Pensar la Universidad del siglo XXI: Un debate necesario

      A raíz de la promulgación por parte de la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2010, de la Ley de Educación Universitaria (LEU) se generó  todo un debate muy prolífico en toda la sociedad venezolana. Las razones fueron diversas, así como diversos fueron los alegatos de quienes la apoyaron o la detractaron, pero todos tenían en común un conjunto de consideraciones que deben seguir siendo considerados. 1) La autonomía universitaria, 2) el compromiso ético y político de la Universidad ante la sociedad, 3) la democracia interna, 4) la articulación universidad-sociedad y 5) la administración, reglamentos y vida cotidiana de los miembros de la comunidad- Adicionalmente creo necesario agregar al debate un conjunto de temas conexos: a) el papel, definición y límites del Estado Docente y b) los mecanismos de rendición de cuentas de las estructuras universitarias.

      Sobre este cúmulo de problemas-realidades pudiéramos ejercer un debate que debe tener un marco general: el respeto al pensamiento y la tolerancia. Esta es una condición que se desdibujo mucho durante los momentos coyunturales y críticos donde se abrió el debate. Algunos compañeros, me han señalado que es demasiada extrema y repetitiva mi planteamiento – realmente piensan que es cansón, pero no se atreven a admitirlo- pero sostengo que no. No lo es, pues al ser las universidades sedes del pensamiento racional, la acción irracional, intolerante, que se manifiesta en el irrespeto a las ideas del otro, al abucheo, a la interrupción cuando lo que se expresa no coincide con el pensar - ¿o la rabia?- del auditorio es un tipo de comportamiento que no debe tener cabida en nuestro campus. Sí los universitarios no podemos oírnos en la diferencia, sí no somos capaces de “aguantar” con paciencia los criterios del otro – con el que no necesariamente debo coincidir- mucho menos podemos llamar a la sociedad toda a no caer en la tentación totalitaria de insultar al otro, de interrumpir groseramente cuando lo que escucho no es de mi agrado. Esto es una cuestión ética esencial. No puede haber doblez entre lo que sostenemos los que vivimos de nuestra condición de universitarios y lo que hacemos en la práctica. Ello implica realizar convocatorias amplias – y no sólo de asistencia de todos los sectores- que incluyan puntos de vista distintos, sobre los cuales debatir. No hay debate cuando se convoca una asamblea que reúne a tres o cuatro académicos que piensan esencialmente lo mismo, ahí no hay oportunidad para el diálogo y esto fue lo que en esencia observe, por lo menos en la Universidad del Zulia.

      La posibilidad de fijar reglas en torno a lo que nuestros abuelos llamaban – y nos lo enseñaban en las escuelas- las “reglas del buen hablante y el buen oyente” es un punto primordial. Suena trivial pero no lo es. Sí llegamos a permitir que sea normal la interrupción, la falta de respeto ante lo que dice el otro, nos arriesgamos a dar el paso siguiente de la intolerancia y el pensamiento único: la agresión física. Por eso insisto tanto en este valor. Es un compromiso ético, pues entiendo la Universidad como espacio del diálogo y este solo es posible en condiciones de respeto. Sí afirmamos como escuché a muchos colegas y autoridades, que la Universidad es la sede de la libertad, de la crítica, debemos entender que al constituirse en centro de este valor ético, debemos hacer lo imposible por preservarlo de tentaciones excluyentes e irracionales. Me declaro defensor del derecho que tenemos todos de pensar distintos, de ser escuchados aunque no guste lo que digo y de merecer una respuesta epistémica y gnoseológica seria en torno a los elementos planteados, pero me opongo a la oposición gritona y sin sentido, vacía de contenido que llegué a ver en estos días de intensidad. Creo que este debe ser un principio de acción sobre el cual articular procesos de organización del debate necesario

UN MARCO ÉTICO-POLÍTICO PARA LA TRANSFORMACIÓN

      Sí  algo quedo claro en toda esta diatriba desatada entre finales de 2010 y principio del 2011, es que hay visiones encontradas sobre la Universidad. Nos encontramos los que defendimos la LEU y sostuvimos las bondades que encontramos en ella, tales como la declaratoria de la educación universitaria como un bien público, la incorporación de toda la comunidad al proceso de pleno derecho político en lo interno, el acercamiento con las organizaciones sociales, pero también advertimos sobre el excesivo ordenamiento administrativo y la complejidad de la articulación de algunas de sus estructuras. Los que se opusieron, actuaron sustancialmente señalando que se imponía el “pensamiento socialista”, que el ejercicio de democracia interna vulgarizaba la vida universitaria, que la autonomía se veía amenazada en su esencia conceptual planteada en la Ley del 70 y la Constitución Nacional, para quienes así se alinearon no había en la Ley ningún elemento que resaltar y se filtraba una idea que resaltaba “que todo marchaba bien” en las Universidades.

      Entre una y otra posición se produjo un debate que no siempre fue fructífero. Llegue a leer afirmaciones que nunca observe en la Ley y menos aún se las escuche a los compañeros que la promulgaron, pero sin embargo los universitarios repitieron automáticamente esos alegatos y muchos de los que así lo hicieron no llegaron a conocer en detalle la Ley. Ante esto, la Universidad y todos aquellos que nos duele el estado de deterioro y lentitud en que se encuentra debemos, ante la oportunidad abierta por la decisión del presidente, crear un espacio de encuentro. Eso significa deslastrarse de las posiciones extremas de negación del “otro”. He visto como compañeros con los que compartí luchas estudiantiles y profesorales, asumieron actitudes agresivas sólo por el hecho de dar la cara defendiendo lo que podía defender. Eso me ha hecho pensar que este espacio  de diálogo – que espero no se cierre ahora por parte de los universitarios- debe estar regido por un instrumento que sea aceptado por todos: LA DECLARACIÓN FINAL DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA UNESCO  PARÍS 2009.

      ¿Qué elementos son rescatables y aplicables a la situación de la Universidad venezolana? Creo que son muchos y están en el documento de la Declaración.

      Comenzaría por resaltar:

  1. La condición de la Educación como un bien público, en donde intervienen todos los afectados y esencialmente los gobiernos (resaltado nuestro). Ello lleva a discutir los términos del desarrollo y aplicación del Estado Docente, que se encuentra reflejado en la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada en el 2010. Se debe recordar que es una función del Estado como órgano rector (Art. 5) regir en la materia, asegurar la gratuidad, la continuidad de las actividades educativas en cualquier tiempo y lugar, condiciones de trabajo dignas para los trabajadores de la educación, el funcionamiento del subsistema de educación universitaria (Art.6). Conceptualmente el Estado Docente es una respuesta al carácter confesional de la educación religiosa y al planteamiento privativo de la educación liberal, es decir, es un intento de responder a dos modelos educativos que formalizan distintos tipos de exclusión. Ahora bien, en la discusión de la Ley de Educación Universitaria (LEU) debe plantearse un debate acerca del significado y concreción práctica de este principio en el subsistema.
  2. La comprensión de temas multifacéticos que están relacionados con aspectos económicos, sociales, científicos y sus dimensiones culturales e históricas que resuelvan áreas claves como: seguridad alimentaria, cambio climático, administración del agua, diálogo intercultural, entre otros aspectos.
  3. El desarrollo de las actividades esenciales de las instituciones de educación universitaria, tales como investigación, enseñanza y servicio comunitario (investigación, docencia y extensión en la Ley 1970) debe promover el pensamiento crítico y el desarrollo ciudadano.
  4. Mayor apertura e información de las instituciones, asociada acá como rendición de cuentas y transparencia en el acceso de la información institucional.
  5. La autonomía en términos de relevancia, eficiencia, calidad, transparencia y responsabilidad social. Ello conlleva replantear todo el aparato administrativo- institucional de las actuales Universidades que no se caracterizan por estos principios planteados por la UNESCO.
  6. Garantizar el acceso y la equidad de género. Eso conlleva discutir el tema del financiamiento y la calidad de las estrategias y funciones esenciales de la Universidad.
  7. Disponibilidad de los sistemas de información tecnológica que permita un fácil acceso a las investigaciones desarrolladas en las instituciones de educación universitaria.
  8. Establecer mecanismos de reconocimiento internacional así como limitar la fuga de cerebros, preservando el valor patrimonial intangible de los recursos humanos formados en las Universidades.
  9. Las instituciones de educación universitaria deben establecer áreas esenciales de investigación relacionados con la consecución del bienestar de la población. La investigación básica y aplicada debe estar cohesionado con ese fin social. Ello debe implicar discutir con las comunidades los temas de investigación, abriendo el claustro a ese diálogo interactivo.
  10. Establecer asociaciones exitosas con las comunidades y la sociedad organizada para compartir, divulgar y aplicar los conocimientos generados en la solución de los grandes problemas de las poblaciones

   Estamos ante un Decálogo de Retos tomados de la Declaración de la UNESCO y que pueden ser la base de una discusión temática bien estructurada. Por supuesto, en la propia Declaración encontramos más de 40 puntos de reflexión que pueden ser incorporados, pero a efectos de lo inmediato ponemos este DECÁLOGO DE RETOS PARA LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA DEL SIGLO XXI.

ALGUNOS TEMAS PARA ORDENAR EL DEBATE ENTRE LOS UNIVERSITARIOS

      Sí  aceptamos partir de este DECÁLOGO podemos iniciar la consolidación de un espacio permanente para la discusión. Y digo permanente pues creo que los universitarios hemos sido epilépticos – por lo inconstante, en la discusión crítica de la situación universitaria. Debo hacer un poco de historia. Desde inicios de la década de los años 90 del pasado siglo XX, se viene intentando aplicar en nuestro país intentos de Reforma Universitaria. En esos años, estaban enmarcados en el planteamiento de una educación neoliberal que insistió  en el retiro de la inversión pública al sector universitario y el impulso a formas privadas. Ello explica la diferencia encontrada entre la matrícula en instituciones oficiales y privadas. Posteriormente, con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998, desde el Ministerio de Educación, en esos momentos jefaturado por el actual Diputado Héctor Navarro, se dio inicio a una discusión que paso por una fallida promulgación de la Ley Orgánica de Educación, propuesta en el año 2001 por Carlos Lanz y la redacción de un Proyecto de Ley de Educación Superior (PLES) surgido del entonces Vice-.Ministerio de Educación Superior.

      Cuando se produjo esa propuesta se generó un espacio de consulta, promovido a través del Observatorio de Reformas Universitarias (ORUS-Ve), que encabeza nuestro buen amigo Rigoberto Lanz. Desde los años críticos del 2002-2003, se ha venido tejiendo una iniciativa que no ha sido galvanizada por las Universidades. De hecho, a pesar de contar con apoyos interesantes, como el ejecutado por la buena amiga Ana Julia Bozo con el apoyo del Vice-rectorado Académico de LUZ (en ese entonces ejercido por la Dra. Teresita Álvarez 2000-2004) no hubo una extensión de las consideraciones surgidas en ORUS-Ve en una práctica de transformación. Quizás porque no hemos pensado la transformación. Ni desde la izquierda histórica ni desde la derecha. No queremos pensarnos en un contexto de transformación. ¿Por qué se produce esto?

      La respuesta debemos buscarla en el hecho que se asume hacia lo interno de la Universidad que la reforma transformadora es una opción. Eso es, que hay cosas que funcionan mal pero se puede subsistir con ellas y por lo tanto es más cómodo mantener la lentitud, la futilidad, la corrupción subsistiendo con quienes hacen malabares para investigar, enseñar y acceder a un diálogo constructivo con las comunidades. Los universitarios nos hemos preocupado más por el pago de las deudas, por la aplicación de las normas de homologación, por elementos económicos que por un ethos crítico. De hecho hemos pasado de una irreverencia extrema – renovación de los 60- a una comodidad pasmosa y acrítica. Por eso, iniciar una discusión sobre las bases del DECÁLOGO tomado de la Declaración de la UNESCO me parece un buen comienzo.

      Hay un conjunto de áreas críticas que pueden ser pensadas y sostener una discusión que avance, paso a paso, en pequeñas reformas. Creo que intentan abordarlas todas, puede conducir a un nuevo estancamiento, pues la susceptibilidad que será afectada por estas reformas, altera el “estado de cosas” en que tan cómodamente están los universitarios.

TEMA N°  1: LA DEFINICIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

      El 1er problema es el de la composición de la Comunidad Universitaria. La ley de 1970 es clara en la definición de la comunidad (Art 1: “La Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre.). Se excluye de ella al personal obrero y administrativo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 109 no la define explícitamente pero insiste en la composición en casi los mismos términos de la Ley de 1970, incluyendo los egresadas y egresadas pero dejando fuera al personal obrero y administrativo del compromiso de contribuir a la búsqueda del conocimiento.

      Sí  bien esto es así de hecho y de derecho, no creo que sea justo y equitativo mantener esta exclusión. Hay un elemento que contradice este elemento y se encuentra en la propia CRBV. El art 3 señala que “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.” Sin duda, queda implícito el ejercicio de la participación democrática a través de la educación y ello conlleva que se dé, sin discriminación de la condición académica o laboral. El art.19, avala esta postura y la amplía al señalar: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”. La participación democrática es un derecho humano reconocido y que no puede ser excluido en una parcialidad como es la Universidad.

      Cuando excluimos -basados en un articulado que data de 1970 o sobre la base de una percepción recogida en la Constitución que se contradice con una nueva realidad que tenemos ante nuestros ojos- la participación de una parte de la comunidad – aunque no los incluya son parte sustancial de ella- estamos siendo segregacionistas. Me decía en algún momento un colega profesor que estimo mucho, que el personal obrero y administrativo es ACCESORIO a la función de docentes y estudiantes. Mi respuesta es ¿por qué no considera accesorio al personal administrativo cuando sale la nómina? ¿ o cuando se aprueba el procedimiento de concurso o ascenso, o cualquier otro procedimiento? Estos procedimientos son claves para las funciones de investigación, enseñanza y servicio comunitario, pero a pesar de ello – ególatramente- consideramos ACCESORIOS (no importantes) a los obreros y administrativos. No hay ninguna actividad que llevemos adelante los profesores que pueda llegar a buen fin sin que participen el personal mencionado. Sí en la práctica es así, por que negarnos a reconocerlo de derecho.

      Creo eso sí, que hay elementos que discutir. Han manifestado algunos docentes que obreros y administrativos no tienen la capacidad de decidir en asuntos académicos. Yo pongo en duda ese hecho. Pero aún aceptándolo, que tiene de malo discutir con ellos el diseño de los contenidos. ¿Acaso no podemos convencer de lo adecuado de nuestros criterios a los demás?¿No hay más democracia cuando dialogamos lo que hacemos? Se trata de abrir un espacio para que los obreros y administrativos tengan voz y voto en este tipo de discusiones que están enmarcadas en una profunda idea de democracia.

      La reconceptualización de la Comunidad universitaria es obligatoria, es una deuda histórica que puede permitir la democratización de los procesos.

TEMA N°  2: LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS PROCESOS UNIVERSITARIOS

      Sí  avanzamos en la inclusión de obreros, administrativos, estudiantes, todos los profesores (sin importar su categoría) para la discusión de los procesos académicos y de investigación, facilitando que estos sectores tradicionalmente marginados sean parte importante –  en algunos casos ya lo son- del quehacer nuestro, podemos dar inicio a otro paso significativo: la definición de los mecanismos democráticos en lo interno.

      El planteamiento de buena parte del profesorado es que la cualidad del personal administrativo y obrero para participar con derecho a voto es limitada. No hay mayor muestra de exclusión y sectarismo antidemocrático de quienes dicen ser la esencia de la participación. Alegan que como van a equipararse en el voto con los docentes, que con cual criterio van a participar en la elección de las autoridades. Alegan que al extender esto a los estudiantes serían ellos quienes decidan y no los grupos de poder – o de interés- que estructuran los profesores. Particularmente no veo ningún problema en esta participación. Conozco de universidades donde docentes, administrativos, obreros y empleados participan con su voto en los procesos esenciales. Desde mi óptica esto daría legitimidad a una circunstancia que sucede continuamente en nuestros espacios: la designación de Directores de escuela o dependencias sin méritos o capacidad. Sí se acepta este problema numérico, es decir, en el hecho cierto que estudiantes son mucho más numerosos, pudiéramos discutir un mecanismo que avanzaría hacia la mencionada paridad: que cada uno de esos sectores represente el 25% del total de votos. Así, las autoridades que sean electas contarían con la anuencia de todos los que conforman la comunidad en este replanteamiento. Se puede ser más específico al plantear un conjunto mínimo de requisitos (académicos, morales, éticos, de desenvolvimiento) de quienes sean candidatos y que los sectores decidan. No ceo contradicción en hacerlo sí ya lo hacemos para elegir representantes al Consejo Legislativo, a la Asamblea o a la presidencia o Gobernación. ¿O es que acaso la universidad es mejor que el resto del país y que no puede producirse en ella lo que ejercemos normalmente?

TEMA N°  3: EL ESTADO DOCENTE Y LA AUTONOMÍA

      Como he señalado, la LOE define al Estado Docente y los términos en que se desenvuelve. Eso significa apegarse a lo establecido en la declaración de la UNESCO que declara la educación como un bien público. Ahora creo que la discusión es en torno a la extensión de ese Estado Docente y sus responsabilidades en el subsistema de Educación Universitaria. Quizás una de las más crudas críticas hechas a la LEU tienen que ver con la excesiva concentración de competencias en el Ministro (más de 65 competencias), pero hay que entender que su formulación obedece a la circunstancia real que bajo la sombra de la autonomía las Universidades se han constituido en un Estado dentro del Estado. Sin embargo, el exceso en esta formulación tuvo su costo político y conflictual.

     Al respecto, apegado a la LOE el Estado debe reglamentar el funcionamiento de las Universidades, concretamente en cuanto a la discrecionalidad que le otorgaba la Ley de 1970 en lo que respecta a la parte económica (Art.9, numeral 4). Ello significaría avanzar en una doble vertiente: 1) el control interno, derivado de mecanismo de contraloría social ejercido a través de comisión de composición múltiple (obreros, empleados, estudiantes y docentes) y 2) control externo, producto de mecanismos articulados entre organismos del Estado y de las estructuras comunitarias. Todo ello en función de evitar los retardos en la ejecución de partidas o los desvíos por decisión del Consejo Universitario o las autoridades.

     La Autonomía, en concordancia con lo establecido por la UNESCO (París 2009) debe estar enmarcada en cuatro variables: calidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad social. En este punto debe abrirse un compás de diálogo con el objeto que entre los actores inmersos formulen los indicadores de cada una de esas variables. La autonomía no debe significar impunidad, tal como ha sido hasta ahora y mucho menos continuar con la condición de inauditables que tiene la administración universitaria.

     La autonomía debe mantener lo relacionado con el gobierno, pero este debe abrirse al sentido democrático de comunidad que hemos planteado. No es posible seguir manteniendo – en el marco de la autonomía- un gobierno que no permita la participación democrática de un sector tan importante como lo son obreros y administrativos.

TEMA N°  4: FINANCIAMIENTO PÚBLICO

      Sí  se aplica y acepta la declaración de la Educación Universitaria como un Bien Público, y el Estado introduce el tema de la ampliación de la matrícula, aunado al proceso de construcción de acuerdos en lo que respecta a la autonomía (rendición de cuentas), el Estado debe comprometerse a incrementar las condiciones económicas y de infraestructura de las Universidades, haciendo posible la ampliación de la matrícula, la elevación de la calidad académica y la formulación de soluciones a la problemática nacional, regional y local. Un acuerdo es posible: rendición transparente de cuentas de ejecución de los dineros públicos a cambio de apoyo financiero para renovar planta docente, incentivo a la investigación, apoyo al servicio comunitario, sustento de las providencias estudiantiles como ejes prioritarios.

TEMA N°  5: CARRERA ACADÉMICA

      Este tema es uno de los más álgidos y espinosos, en el marco de los intereses de clase de los profesores. Tradicionalmente la autonomía vigente aún, ha permitido el dictado de reglamentos particulares que tienden a favorecer a los intereses representados en los diversos grupos de poder. Los reglamentos de evaluación de credenciales son tan ambiguos, tan sometidos a la discrecionalidad de los jurados, que se facilita la manipulación y con ello se perturba lo que debe ser un proceso pulcro y traslúcido: el ingreso del personal y su ascenso académico.

      Una nueva Ley debe mantener la propuesta que los jurados evaluadores estén conformados por dos (2) jurados externos, con el objeto de disminuir los acuerdos que buscan favorecer a individuos articulados en los grupos de poder. Hacerlo sin embargo, no es suficiente. Creemos debe cambiarse los parámetros de ascenso. No es suficiente la presentación de un trabajo, debe incluirse mecanismos de evaluación de la función investigación y servicio comunitario. Es decir, para ascender de instructor a asistente, además del trabajo, debería solicitarse artículos publicados y demostrar trabajo aplicado en las comunidades durante dos (2) años. Para ascender de asistente a agregado, lo mismo y en la medida que se suba en el escalafón la exigencia de investigación aplicada a la resolución de problemas del entorno debe ser mayor. Sobre este aspecto se debe trabajar en un baremo preciso, sin ambigüedades que permita ponerle control a lo que sucede en nuestra universidades, donde los docentes se consiguen con dos (2) tipos de jurados: 1) uno de amigos, que normalmente otorga mención publicación y 2) otro de enemigos, que retrasan, objetan y boicotean el ascenso, por meras relaciones de poder y conflicto.

      Son estos 5 aspectos, que propongo como epicentro inicial de la discusión. Estoy consciente que quedan por fuera temas como la calidad de la generación de conocimiento, validación de títulos y movilidad, entre algunas otras áreas claves, pero como dije, es una propuesta inicial para direccionar la discusión y medir la disposición a pensar la universidad, como un acto constante y no como respuesta epiléptica al accionar del Gobierno. Veremos sí la intención de abrirse a la discusión es una realidad o como ha ocurrido otras veces, es sólo un formalismo. 

  

     (*) Docente e investigador

     Universidad del Zulia

     Juane1208@gmail.com

 


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Juan Eduardo Romero Jiménez

Dr. Mgs. DEA. Historiador e Investigador. Universidad del Zulia

 juane1208@gmail.com

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