Si miramos la mal llamada Descentralización solo como un fin en sí mismo y no como un instrumento para la consecución de aquel, subordinado a una política concreta que se gestó en un contexto histórico determinado, signada por los intereses de una clase dominante, entonces de seguro correremos el riesgo de realizar un análisis incompleto y por supuesto manipulado de la realidad que ahora vivimos y que se materializa por la vía de la modificación de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, fervientemente defendida por el Ejecutivo Nacional y ferozmente atacada por la llamada oposición.
En este sentido es pertinente recordar el contexto histórico, político y social que estaba viviendo Venezuela cuando esta ley se aprobó, como complemento a otra ley que permitió a final de los años ochenta, la elección directa de los gobernadores de estado, alcaldes, concejales y miembros de las juntas parroquiales.
En el plano internacional, llegaba a su fin la denominada guerra fría, con el derrumbe del modelo soviético, la caída del muro de Berlín y los gobiernos del Bloque Socialista de los países de Europa del Este. Eran tiempos de la Perestroika y el Glasnot – procesos de reforma política y económica adelantados por Mijail Gorbachov, para entonces Presidente de la Unión Soviética y que dieron al traste con ese país – pero también de neoliberalismo y Consenso de Washington. Este último creado por los Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental, como mecanismo para la progresiva conversión de aquellos países, al esquema democrático liberal – burgués, a la liberación absoluta de los aranceles y esquemas impositivos nacionales en el plano económico, a la reducción del papel del Estado en la economía de cada país, en el plano político, por la vía de la privatización de todos los sectores controlados por éste y que impedían a decir de “los expertos” el libre comercio, el crecimiento económico y la libertad plena de todos los ciudadanos del mundo.
En Venezuela, durante 1.989, llegaba por segunda vez al Gobierno Carlos Andrés Pérez, para ponerse al frente de un sistema de gobierno que hacía aguas en el plano económico, con la devaluación del bolívar y el deterioro progresivo del poder adquisitivo de los venezolanos, que comenzó a hacerse notar en el año 1.983, con el llamado “Viernes Negro” y que haría implosión, desde el punto de vista social en el mes de febrero del año 89 con la revuelta popular conocida como “El Caracazo” y en el ámbito político durante el año 1.992, con los alzamientos militares del 4 de febrero y 27 de noviembre, respectivamente.
Allí, en medio de ese proceso convulso y contradictorio, nació eso que desde entonces se conoce como la descentralización. Un mecanismo que a nuestro juicio, sirvió en el plano político para debilitar aún más el ya debilitado Estado Nacional, reciclando a la clase política de entonces – AD y COPEI – por la vía de la elección directa de los gobernadores y alcaldes, construyendo un espejismo que le hizo creer a las mayorías nacionales, que al elegir de manera directa a estos gobiernos regionales y locales, se conseguía con ello, una mayor autonomía y desarrollo, principalmente para la provincia venezolana.
A la par de este proceso, se privatizaban sectores estratégicos del país nacional, como el complejo de las industrias básicas del hierro y el aluminio ubicadas en Guayana, se vendía a precio de gallina flaca la CANTV, una importante parte del sector eléctrico nacional, la Compañía Estatal de Navegación, a la vez que se descentralizaban las competencias en materia portuaria y aeroportuaria a los recientemente electos gobernadores, con el fin de que progresivamente estos mismos procesos de privatización y venta al capital financiero internacional de sectores fundamentales de nuestra economía, fueran adelantados a escala regional con la tutela de un Estado Nacional cada vez más desdibujado y amparado por agentes económicos externos, que lo dirigían en función de sus intereses.
No en balde, de ese proceso de descentralización, salieron a la postre y luego de “gestiones de gobierno exitosas” en sus respectivos estados, varios candidatos presidenciales adeptos a los viejos partidos de lo que hoy se conoce como la Cuarta República, que mediante una aparente renovación de sus liderazgos pretendían perpetuarse en el poder por la vía electoral, mediante un sistema basado en el fraude a la voluntad popular y que en el plano económico y social sumía cada vez más a la mayoría de nuestra población en la más espantosa de las miserias. De allí salieron Oswaldo Álvarez Paz – ex gobernador del Zulia y “nuevo” candidato de COPEI a la Presidencia – Salas Romer – ex gobernador de Carabobo y “nuevo” candidato de Proyecto Venezuela, apéndice de COPEI, a la presidencia – Claudio Fermín – ex Alcalde de Caracas y “nuevo” candidato de AD a la presidencia – Andrés Velásquez – ex gobernador de Bolívar y candidato de la Causa R a la presidencia; todos o casi todos provenientes de las filas de los partidos del establishment y subsidiariamente continuadores de las políticas en boga para ese momento, que puestas al servicio de la economía global, adelantaban la venta a pedazos de nuestro país al capital internacional, con sus habitantes incluidos, sometidos a la vez a una legislación interna importada desde los centros capitalistas del mundo, que despojaba a los trabajadores de sus beneficios laborales, flexibilizando las leyes de esa materia y maximizando la ganancia a costa de aquellos.
Dicho esto y ubicados en aquel contexto, es que podemos entender la actitud de quienes hoy por hoy se oponen a la reforma de los artículos XXXX de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. Son los herederos de aquella política entreguista y desnacionalizada, que al ver trastocado el status quo que ellos propugnaban, reaccionan en defensa de los intereses económicos propios y de los que son sus amos.
En este sentido, consideramos como profesionales del Derecho, que este no es sino la expresión jurídica de una concepción política e ideológica que se tiene o se llega a tener de la realidad social que nos circunda, ora como venezolanos, ora como ciudadanos del planeta y que nos obliga a transformarla en aras de la justicia, mediante instrumentos legales que respondan al interés colectivo y que contribuyan mediante su aplicación a la recomposición orgánica del tejido social nacional, como paso primero e indispensable para la construcción del Estado social del Derecho y de Justicia, señalado en nuestra Constitución.
Por ello y solo por ello, partiendo de una concepción humanista, inclusiva, con preeminencia en lo social y en la democratización de la política, fue posible que mediante un prístino proceso constituyente, nuestro pueblo se diera para sí, una constitución política como la actual y recientemente enmendada. Solo por ello es que han sido posibles los procesos de recuperación de las empresas estatales otrora privatizadas. Solo por ello ha sido posible la organización popular y el establecimiento de mecanismos legales que permiten que la participación social en los asuntos públicos sea una entelequia, un discurso hueco y ayuno de contenido y solo por ello es que hoy por hoy, nuestro país ya no es una colcha hecha con retazos, sino una fuerte cobija orgánicamente tejida y unida en su conjunto bajo un gobierno que gústele a quien no le guste fue democráticamente electo por la MAYORIA.
En consecuencia, creemos que a la par de que se fortalece al Estado Nacional, con providencias legislativas como esta, deben impulsarse reformas orientadas al robustecimiento de la organización social, a los efectos de que de manera progresiva, sea la comunidad la que tome las riendas de su destino a nivel regional y local, pero con una visión de unidad nacional que impida que se desdibuje la integridad político – territorial de la República y la existencia del nuestro, como un país libre y soberano en el ámbito internacional.
Paralelamente a la adopción de los puertos y aeropuertos por parte del Estado Central, deben intensificarse las políticas dirigidas al impulso de la producción nacional – alimentos, medicinas, insumos para la industria, tecnología, etc. - ya que pese a los esfuerzos que nos consta que el Gobierno Nacional ha realizado en este sentido, aún Venezuela sigue importando en demasía, buena parte de lo que aquí se consume.
De igual forma, en tanto y en cuanto se centralicen las competencias consideradas estratégicas, dada su incidencia en la vida del país, en manos del Gobierno Nacional, debería iniciarse un proceso de desburocratización primero y de descentralización después, de aquellos elementos que por formar parte de la cotidianidad local, deben estar no solo en manos de los gobernadores y alcaldes, sino del pueblo como combustible del Poder Popular.
Y decimos esto porque entre las viudas de la reformada ley y entre muchos de sus defensores, contamos con quienes una vez obtienen por la vía de la descentralización por parte del Gobierno Nacional una competencia especifica, con los respectivos recursos para su desarrollo, son incapaces de promover la descentralización de éstas a las comunidades organizadas, bien en Consejos Comunales u otros sujetos de descentralización, de aquellos que preceptúa el artículo 184 constitucional y que en vez de facilitar la socialización de los procesos políticos que está experimentado nuestro país, fungen como muros de contención a la creatividad, al empuje transformador y al espíritu liberador de la comunidad y de los cientos de hombres y mujeres que como agentes libres del movimiento popular y sin ostentar cargo alguno, trabajamos diariamente en la construcción del socialismo bolivariano.
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(*) Abogado
