨es una formalización de la entrega de la industria petrolera y la produndización de un modelo que ha demostrado un profundo fracaso¨
A continuación reproducimos el comunicado de Marea Socialista.
Gaceta Especial PDVSA: Formalizando la entrega de la industria petrolera
Marea Socialista – 24 de abril de 2018
A través del siguiente comunicado expresamos nuestro rechazo contundente al decreto aprobado por el ejecutivo nacional el pasado 12 de abril, en el marco del Estado de Excepción y Emergencia Económica, que ha sido prorrogado inconstitucionalmente por más de dos años; y de la misma manera queremos alertar al pueblo Venezolano de las recientes y peligrosas medidas respecto a la administración y control de Petróleos de Venezuela (PDVSA), contempladas en el mencionado reglamento. Nos referimos al Decreto 3.368 contenido en la Gaceta Oficial 41.376, mediante el cual se establece un régimen especial y transitorio para la gestión operativa y administrativa de la industria petrolera nacional, con la “supuesta” intención de recuperar la empresa y aumentar la producción.
Este decreto evidencia la fuerte crisis que atraviesa la empresa: reducción crítica de la producción de barriles, corrupción, contratos de maletín, falta de mantenimiento, accidentes muy costosos, desastres ambientales, pauperización laboral; ante la cual se aplican medidas que solo van a empeorar la situación. Uno de los aspectos más graves de la mencionada resolución es que el Ministro del Poder Popular de Petróleo concentrará de manera arbitraria las competencias (administrativas, comerciales, etc.) más relevantes de la industria (art. 3). Este último tendrá tanto poder, que puede llegar a “Crear, suprimir o efectuar modificaciones a las empresas del sector público industrial petrolero, incluida petróleos de Venezuela S.A., y sus empresas filiales”, en otras palabras, puede desaparecer PDVSA.
Sumado a esto se establece una clara flexibilización de las contrataciones que puede llevar a cabo PDVSA y sus filiales, obviando los procesos de licitación que tradicionalmente han estado estipulados para la firma de acuerdos que implican millones de dólares. Esto está contemplado en base a la modalidad de “consulta de precios” (art.4) para la compra de hidrocarburos y derivados, la adquisición de servicios, etc., así como la modalidad de “contratación directa” (art.5) para la compra de materiales y productos químicos, ejecución de obras de infraestructura, servicios integrales de perforación, mantenimiento de pozos, entre otras actividades de gran envergadura. Se termina apelando a la racionalidad y eficiencia de contratistas extranjeros y su interpretación de lo que seria el “máximo interés nacional”. Resulta alarmante que luego de todos los escándalos de corrupción por convenios dolosos que, según declaraciones del actúal Fiscal General Tareck William Saab, trajo perdidas de 35.000 millones de dólares para PDVSA y la república, la medida sea eliminar todos los mecanismos de regulación, licitación y contraloría interna y social, quedando a la “buena fe” de intereses extranjeros.
Sin duda alguna el 3.368, formaliza la dinámica mafiosa con que ha sido manejada PDVSA en los últimos años a través de negocios fraudulentos y favorables al capital transnacional (EEUU, China, Rusia, etc), y el desmantelamiento del patrimonio público de cuyos ingresos depende toda la población. Y es que, aunque se reitere en varias ocasiones que este nuevo régimen es transitorio en el artículo 8 del decreto se establece que el Ministro “… deberá proceder a elaborar propuestas para generar normas para el establecimiento de un régimen definitivo adaptado a la dinámica petrolera internacional.”
Esta nueva atrocidad complementa el entramado jurídico del nuevo régimen extractivista que apunta construir y consolidar la cúpula gobernante. En el mismo marco de la política ejecutada en el Arco minero en los dos últimos años se refleja: 1) una apertura a la inversión extranjera acompañada de infinidad de facilidades a las compañías transnacionales en perjuicio de la economía nacional, 2) la Centralización de todas las atribuciones políticas, comerciales, administrativas y de negocios internacionales en figuras (militares de alto rango en la mayoría de los casos) designadas por el ejecutivo nacional sin ningún tipo de contraloría, y 3) el desmontaje y destrucción del patrimonio industrial del país mediante la desinversión y mecanismos mafiosos de corrupción. Más que enfrentar o tan siquiera detener la catástrofe que se vive actualmente, los dirigentes del gobierno nacional apuestan, sin ningún tipo de escrúpulos, a la entrega descarada de lo público en perjuicio de las grandes mayorías pobres.
Ante este marco, de fracaso de todos los modelos de gestión petrolera por lo menos desde finales de los 70’, y del silencio acomodaticio y cómplice por parte de los sectores que dirigen la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores (CBST), surge la urgencia de recuperar la industria de la corrupción y los mecanismos mafiosos de administración, apostando a ejes centrales como: la transparencia de información y cuentas en PDVSA, realización de auditorías con participación ciudadana y de los trabajadores del sector petrolero, y que se comience la confiscación de bienes a los corruptos que afectaron recursos de PDVSA y trámites para su devolución, con la finalidad de destinarlos a la reactivación de la industria y al mejoramiento de las deterioradas condiciones laborales de quienes trabajan en ella.
Descarga el PDF de la Gaceta 41.376