Una estrategia impostergable de concreción
Este es artículo continuación del publicado en aporrea (17/10/2021) donde expuse situación relacionada con autonomía universitaria y Ley de Educación Universitaria (LEU) aprobada por Asamblea Nacional (23/12/2010) vetada por presidente Hugo Chávez (05/01/2011. En esta oportunidad se analiza misma problemática universitaria partiendo de situación en Universidad de Los Andes (ULA), en universidades autónomas y exponer determinadas propuestas que a este respecto se han discutido al interior del Grupo Miradas Múltiples (GMM) constituido por profesores/as de esta institución universitaria.
La Universidad de Los Andes es más importante institución pública educativa, científica, humanística, tecnológica y cultural de la Región Andina, una de las mejores de nuestro país con proyección internacional. En la actualidad se encuentra en situación extremadamente crítica en todos los aspectos: humanos, físicos, institucionales, académicos, presupuestarios y pobreza para mayoría integrantes de personal académico, administrativo y obrero por paupérrimos salarios y pérdida de derechos fundamentales como prestaciones sociales y pasivos laborales, entre otros. Es institución fundamental para vida económica, social y cultural del estado Mérida, Región Los Andes y nacional que está prácticamente paralizada donde cunde por desidia y abandono robo de valiosos equipos, bienes e instrumentos de infraestructura científica y tecnológica adquiridos en décadas que son patrimonio material e inmaterial de la ULA y Nación venezolana; donde existen autoridades por varios años permaneciendo en sus cargos al infinitum al no haberse realizado elecciones que por autonomía universitaria han de efectuarse para elección y renovación de nuevas autoridades, situación que viola democracia participativa y protagónica establecida en Articulo 6 de la Constitución Bolivariana de Venezuela (CRBV); donde la ULA por estos factores, otros de orden político y efectos dramáticos y lamentables del COVID 19, se encuentra en camino incierto y lleno de interrogantes.
Ante esta realidad urge proclamar que la ULA no puede continuar en esta situación con evidentes signos destructivos. Corresponde a miembros de comunidad universitaria comprometidos con su presente y futuro, pueblo merideño, regional y nacional una actitud de toma de conciencia y rescate puesto que es una institución pública, democrática y popular que no puede entenderse propiedad de grupos e intereses individuales o colectivos, organizaciones para-universitarias, partidos o gobierno alguno indiferentes o acordes con lo que pasa con nuestra Universidad porque a fin de cuenta ellos se favorecen con este caos y abandono institucional.
Igual ocurre con resto de universidades autónomas nacionales que presentan situaciones similares a descritas. Basados en esta problemática el GMM ha discutido sobre la misma y analizado la posibilidad de elaborar un documento contentivo de varias propuestas dirigidas tanto al interior de ULA como al conjunto de universidades autónomas y tomando en consideración contexto de universalidades que conforman educación universitaria venezolana y darlo a conocer al pueblo en su conjunto e instancias universitarias del país como Consejo Nacional de Universidades (CNU) y gobierno nacional, cuyo objetivo central está en llamar la atención para definir y elaborar una acción programática capaz de superar la situación en que ellas se encuentran.
Este planteamiento se hace con base a tres artículos de Constitución de República Bolivariana de Venezuela (CRBV): Artículo 102 que expresa "La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado con la participación de las familias, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley"; el Artículo 109 que consagra el principio y jerarquía de autonomía universitaria para que su comunidad se dé sus propias formas de gobierno y autoridades "para dedicarse a la búsqueda del conocimiento científico, humanístico y tecnológico, para beneficio espiritual y material de la Nación"; y Artículo 3 que dice: "El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respecto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos en esta Constitución. La educación y el trabajo son procesos fundamentales para alcanzar estos fines".
En función de este texto constitucional se afirma que principios, fines y jerarquías establecidos para que se concrete su misión es imprescindible rescatarla de la actual situación en que están, dentro de proceso para revitalizar autonomía universitaria y redimensionar a las universidades autónomas que implica: primero, que en ejercicio de autonomía universitaria se convoque obligatoriamente cuanto antes y por vías posibles elección de nuevas autoridades; segundo, que en pleno ejercicio de autonomía universitaria la universidad en búsqueda del conocimiento rescate el pensamiento crítico, creador y soberano para que la Universidad sea la casa que vence las sombras; tercero, que la autonomía universitaria para eliminar prácticas transfiguradas y perversas de ésta se fundamente y practique con base a lo establecido en el artículo 109 (CRBV) y Ley de Universidades Articulo 9; cuarto, que las universidades autónomas como instituciones fundamentales consoliden su presencia institucional en nuestro país, América Latina, el Caribe, el mundo e interior del CNU en la pluralidad y diversidad que debe caracterizar a la educación universitaria no definida unilateralmente por líneas gubernamentales sino en atención a máximos intereses del pueblo y República Bolivariana de Venezuela; en quinto lugar, como parte de proceso de evaluación y transformación se elabore un Plan Nacional de Educación Universitaria que considere la apertura de nuevas modalidades de carreras profesionales acordes con necesidades y aspiraciones de población estudiantil, Nación venezolana y analice actualización de múltiples programas de estudios ; en sexto lugar, que la comunidad universitaria goce del pleno disfrute de salarios dignos y justos al cual tienen derecho como parte de la clase trabajadora del país, aspiración y reclamo urgente del pueblo venezolano; en séptimo lugar, se presenten formas de gestión administrativa de financiamiento fruto de análisis y experiencias presupuestarias que propendan al desarrollo académico de universidades; en octavo lugar, que se discuta ampliamente sobre conflicto histórico entre universidades autónomas y gobierno como una vía para encontrar y establecer formas de cooperación fundamentales al desarrollo conjunto de estas instituciones y República Bolivariana de Venezuela; en noveno lugar, se realice una evaluación sobre efectos que para el desarrollo científico, tecnológico y humanístico de instituciones de educación universitaria y el país se produce consecuencia de emigración de gran cantidad de profesionales y miembros del personal docente e investigación de nuestras universidades; y en décimo lugar, expresar rechazo por interés gubernamental de estar aplicando políticas hacia las universidades autónomas propias de Ley de Universidades aprobada por Asamblea Nacional el 23/12/2010 y vetada por presidente Hugo Chávez al considerarla "inaplicable por razones de carácter teóricos, prácticos, técnicos y políticos" (Carta del Presidente Hugo Chávez al Presidente de Asamblea Nacional Fernando Soto Rojas el 5 de enero de 2011).
De la misma manera, ante la intención manifiesta de sectores del PSUV para elaborar nueva Ley de Educación Universitaria y sea acordada con iguales características y contenido con aprobada en AN (23/12/2010), se puede afirmar que ello significaría repetir la historia que comunidad universitaria vivió, confrontó en esa época y venció gracias a presidente Hugo Chávez, pero que ahora, lamentablemente, el Comandante no está físicamente. Pero si están presentes unos cuantos diputados/as en actual AN que estimularon y aprobaron en aquel entonces LEU: 2010; para lo cual vale decir que allí se encuentra como diputado un personaje emblemático: el que 2010-2011 era Ministro de Educación Universitaria y fue factor importante en elaborar contenido de aciaga y vetada Ley: Edgardo Ramírez; y otros más, entre ellos profesores/as de universidades autónomas. Estas ideas y propuestas se exponen para dar a conocer en parte situación de universidades autónomas y ojala puedan ellas llegar a instancias gubernamentales y organismos públicos para rescatar y colocar a universidades autónomas en contexto educativo nacional como instituciones estratégicas con acervo del pensamiento, conocimiento e infraestructura científica, tecnológica, humanística y cultural de primer orden en Venezuela, ser patrimonio material e inmaterial que bajo ninguna circunstancia puede aceptarse que siga estando bajo desidia, abandono, en vías de destrucción y donde hay robo de bienes y equipos que comete una delincuencia que actúa impunemente y sin ningún riesgo. Se hace, además, esta exposición en demanda y apoyo de que el Estado ante interés por iniciar cuanto antes clases presenciales en universidades en el país ha de crear las mejores condiciones físicas, humanas y académicas que propendan a tan fundamental proceso y derecho constitucional. Asimismo, manifestar que designación de Tibisay Lucena Ministra de Educación Universitaria sea oportunidad para tratar y considerar a autonomía y universidades autónomas con otra perspectiva y horizonte de pleno desarrollo institucional en favor del pueblo venezolano y República Bolivariana de Venezuela; libres y soberanos.
Amado Moreno Pérez. Sociólogo (UCV). Profesor Titular activo de Universidad de Los Andes. Dr. en Ciencias Humanas (ULA). Mérida, 22 de octubre de 2021.
