A continuación comparto el resumen de un trabajo de investigación, donde analizo la estrategia jurídico-política utilizada por el poder ejecutivo nacional para mutilar el derecho humano a la democracia participativa. Dentro de los métodos empleados para llevar a cabo tal cercenamiento, destacan el encapsulamiento corporativo, la arbitrariedad legislativa y la judicialización de la desprotección constitucional, entre otros.
Todos los cuales forman parte del edificio ideológico de las mal llamadas leyes del poder popular. Dichos métodos de cercenamiento a la democracia, serían constitucionalizarlos mediante la actual propuesta constituyente en ciernes. El trabajo se intitula, “El Derecho Humano a la Democracia Participativa en la Legislación Venezolana. Un Análisis desde la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.” De Carlos Molina Graterol. Disponible en: http://saber.ucv.ve/handle/123456789/15811
Resumen
El presente trabajo, analiza las razones jurídicas y políticas que conllevan al desconocimiento por parte de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2012), del derecho a la democracia participativa contenida en la Constitución venezolana de 1999. Se sostiene que tal violación, es consecuencia de una práctica sistemática basada en arbitrariedad legislativa, mediante la cual el parlamento, se subordina al poder ejecutivo nacional en la esfera de un régimen autoritario de estirpe patrimonialista, que privatiza las instituciones públicas para favorecer los intereses de la clase política que hegemoniza el poder de Estado.
Se trata de un esfuerzo por develar las razones histórico-políticas que dan lugar a una Constitución material fraguada conforme a un proyecto político que toma distancia axiológica de la Constitución formal originada mediante proceso constituyente. En consecuencia, se argumenta que la antinomia entre un tipo y otro de Constitución, produce a su vez un desgajamiento entre Constitución y Ley, pues esta última al ser la reproducción de un proyecto político-ideológico desentendido de la Constitución formal, hace de la arbitrariedad legislativa una práctica rutinaria.
En este sentido, se evidencia que la pretensión del legislador ha sido la de encasillar el derecho a la democracia participativa, en un esquema cerrado de procedimientos que cual receta culinaria, permitiría su domesticación en tanto tentativa para coartar el potencial transformador y emancipatorio, inherente a este derecho humano. El fin último es pues, la instauración de un sistema de control y desmovilización de las organizaciones de la sociedad civil, mediante la estrategia del encapsulamiento corporativo (O¨Donnell).
Por otra parte, se examinan las posibilidades jurisdiccionales de protección de la Constitución, considerando el contexto político caracterizado por la hegemonía de una Constitución material que desfigura la objetividad del máximo Tribunal. De donde se desprende que poco o nada, está al alcance de esta instancia en defensa de la Constitución, si no hay una fuerza social capaz de obligarla al cumplimiento de su deber. Finalmente, ofrecemos un conjunto de recomendaciones con la expectativa de contribuir con una lectura de la Constitución, que favorezca la recuperación de la democracia participativa, a través de la elaboración de una nueva ley o, a lo sumo, de una reforma profunda de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
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