A raíz de la expropiación de Agroisleña por parte del Gobierno Nacional han surgido voces a favor y en contra de la medida. Es necesario enfocar la medida como de orden estratégico, necesaria desde la puesta en vigencia de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV), por ser una empresa con funcionamiento contradictorio con los principios de la Constitución en cuanto estaba en contradicción con el artículo 127 que expresa: “Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos,……”; con el artículo 305 que señala. “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población;.... La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícolas, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. ………”.
Siendo entonces esta una empresa que se dedicaba a la importación, fabricación, distribución de equipos, materiales e insumos agrícola, fundamentalmente para promover la agricultura industrial, de la revolución verde, con alto peso de contaminantes ambientales, generadora de dependencia tecnológica y con relaciones comerciales con productores a los que sometía a la dependencia, era imprescindible llevar a delante su regulación para la protección del medio ambiente, generar tecnología nacional y promover la soberanía y la seguridad alimentaria, cosa que nunca fue la razón de Agroisleña, y su fin único fue el lucro a partir de la comercialización de productos agrícolas diversos, sin importar su origen, efecto ambiental, sanitario o social.
La ejecución de esta medida conlleva un compromiso para el Estado, campesinos, pequeños y medianos productores, acuicultores, pescadores, técnicos y científicos venezolanos comprometidos con la transformación de la agricultura venezolana, en especial con los que mantienen una visión agroecológica, por cuanto esta expropiación no debe servir para que el Estado se convierta en promotor de insumos de transnacionales como Monsanto o Bayer o cualquier otra, que nos han impuesto patrones tecnológicos foráneos causantes de desastres ecológicos como el de Calabozo, o de contaminación ambiental como en el Valle de Quibor o los Andes venezolanos, sino todo lo contrario: rescate de saberes, tradiciones, producción de bioinsumos con recursos autóctonos, solidaridad entre los hombres, producción de alimentos sanos, de redes de distribución de alimentos, y que ha sido el norte del gobierno revolucionario y que se expresa en las diferentes leyes promulgadas: de Tierras y Desarrollo Rural, de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, de Salud Agrícola Integral.
Es un gran reto para avanzar en el estudio de los agroecosistemas venezolanos, en el rescate de saberes ancestrales y tradicionales, amigables con el medio ambiente, la generación de nuevos saberes y conocimientos que permitan diseñar la transición de la agricultura convencional hacia una agricultura ecológica y el desarrollo de la agroecología como filosofía de vida de los pobladores y trabajadores de la agricultura venezolana y del pueblo en general, que sea ejemplo para otros países.
Desde el ámbito académico es vital hace letra viva el Artículo 110 cuando indica: “El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional….”, mediante políticas, planes y programas que coloquen a nuestro país en la senda de la agroecología y entre las instituciones del Estado que están obligadas esta la Universidad Bolivariana de Venezuela con su Programa de Formación de Grado en Agroecología.
Es el momento de elevar la lucha por el fomento y desarrollo de la soberanía alimentaria como derecho de los pueblos de generar sus propias políticas para producir y acceder a alimentos cualitativamente y cuantitativamente de calidad, a toda la población y ser coparticipe de la medida del Gobierno Nacional de transformar esa empresa, lo que conlleva hasta a su liquidación para dar cauces a otra, que ya se ha denominado Agropatria, bienvenida y nuestro compromiso con la patria bolivariana, revolucionaria, ambientalista y agroecológica.
Bienvenido el reto, asumirlo es una obligación ética y moral.
Trabajador Académico del PFG Agroecología. UBV.
gonzalopastranl@gmail.com
