Caso Fiscalía

Noticia vieja (7 meses) producto de una campaña difamatoria perversa, organizada por mi ex-esposa y su hermana abogada, en su afán de evitar a como dé lugar que pueda entrar en contacto con mi hijo Daniel, hoy de 10 años de edad, a quien no he podido ver desde julio del año 2000 es decir desde hace 8 años. Envío dos artículos de mi autoría publicados en el prensa nacional sobre el caso, en dos momentos de desarrollo de estos acontecimientos: El primero hace 7 meses cuando se produjo esta noticia y el segundo hace 5 años, cuando el caso aún no se había hecho del conocimiento público. Alguien con mucho poder, de tiempo en tiempo hace circular esta noticia en medios tan diferentes como Aporrea, El Nacional, El Universal, la Agencia Bolivariana de Noticias, Globovisión, Radio Caracas TV, Radio Caracas Radio y Televén. Por alguna razón, desconocida para mí, coinciden los intereses de una ex-cónyuge desquiciada con los de otras personas en su intención de dañarme moralmente. Espero se publique esta nota, con los dos artículos señalados, teniendo en consideración la importancia del rescate de la verdad. Gracias, LFT


Ni prófugo ni agresor de menores

Luis Fuenmayor Toro

De regreso, luego de unas vacaciones programadas desde marzo, y no prófugo de la justicia, como torcidamente insinuó una nota de la fiscalía 66 nacional, me encuentro difamado e injuriado públicamente, mediante la utilización perversa de una trágica separación conyugal, que me ha mantenido sin ver a mi último hijo desde sus dos años de edad. En forma inaudita se me ha privado de conocer y disfrutar del niño desde hace siete años, lapso en el que no ha habido fiscales, ni jueces, ni leyes, ni tribunales, que hayan garantizado mis derechos de padre y, lo que es peor, que hayan garantizado al niño su derecho a tener padre y una familia paterna. Ni siquiera tengo una foto del niño, pues de todo fui despojado en julio de 2000 cuando, con unos mercenarios como testigos y sin permitirme defensa ninguna, un tribunal permite el abandono del hogar y el secuestro del niño por todos estos años.

Pareciera ya una costumbre de jueces, fiscales y auditores venezolanos, la de violentar el debido proceso y el derecho de todo ser a defenderse, para luego mentir y manipular a la opinión pública con medias verdades, como calumniosamente lo hizo la nota del fiscal 66 ya señalada, quien afirmó que tenía todo listo para imputarme, luego de realizar los exámenes debidos y recolectar la información de los parientes del niño. ¿Cuáles parientes? Su padre, quien escribe, no ha sido ni siquiera notificado. Sus hermanos mayores no han sido citados; sus tíos paternos tampoco, ni muchos otros que conocieron de cerca la realidad de una relación tristemente destruida por la presencia de conductas paranoicas.

Las medidas de protección han debido ser para mí y para el niño, víctimas reales y únicas de los sucesos. Quien acusa desatendió decisiones tribunalicias, que obligaban a presentar al niño para reuniones inicialmente vigiladas con su padre en el tribunal. Incumplió también la orden judicial de realizarse los exámenes psicológicos y psiquiátricos que demostraran su salud mental. Nada de esto dice el fiscal 66, a pesar que todo está en las actas procesales de un divorcio muy traumático. Ah… El despliegue publicitario amplio y sincronizado de la noticia demuestra la existencia de intereses políticos bastardos detrás de la misma.

Últimas Noticias, pp 70, 17-10-2007, Caracas.


El siguiente es un artículo publicado hace tres años, en el que narro el lamentable caso de un supuesto amigo, que realmente era yo mismo.


Tengo tres años sin verlo

Luis Fuenmayor Toro
Recientemente, en conversación con un amigo, me enteré de uno de esos dramas humanos que uno cree posibles solamente en las novelas de radio y televisión, conocidas popularmente como “culebrones”. Mi sorpresa fue aún mayor cuando me entero que el caso no es único ni poco frecuente, sino que, muy por el contrario, es algo que ocurre con bastante frecuencia en ese complejo mundo de los problemas de la mujer, el niño y la familia. Campo legal que, hoy lo digo con absoluta seguridad, mantiene a muchos padres en indefensión total y viola los derechos del niño de conocer y disfrutar a su padre, por el simple capricho, retaliación o paranoia de la madre, quien, en muchos casos, está muy lejos de ser la parte débil del conflicto familiar.

Hace unos tres años, me cuenta mi amigo, al llegar un miércoles en la tarde a mi casa me encontré que mi esposa se había marchado y se había llevado con ella a mi pequeño hijo de escasos dos años, además de llevarse todo lo que consideró le pertenecía, sin dejar ni siquiera una foto del pequeño ni ningún artículo que permitiera recordarlo. Estalla en llanto inmediatamente y durante algunas horas se mantuvo ajeno al ambiente exterior, afligido con sus pensamientos y recuerdos, con una tristeza y un sinsabor profundos, estado anímico similar al de las personas víctimas de tragedias de grandes dimensiones. Luego del impacto inicial se comunicó con su esposa y trató, por todos los medios posibles, de enfrentar y resolver racionalmente la situación. Logra reunirse y conversar con ella y ver al niño, de quien siempre estuvo muy cerca como padre y a quien podía dedicarle muchísimo tiempo, pues ya estaba en proceso de jubilación universitaria. Lamentablemente, pese a sus esfuerzos, no hubo forma de reconstituir la relación de pareja, pues la condición de su cónyuge era eliminar el contacto del niño con su familia paterna y limitárselo al propio padre. Esto, por totalmente irracional y contranatural era completamente inaceptable por el padre.

Se decidió entonces el camino del divorcio y aquí es donde la tragedia adquiere sus mayores dimensiones. Su esposa lo acusó judicialmente de violencia conyugal y maltrato de su menor hijo, mediante testigos falsos. Afirmó en el tribunal que el padre había tratado de ahogar al niño en el río donde se bañaban, como castigo por haberse ensuciado una mejilla mientras comía durante el baño. Parece un chiste, pero no lo es. Sin derecho a la defensa, sin el debido proceso, se le prohibió acercarse al niño o comunicarse con la madre para saber del mismo y desde entonces, hoy más de tres años, “no sé de mi hijo”, “no lo he podido ver”, “ya no debe conocerme”.

Durante el juicio se realizó todos los exámenes psiquiátricos y psicológicos que el juez exigió. La madre del niño, en cambio, no asistió a ninguna de las consultas exigidas. Nunca dejó de depositar el dinero para los gastos del niño; la pensión que luego fue fijada ha sido pagada religiosamente. La madre le ha bloqueado varias cuentas bancarias, entre ellas una de prestaciones, pero la juez que luego se encargó del juicio no accedió a bloquear las prestaciones de la madre. El tribunal fijó días de visita en su propia sede, para que el padre viera a su hijo y asegurar el derecho del niño de ver a su padre. La madre, contraviniendo la orden judicial, no se presentó a las citas y durante meses dejó al padre esperando en el servicio social del tribunal. Nada de esto fue considerado por la jueza que se encargó luego del caso, quién además violentó varios procedimientos legales en contra del padre y del niño.

Le pregunté si él como médico no se había dado cuenta de la existencia de una clara perturbación mental de su esposa. Me explicó que un año antes del abandono del hogar tuvo la certeza de que su esposa sufría de paranoia, pues su conducta así lo indicaba cada vez con mayor claridad. De celarlo sin justificación y en situaciones absurdas, pasó a restringirle su contacto con el hijo y a impedirle estar a solas con él, restringir las visitas a sus familiares paternos, hasta prácticamente secuestrarlo de su padre dentro de su misma casa. El caso continúa, el divorcio no ha concluido. He allí una historia muchas veces repetida con pequeñas diferencias, que debe hacernos pensar en torno a la efectividad de las leyes vigentes sobre la materia.

La Razón, cuerpo A, pp 2, 31-08-2003, Caracas.


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