¿Es la ULA una Universidad autónoma, democrática y popular? ¿Cómo restablecer esta condición consustancial con su existencia?

Dos preguntas le dan el título a este artículo que requiere respuestas con entera solidez y pertinencia ante la situación que confronta en la actualidad la Universidad de Los Andes (ULA); no exclusiva de ella sino que igual realidad tiene el conjunto de Universidades autónomas nacionales pero expresadas de diferentes formas. Se puede decir que la Universidad Central de Venezuela (UCV) con la reciente y trascendental elección (2023) de sus nuevas autoridades ha dado un paso significativo para superar sus más ingentes problemas de funcionamiento autonómico y democrático en favor de una educación universitaria de máximo nivel académico en función del pueblo y la República Bolivariana de Venezuela.

¿Es la ULA una Universidad autónoma, democrática y popular?

La ULA no es una Universidad autónoma y democrática, en primer lugar, por cuanto desde las últimas elecciones Rectorales del 2008 (para el periodo 2008-2012) no se han realizado hasta el presente la elección y renovación de las autoridades elegidas en esa fecha por causas que más adelante expondré. Asimismo no se han efectuado las correspondientes a decanos de Facultades, vicerrectores de los Núcleos (estados Táchira-Trujillo), de los representantes profesorales al Consejo Universitario, Consejo de Facultad y Consejos de Escuela. Por tan grave circunstancia de no celebración de elecciones quienes hoy están en estos cargos se han amparados en una decisión transitoria del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que los autorizó a permanecer en los mismos y han continuado de forma indefinida en éstos; representando este hecho una situación de clara debilidad institucional y falta de transparencia autonómica y democrática de la Universidad.

Esta situación ocurre con mayor expresión con los miembros del equipo Rectoral que permanecen en sus cargos, puesto que el correspondiente al Secretario electo (2008) ante su renuncia al mismo el Consejo Universitario lo sustituyó designando en la condición de Secretarios encargados con distintos profesores en diferentes ocasiones. Igual procedimiento ha seguido con decanos y vicerrectores de los Núcleos de Táchira y Trujillo elegidos en sus respectivas elecciones que habiendo renunciado a sus cargos por haberse jubilado como profesores o cualquiera otra razón han sido sustituidos por el Consejo Universitario. Estas designaciones han sido tomadas en sucesivas oportunidades a lo largo de estos años ante la repetición de tales situaciones. De estas designaciones se resalta que han sido decididas mayoritariamente producto de proposiciones hechas a este organismo del Cogobierno por el Rector en atención a sus inmediatos intereses y conveniencias (grupales y partidistas) para dirigir y ejercer con su máximo control el poder en nuestra Universidad.

En segundo lugar, la ULA no es una Universidad autónoma, democrática y popular por qué el Rector ha concentrado y centralizado bajo su poder las más importantes actividades académicas de la ULA: concentra y dispone discrecionalmente asuntos para decisión, conocimiento y consideración del Consejo Universitario; concentra materia presupuestaria de asignación y distribución; concentra, administra y dispone de ingresos propios de la Universidad (incluso de divisas); dirige y ejerce control de forma autoritaria sobre el Consejo Universitario; actuado con displicencia para que el Consejo Universitario no haya asumido con la celeridad del caso y debida legalidad la realización de elecciones en la Universidad para elegir y renovar sus autoridades; haber sido una autoridad carente de talante humano para dirigir a la Universidad en los términos establecidos en las Disposiciones fundamentales de la actual Ley de Universidades; y no haber sido un Rector garante de ecuanimidad, respecto institucional y hacia la función pública que careciendo de un genuino espíritu autonómico y democrático en diversas ocasiones ha asumido posturas y decisiones de apoyo a personajes que han protagonizado acciones contra la estabilidad de la Nación, el pueblo y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Pero en esta realidad que me permite afirmar que la ULA no es una Universidad autónoma, democrática y popular también hay que decir que ello no se debe únicamente a la gestión personal del Rector sino igual responsabilidad tienen en su construcción personas dentro y fuera de la Universidad que con su actuación u omisión han permitido y colaborado para que esta situación haya permanecido por tiempo indefinido y haya adquirido características de diversa índole que requieren y reclaman urgente solución y superación en todo el sentido de la palabra.

En tercer lugar, esta realidad donde la ULA no es una Universidad autónoma, democrática y popular ha impedido que los miembros de su comunidad en su conjunto no hayan ejercido sus derechos participando ampliamente en la organización de las actividades establecidas en actual Ley de Universidades, Artículo 9, numerales 2 y 4 que define a las Universidades como autónomas; en los cuales se expone: "Numeral 2-Autonomía académica, para planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docentes y de extensión que fueren necesarias para el cumplimiento de sus fines"; y en numeral 4- Autonomía económica y financiera para organizar y administrar su patrimonio". Este Artículo 9 junto a artículos 1 y 2 definen que la autonomía universitaria no puede entenderse como un ejercicio o una competencia exclusiva de las autoridades universitarias. Abrogarse para si tal disposición y concepción de la autonomía constituye una usurpación y negación de derechos establecidos para ejercicio y disfrute de la comunidad universitaria en su conjunto.

En cuarto lugar, esta consideración de la ULA en estos términos es producto de la confluencia e intervención de varias causas, entre las cuales están.

Primera, la Asamblea Nacional (AN) aprobó el 13 de agosto (2009) la Ley Orgánica de Educación (LOE) promulgada por el presidente de la República Hugo Chávez Frías el 15 de agosto (2009) que en su artículo 30 establece el Principio de autonomía universitaria y el ejercicio de sus funciones. Pero en el numeral 3 de este artículo se establece entre sus funciones "Elegir y nombrar sus autoridades, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo con su reglamento", lo cual dio lugar a que los Rectores de las Universidades autónomas agrupados en AVERU impugnaran ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) su inconstitucionalidad alegando que este numeral 3, del artículo 30, colide con el Artículo 109 de la CRBV que solo menciona "a los profesores, profesoras, estudiantes y egresados de su comunidad (…)" ya que esta Constitución en el artículo 109 no señala al personal administrativo y el personal obrero como miembros de la comunidad universitaria. Al no haber dado oportuna respuesta el TSJ a la impugnación hecha originó que en las Universidades autónomas los procesos electorales no se efectuaran, puesto que de manera sucesiva en aquellas universidades que llamaron a elección de autoridades hubo impugnaciones de parte de miembros de la comunidad universitaria ante el TSJ al juzgar que los respectivos Reglamentos Electorales aprobados no se correspondían exactamente con lo establecido en ese numeral de la LOE. Por lo tanto, desde el 2012 (fecha de finalización del periodo de cuatro años de autoridades rectorales) hasta el presente en las Universidades autónomas (a excepción de la UCV que realizó las elecciones de autoridades a mediados del 2023) no se ha celebrado ningún tipo de comicios para elegir y renovar autoridades universitarias. A esto se une que en 2020 el TSJ dictaminó que Universidades autónomas debían realizar en el lapso de tres meses respectivas elecciones y especificó los términos jurídicos que debían establecer en los reglamentos electorales las correspondientes Comisiones Electorales. No obstante el dictamen del TJS por distintas razones (como la pandemia del Covid 19 y las medidas adoptadas por el gobierno nacional para enfrentarla siendo una de ellas la suspensión de clases en todos los niveles educativos) la realización de las elecciones universitarias no pudo darse.

Segunda, en la ULA en especial de parte del Rector y el Consejo Universitario hubo clara actitud para no realizar o retardar indefinidamente las elecciones universitarias, siendo la displicencia y dilación la razón fundamental en dicha negación y deliberado diferimiento incumpliendo con esa actitud lo que es esencia de la autonomía y la democracia universitaria. Asimismo, hay que agregar a este aspecto las desavenencias y discrepancias que hubo expuestas por determinados sectores universitarios y políticos dentro y fuera de la ULA contrarios a realizar estas elecciones según los términos dictaminados por el TSJ, y de sectores sindicales que manifestaron criterios distintos a la manera cómo estaban planteando quienes si estaban a favor de las elecciones universitarias la proporción electoral para el personal administrativo y el personal obrero. Estos sectores sindicales argumentaban que la propuesta de asignación proporcional no se ajustaba exactamente a lo establecido en el numeral 3 del artículo 30 de la LOE.

Luego de todo este proceso y restablecida parcial pero progresivamente académicamente la ULA en 2023 profesores, empleados administrativos y obreros asumieron con reiteración, argumentos jurídicos y académicos exigir la pronta realización de las elecciones universitarias. Fue así que a finales de del año pasado cuando el Consejo Universitario aprobó hacerlas y encargar a la Comisión Electoral de la ULA dicha organización y realización. En este sentido esta Comisión Electoral hizo lo correspondiente, elaboró y presentó el Cronograma Electoral por el cual se realizarán estas elecciones en los cuatro primeros meses de este año 2024.

Tercera, objetivamente hay que incluir como otra de las causas de que la ULA no sea una Universidad autónoma, democrática y popular la confrontación y polarización sociopolítica que ha ocurrido en Venezuela contra el proceso Bolivariano liderado por presidente Hugo Chávez F. (1999-2013) y presidente Nicolás Maduro M. (2013-2019) (2019-2024), enfrentamiento en el que han participado también el resto de universidades autónomas. Esta lucha frente a gobiernos de Chávez y Maduro ha sido protagonizada por sectores de las universidades de todo tipo: autoridades, estudiantil, profesoral, empleados administrativos y obreros todos vinculados e identificados con diferentes partidos y movimientos de la oposición, que van desde la extrema derecha antinacional, de derecha tradicional y de partidos gobernantes de la cuarta República. Esto ha permitido que la Universidad institucionalmente producto de que autoridades universitarias identificándose con sus acciones las han apoyado sin importarles el carácter violento y desestabilizador de las mismas ejecutadas por sectores radicales internos que responden a propósitos estratégicos internacionales imperialistas. De esta manera la Universidad ha sido subsumida en una línea claramente parcializada sometida, incluso, a decisiones como desconocer al Presidente de la República y reconocer contrariamente por compromisos políticos execrable pantomima imperialista fallida de Juan Guiado tal como lo hizo en 2020 el Consejo Universitario a proposición del Rector de la ULA. Asimismo, con igual identidad se ha hecho con otros personajes que es preferible no mencionarlos pero que han sido radicales y permanentes protagonistas de actos de todo tipo en contra de la Nación, el pueblo y República Bolivariana de Venezuela. (Por ejemplo podemos citar el siguiente documento publicado "el viernes 15 de enero de 2003 En Edición Especial EL NACIONAL B/17 MANIFIESTO DE GENTE DE LA ULA ANTE COYUNTURA NACIONAL Gente de la ULA, frente a la actual crisis de gobernabilidad que vive el país, exige una salida electoral inmediata, que nos restituya las garantías constitucionales usurpadas por este gobierno, como único camino democrático para impedir la escalada de violencia, la inminente confrontación entre venezolanos así como la definitiva consolidación de un régimen que habiendo traspasado los límites de la democracia autoritaria se ha adentrado irreversiblemente en los territorios de un despotismo totalitario (…) mientras el gobierno acusa a los altos ejecutivos de PDVSA –sin prueba alguna – de "traición a la patria" (…) FIRMAS QUE RESPALDAN EL MANIFIESTO DE GENTE DE LA ULA (…)". Este Manifiesto se publicó en respaldo de profesores/as (en su mayoría) de la Universidad de Los Andes bajo la denominación de Gente de la ULA (expresión de Gente del Petróleo que provocó y dirigió en Venezuela junto con la CTV y Fedecámaras entre diciembre (2002) y febrero (2003) el paro petrolero de PDVSA) frente a medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional de sancionar a quienes dirigieron y asumieron el llamado golpe petrolero al interior de la empresa petrolera venezolana).

Igualmente, en este mismo contexto de confrontación y polarización, hay que analizar la actuación del gobierno nacional que en aras de su legítima defensa y en respuesta contra el proceso Bolivariano ha asumido y seguido determinada política en las universidades autónomas que hay que considerar como un factor que ha contribuido a que estas instituciones fundamentales de educación universitaria hayan tomado este camino donde el ejercicio real y auténtico de la autonomía y democracia universitaria está completamente ausente. En este sentido, vale recordar la actuación frente a universidades autónomas que tuvo el ex Ministro de Educación Universitaria, Edgardo Ramírez, de confrontación y haber sido un factor fundamental en la elaboración de la fracasada Ley de Educación Universitaria aprobada por la AN el 23 de diciembre de 2009 frente a la cual presidente Hugo Chávez tuvo que vetarla "por inaplicable (…)" y regresarla a ese Poder Legislativo. Otros aspectos de esta política con evidentes errores pueden ser analizados en otra oportunidad por el deterioro causado al funcionamiento de las universidades autónomas y sobre todo en cuanto a la pérdida sufrida en la calidad de vida y bienestar social de la comunidad universitaria; que no ha sido solo en este sector sino que incluye al docente, trabajador, jubilados/as y pensionados/as del país (Este empobrecimiento generalizado del pueblo ha sido producto de forma determinante por la guerra política y económica imperial liderada por gobiernos de EEUU desde el 2015 hasta el presente, proceso reconocido por sectores de esta potencia incluyendo un reciente informe emanado del Congreso norteamericano y noticia transmitida por iguana tv del 24/01/2024, como también por política económica con medidas de carácter neoliberal asumidas por el gobierno nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cómo restablecer esta condición consustancial con su existencia?

Plantearse esta pregunta requiere un análisis cónsono con la dimensión de la realidad expuesta con respecto a la anterior pregunta. Pero hay que tener presente que dada su complejidad, profundidad y diversidad de factores y hechos que hicieron que la que la ULA en tres sucesivos quinquenios no haya sido una Universidad autónoma, democrática y popular implica entender que para enfrentar, restablecer e institucionalizar su condición autonómica y democrática se debe concretar un proceso de transformación académico, global, substancial, continúo y sistemático en el corto, mediano y largo plazo. Pero este proceso debe ser entendido, elaborado y ejecutado con propuestas transformadoras por un colectivo que, diferenciándose substancialmente de quienes la condujo a esa condición, estén dispuestos con toda la fuerza de voluntad y compromiso a dirigirlo con convicción universitaria en particular y nacional frente el país y pueblo venezolano. Se ha de entender, por lo tanto, que este proceso de transformación universitaria no es fácil ni está a la vuelta de la esquina concretarlo. Pero en principio el hecho concreto de que se realicen las elecciones de autoridades universitarias en el lapso electoral establecido es una oportunidad para exponer y discutir ampliamente ese camino imprescindible de transformación, que éste sea un medio efectivo para quienes deseamos con todo corazón, razón y firmeza que la ULA (como universidades autónomas) que la comunidad universitaria mayoritariamente se impregne del espíritu autonómico universitario de quienes elaboraron e hicieron que la Ley de Universidades de 1958 se aprobase el 5 de diciembre (1958) mediante Decreto Presidencial dictado por el Presidente de la Junta de Gobierno de ese entonces Dr. Edgar Sanabria.

Esta inquietud y convicción para que la elección de nuevas autoridades en la ULA sirva para la discusión abierta y respetuosa y abrir nuevos caminos de transformación e institucionalización universitaria, está escrita con el sentido de resaltar que el primer propósito es que la comunidad universitaria con su voto en este proceso y participación protagónica rescate la autonomía y democracia universitaria, en su re-institucionalización y pleno carácter, puesto que sin ellas la ULA y la Universidad Autónoma pierde toda esencia; evitando, además, el riesgo de caer definitivamente en manos e intereses individuales y grupales de destrucción y anti-universidad que serán difícil o imposible de eliminar en un futuro inmediato en caso de consolidarse.

Debo aclarar, que el hecho que se caracterice a la Universidad de los Andes en los términos aquí expuestos no quiere decir, de ninguna manera, que en la ULA en años precedentes (como en el resto de las universidades autónomas) la autonomía y democracia universitaria hayan sido un derroche y ejemplo de una genuina y auténtica autonomía y ejercicio democrático universitario.

Para que no se perciba que hay solo un interés en analizar que la ULA no es una Universidad autónoma, democrática y popular también quiero destacar que desde el punto de vista académico global igual presenta una realidad de gravísimo deterioro y pérdida de bienes y recursos conseguidos con gran esfuerzo para el desarrollo de la investigación y docencia durante décadas de trabajo intenso que en otra oportunidad se analizará a detalle. Sin embargo, para hacer un análisis comparativo a posteriori es importante mostrar aquí el nivel y grado de desarrollo institucional alcanzado por la ULA (1990-2004) citando libros y trabajos publicados con indicadores académicos básicos. Esto a objeto de que se pueda apreciar en algún momento hasta donde ha sido la pérdida y el daño académico que ha tenido la ULA en los siguientes aspectos: sobre la reducción de la planta profesoral; el desmantelamiento y derrumbe de procesos académicos esenciales; pérdida de equipos e infraestructura básica de investigación y docencia; y el deterioro de edificios, instalaciones y áreas verdes que todo esto conforman una realidad muy difícil de reponer, restablecer y restaurar por los elevados costos que ello implica y para volver a conseguir los recursos económicos y financieros que se requiere de manera indispensable y perentoria para que la ULA siga cumpliendo su trascendental misión educativa, cultural y formativa del pueblo, y con la fortaleza científica, humanística, tecnológica, cultural e intelectual de la República Bolivariana de Venezuela.

La información e indicadores básicos que muestra el desarrollo académico e institucional alcanzado entre 1990-2004 por la ULA están los siguientes libros y documentos:

1.La Universidad en un Quinquenio Reflexiones para el Cambio de Hernán López Añez (1996). Análisis histórico de la gestión presupuestaria hecha por el autor al terminar en 1996 su gestión como Vicerrector Administrativo de la ULA.

2. ULA Compilación Legislativa (1996) contiene:

I. Leyes y Reglamentos Nacionales.

II. Normas emanadas del Consejo Nacional de Universidades.

III. Normas emanadas del Consejo Universitario de la ULA.

IV. Tratados y Acuerdos Internacionales. Material publicado en dos tomos como guía y orientación jurídica para decisión de autoridades universitarias y organismos del cogobierno en la ULA.

3. Universidad de Los Andes Plan Estratégico De Desarrollo Académico 1995-2000 (Enero 1999) Plan elaborado por Consejo Académico del Vicerrectorado Académico de la ULA con un diagnóstico y lineamientos de desarrollo de las dependencias académicas adscriptas a este Vicerrectorado como el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico; Consejo de Estudios de Postgrado; Programa de Formación e Intercambio Científico; Consejo de Computación Académica; Servicios Bibliotecarios de la Universidad de Los Andes; Programa de Actualización Docente; y Dirección de Asuntos Estudiantiles.

4. Universidad de Los Andes Papeles para el Cambio (2001) Publicación de documentos como resultado del proceso de evaluación y programación académica para transformación de la ULA, actividad promovida y aprobada por el equipo Rectoral del periodo 2000-2004.

5. Postgrado de la Universidad de Los Andes Lista de los postgrado existentes en la ULA de Doctorado, Maestrías y de Especialidad dictados en las distintas Facultades y Núcleos.

6. Universidad de Los Andes Informe del 2001 elaborado por la Oficina de Asuntos Profesorales de la Secretaría de la ULA titulado Impacto De Las Jubilaciones Del Personal Académico Previstas Para el Año 2002. Informe detallado del número del Personal Académico por Facultad y Núcleo por categoría, becarios, activos y jubilados y otros indicadores académicos de los años 2001-2002.

7. Personal Docente Jubilado de la Universidad de Los Andes (2002) por Facultad y Núcleo por categoría y al 2003.

8. PEI Histórico (Programa de Estímulo a la Investigación) por Facultad y Núcleo de los años 1995-1997-2001-2003. Informa la evolución y desarrollo del número de profesores evaluados y aprobados en este Programa de Investigación a cargo del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la ULA.

9. Universidad de Los Andes PLANDES (2005) Dirección General de Planificación y Desarrollo Perfil Del Personal Académico de la ULA Una Mirada En Cifras Periodo 2004-2004. Informe detallado del Personal Académico de la ULA sobre los siguientes aspectos: Matricula de Pregrado (2000-2004); Matricula de Postgrado (2000-2004); del Personal Académico Activo (1996-2004); Distribución del Personal Académico Según Dedicación Horaria periodo 1996-2004; Personal Académico Según Categoría (1996-2004); Profesores Según Nivel Académico y Sexo (2001-2003) (Valores Absolutos y Valores Relativos); % Personal Académico En Formación Por Facultad Y Núcleo Enero 2005; Profesores Contratados; Distribución Absoluta Y % Del Personal Académico Jubilado Según dedicación Horaria Hasta Diciembre Año 2004 Por Facultad Y Núcleo; Académicos De Nuevo Ingreso Según Categoría Total 2000-2003. Toda esta información básica acompañada de cuadros y gráficos suficientemente ilustrativos.

10. Como una información adicional pero importante referente a cómo en un determinado momento producto de la situación económica favorable que vivió Venezuela a mediados de la primera década del siglo XXI hasta el 2013, se cita el siguiente documento referente al pago de la deuda social a los universitarios por concepto de los intereses de las prestaciones sociales:

"Gobierno Bolivariano de Venezuela Ministerio de Educación Superior Comunicado Caracas, 02 de junio de 2006

Atención Autoridades y Comunidad Universitaria El Gobierno Bolivariano cumple con honrar la deuda social con los trabajadores de la Universidad de los Andes, al cancelarles los intereses sobre las prestaciones sociales del personal egresado durante los años 1995, 1996 y 1997. (Fecha de corte, 31 de diciembre de 2001) (…)" (Frontera viernes 2 de junio de 2006).

El Ejecutivo Nacional siguió con estos pagos, a trabajadores/as de la ULA y demás universidades, entre el 2012 y 2014, tal como está corroborado en 32 listados publicados en la prensa nacional donde de acuerdo al número de cédula de identidad se informaba a las personas beneficiadas (ver PetroOrinoco Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria: 2014).

Es deseable que esté artículo donde se expuso la situación de la ULA desde el punto de vista de la autonomía y la democracia universitaria junto a la información básica de indicadores académicos y administrativos de la ULA que se encuentra en la bibliografía y documentos mencionados, sea un elemento que contribuya a obtener el lector o lectora un conocimiento y un análisis que al respecto quiera hacer. Ojala, sea también, un elemento para que en la Universidad de Los Andes su comunidad tenga y perciba la importancia y trascendencia que tiene para nuestra máxima institución la realización de elección de nuevas autoridades universitarias en todos sus niveles que rompa así y acabe de esta forma con el proceso aquí expuesto desarrollado durante 15 años en la ULA. Donde la autonomía y democracia universitaria han sido las más afectadas cuya consecuencia más significativa ha sido inaplicación del ejercicio pleno del principio y jerarquía constitucional establecida en la CRBV (Artículo 109) de elegir sus autoridades y disfrutar de la democracia participativa y protagónica consagrada en este máximo Texto de la Nación.

La decisión de los miembros de la comunidad universitaria de la ULA más importante está en impulsar su reinstitucionalización en todos sus ámbitos y niveles concurriendo a votar superando y haciendo abstracción de quienes propagan sentimientos pesimistas de no realización de este proceso puesto que lo hacen ocultando sus propios intereses o sumergidos en un espíritu negativo.



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Amado Moreno Pérez

Sociólogo (UCV). Profesor Titular activo de la Universidad de Los Andes. Dr. En Ciencias Humanas.

 amadoula@hotmail.com

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