Bienes comunes vs propiedad privada... en tiempos de pandemias

Bienes comunes, deudas y patentes de la industria farmacéutica

Desde el inicio del capitalismo, los bienes comunes fueron sistemáticamente cuestionados por la clase capitalista en su lógica de mercantilización y de apropiación privada. Entre los objetivos perseguidos por los capitalistas, cuando comenzaron a invertir en las manufacturas europeas, hace varios siglos, estaba la supresión de las fuentes vitales de subsistencia de la mayor cantidad de pequeños campesinos y campesinas, quienes constituían, de lejos, la mayor parte de la población europea. El objetivo era conseguir que migrasen a las ciudades y aceptasen un trabajo con salarios de miseria en las manufacturas de los capitalistas. En los países de otros continentes sometidos a la conquista de las potencias europeas, sus fines fueron: robar las tierras de las poblaciones locales, sus materias primas y, por lo tanto, sus recursos vitales, instalar colonos y obligar a las poblaciones al trabajo forzado.

Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, los diferentes países cuyas economías fueron progresivamente dominadas por el sistema capitalista sufrieron un vasto proceso de destrucción de los bienes comunes. Autores como Karl Marx en el libro I de El Capital, Rosa Luxemburg en su libro La acumulación de capital, Karl Polanyi (1886-1964) en La Gran Transformación, Silvia Federici en Calibán y la bruja lo remarcaron fuertemente. La hermosa película de Raoul Peck sobre el joven Karl Marx comienza con unas imágenes muy fuertes de uno de los múltiples ejemplos de destrucción de los bienes comunes: la represión brutal de gente pobre que estaba recogiendo leña en los bosques de la región alemana de Renania y la postura de Karl Marx en defensa de las víctimas de los procesos judiciales por haber ejercido un derecho colectivo milenario que contradecía la lógica capitalista. Daniel Bensaïd le dedicó un pequeño libro titulado Los desposeídos. Karl Marx, los ladrones de madera y el derecho de los pobres, en el que muestra la prosecución de la destrucción de los bienes comunes.

En El Capital, Karl Marx resumía algunas de las formas que adquiría la imposición del sistema capitalista en Europa:

“La expoliación de los bienes eclesiásticos, la enajenación fraudulenta de las tierras fiscales, el robo de la propiedad comunal, la transformación usurpadora, practicada con el terrorismo más despiadado, de la propiedad feudal y clánica en propiedad privada moderna fueron otros tantos métodos idílicos de la acumulación originaria. Estos métodos conquistaron el campo para la agricultura capitalista, incorporaron el suelo al capital y crearon para la industria urbana la necesaria oferta de un proletariado enteramente libre” 1/.

Imponiéndose progresivamente como modo de producción en Europa, al mismo tiempo el capitalismo extendió su reino al resto del mundo:

“El descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, la esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y saqueo de las Indias Orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras, caracterizan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria” 2/.

Desde entonces, el capitalismo prosiguió su ofensiva contra los bienes comunes por dos razones: 1) Todavía no desaparecieron del todo y por lo tanto limitan la dominación total del capital, por lo que buscan apropiarse de los mismos o reducirlos a un estricto mínimo. 2) Una serie de importantes luchas permitieron recrear espacios de bienes comunes durante los siglos XIX y XX. Esos espacios de bienes comunes están constantemente cuestionados.

Durante los siglos XIX y XX hubo, simultáneamente, destrucción y reconquista o construcción de espacios de bienes comunes

Durante el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, el movimiento obrero recreó espacios de bienes comunes al desarrollar sus sistemas de solidaridad: creación de cooperativas, desarrollo de cajas de resistencia, fondos de solidaridad. La victoria de la Revolución rusa condujo también, durante un período corto de tiempo, al restablecimiento de bienes comunes, antes de que la degeneración estalinista impusiera la dictadura y los privilegios vergonzosos en beneficio de la casta burocrática, como lo describió en 1936 León Trotsky en su libro La revolución traicionada.

En cierta forma, volviendo a los países capitalistas, las luchas políticas y sociales produjeron en el siglo XX (según una periodicidad que varía de un país a otro) el desarrollo de lo que se llamó el Estado de bienestar, cuando los gobiernos capitalistas comprendieron que era necesario hacer concesiones al movimiento obrero para conseguir la paz social, y en algunos casos evitar el reinicio de luchas revolucionarias.

Después de la Segunda Guerra Mundial, desde finales de los años 1940 hasta finales de los años 1970, la ola de descolonización, principalmente en África, Oriente Próximo y en Asia, a la que se agregan las victorias de revoluciones como la de China (1949) o la de Cuba (1959), condujeron al renacimiento de algunos bienes comunes, especialmente por medio de la ola de nacionalizaciones de algunas infraestructuras (el canal de Suez en 1956 por el régimen de Nasser) y de fuentes de materias primas (el cobre por Allende a comienzos de los años 1970) y los hidrocarburos (Argelia, Libia, Iraq, Irán…).

Ese período de reafirmación de los bienes comunes se expresó claramente en una serie de documentos de las Naciones Unidas, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 hasta la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986. Subrayemos el punto 2 del artículo 1 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo que dice:

“El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”.

Ese derecho inalienable de los pueblos “a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales” está cuestionado constantemente por instituciones como el Banco Mundial, el FMI, la mayor parte de los gobiernos y las grandes compañías privadas.

A propósito de los bienes comunes

Dentro de los límites de este artículo, no estableceré una tipología de los bienes comunes. Utilizaré este término en un sentido genérico, que va desde la propiedad colectiva de las tierras que, bajo diferentes formas, marcó hasta hoy toda la historia humana, hasta los espacios de bienes comunes de origen más reciente. Por ejemplo, los servicios públicos que constituyen conquistas sociales implementadas en el marco legal, y financiadas mediante los impuestos, que remontan principalmente a las luchas obreras del siglo XX. Los bienes comunes incluyen también iniciativas propias de los movimientos de trabajadoras y trabajadores que nacieron al comienzo del reino capitalista, como las cajas de solidaridad, las cajas de resistencia, las cooperativas, las cajas de crédito mutuo, sin olvidar, más recientemente, el salario y el sistema de seguridad social, cómo fueron conquistados por el movimiento obrero en el siglo XX, analizados de manera original por Bernard Friot 3/. En el espacio de los bienes comunes, las relaciones mercantiles están o excluidas o reducidas a un mínimo.

Adaptando un pasaje de un libro de Jean-Marie Harribey, podemos decir que, en un contexto de crisis ecológica cada vez más grave, el renovado interés por la noción de bien común nació de la concienciación de la existencia de un patrimonio común de la humanidad y, por lo tanto, de la necesidad de preservar algunos bienes materiales (agua, aire, suelo, bosques y selvas, materias primas) e inmateriales (clima, conocimientos, cultura, salud, estabilidad financiera, paz, etc.) 4/.

La actividad de reproducción social aparece también en el centro de las preocupaciones por los bienes comunes gracias a la acción de los movimientos feministas. Como escriben Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser en su manifiesto titulado Feminismo para el 99% 5/:

“Por último, la sociedad capitalista alberga una contradicción sociorreproductiva: una tendencia a reclutar para beneficio del capital tanto trabajo reproductivo libre como le sea posible, sin preocuparse en absoluto de reponerlo. Como consecuencia, periódicamente da lugar a crisis de cuidados, que agotan a las mujeres, devastan familias y tensan las energías sociales hasta un punto de ruptura”.

Las autoras definen la reproducción social englobando las actividades que sustentan a los seres humanos como seres sociales con cuerpo, que no solo deben comer y dormir, sino también criar a sus hijos, cuidar de sus familias y mantener sus comunidades, todo ello mientras persiguen sus esperanzas de cara al futuro. Estas actividades de crear personas existen de una forma u otra en todas las sociedades. Sin embargo, en las sociedades capitalistas dichas actividades también deben servir a otro amo, a saber, al capital, que requiere que el trabajo sociorreproductivo produzca y reponga la fuerza de trabajo.

Lo que agregan las autoras, un poco más adelante, nos acerca a la situación puesta en evidencia por la crisis multidimensional actual del capitalismo y la pandemia del coronavirus:

“Se asume que siempre habrá energías suficientes para producir obreros y sostener las conexiones sociales de las que dependen la producción económica y, más en general, la sociedad. En realidad, las capacidades sociales reproductivas no son infinitas, y puede suceder que se las tense hasta el punto de ruptura. Cuando una sociedad retira el apoyo público a la reproducción social y a un mismo tiempo recluta a sus principales proveedores para largas y extenuantes horas de trabajo mal remunerado, agota las mismas capacidades sociales de las que depende” (ibid. 63).

La deuda pública fue y es utilizada por el sistema capitalista para arremeter contra los bienes comunes

Desde los años 1970-1980, las deudas públicas fueron utilizadas sistemáticamente para aumentar los ataques contra los bienes comunes tanto en el Norte como en el Sur del planeta. Esto es lo que el CADTM, así como otros movimientos que se oponen a las deudas ilegítimas, denuncian sin parar desde los años 1980. Dediqué a esa lucha una decena de libros 6/ y cientos de artículos. Es muy alentador constatar que cada vez hay más autores y autoras que remarcan la utilización del arma de la deuda para arremeter contra los bienes comunes y, en especial, los servicios públicos. Como ejemplo vuelvo a citar a las autoras del Manifiesto feminista para el 99%:

“En lugar de capacitar a los Estados para estabilizar la reproducción social a través de la provisión pública, permite que el capital financiero regule los Estados y el sector público según los intereses inmediatos de los inversionistas privados. Su arma elegida es la deuda. El capital financiero vive de la deuda soberana, que utiliza para proscribir incluso las formas más moderadas de provisión socialdemócrata, obligando a los Estados a liberalizar sus economías, abrir mercados e imponer la austeridad a poblaciones indefensas” (ibid., 66-67).

En el curso de la ofensiva neoliberal que dominó la escena mundial a partir de los años 1980, los gobiernos y diferentes organismos internacionales, como el Banco Mundial y el FMI, utilizaron la necesidad de pagar la deuda pública para generalizar una ola de privatizaciones de empresas estratégicas, de servicios públicos y de recursos naturales, tanto en el Norte como en el Sur del planeta. Eso invirtió, como se indicó antes, una tendencia que había marcado la evolución de las décadas precedentes, durante las cuales, bajo la presión de las luchas, se reforzaron los bienes comunes.

Es una lista larga la de los ataques realizados en nombre del reembolso de la deuda. Algunos aceleraron la crisis ecológica y el desarrollo de las zoonosis: desforestación acelerada, aumento de la cría intensiva y de monocultivos con el fin de suministrar ingresos en divisas que permitan pagar la deuda externa. Y para eso, se aplican las políticas de ajuste estructural recomendadas por el FMI y el Banco Mundial. Algunas de ellas, condicionadas por el reembolso de la deuda, tienen también un impacto directo sobre la capacidad de los estados y de sus poblaciones para poder hacer frente a la pandemia de la covid-19 y de otras crisis sanitarias: estancamiento o reducción de los gastos para la sanidad pública, imposición del respeto a las patentes de los medicamentos y tratamientos, renuncia a la producción de medicamentos genéricos, abandono de la producción local de equipamientos médicos, promoción del sector privado en el ámbito sanitario, supresión de la gratuidad del acceso a los servicios de salud en un gran número de países, precarización de las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad, desarrollo de la asociación público-privada…

Cuando entendemos el papel de la instrumentalización del pago de la deuda pública para intensificar las mortíferas políticas capitalistas neoliberales, también nos damos cuenta de la necesidad de luchar por la anulación de las deudas ilegítimas. Ya hace más de un siglo y medio, Marx encontró una expresión muy fuerte: “La deuda pública o, en otros términos, la enajenación del Estado –sea despótico, constitucional o republicano– deja su impronta en la era capitalista” 7/.

Las patentes, el APDIC (Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), la Big Pharma…

El saber, los descubrimientos científicos y los procedimientos técnicos deberían constituir un bien común de la humanidad. Cuanto más se extendió el capitalismo, más favoreció la apropiación privada de los conocimientos y de las técnicas, especialmente por medio del sistema de patentes. Porque el gran capital no solo no comparte los conocimientos, sino que se los apropia y luego el público los ha de pagar. El gran capital acapara los resultados de las investigaciones efectuadas en universidades públicas. También patenta las semillas que son el resultado de múltiples selecciones realizadas a lo largo de siglos por los campesinos y campesinas. Por ejemplo, la firma Del Monte (agronegocio) hizo patentar tomates producidos por las poblaciones de los Andes y ahora hace pagar un derecho sobre sus semillas.

Cuando la Organización Mundial del Comercio se estableció en 1995, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC –en inglés TRIP’s, Trade Related Intelectual Property Rights–) permitió a las grandes empresas capitalistas reforzar su poder. Ese acuerdo concierne a ámbitos tan diversificados como son la programación informática y el diseño de circuitos impresos, los productos farmacéuticos y los cultivos transgénicos. Define unas normas mínimas sobre las patentes, los derechos de autor, las marcas comerciales y los secretos de fabricación. Esas normas las genera la legislación de los países industrializados, y se impone a todos los miembros de la OMC el tipo y nivel de protección de esos países. Son netamente más estrictas que la legislación vigente en la mayoría de países en desarrollo antes de su adhesión a la OMC y, a menudo, entran en conflicto con los intereses y necesidades propias de esos países. Es posible obligar a un país a aplicar el acuerdo ADPIC de la OMC por medio del sistema integrado de arreglo de diferendos. En la práctica, eso significa que si un país no respeta sus obligaciones en materia de derechos de propiedad intelectual, puede que se le impongan sanciones comerciales, lo que constituye una seria amenaza.

El FMI, el BM y las grandes potencias utilizaron toda su influencia, especialmente mediante su posición de acreedores, para empujar a los países en desarrollo recalcitrantes a respetar el acuerdo ADPIC. Más aún, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países ricos consiguieron acuerdos bilaterales que ofrecen una protección de sus patentes todavía más estricta que las normas mínimas definidas en el acuerdo ADPIC: son las normas ADPIC plus. Como escribe Peter Rossman:

“Las empresas farmacéuticas financiarizadas deben entenderse como organizaciones que gestionan sus operaciones en términos de un conjunto de activos financieros más que activos físicos. Su principal activo financiero está constituido por las patentes, que generan el 80% de sus beneficios”.

Rossman precisa que:

“En 1980, Estados Unidos adoptó una ley que autorizaba a las pequeñas empresas y a las universidades patentar sus invenciones desarrolladas con fondos públicos. Antes, estas invenciones o descubrimientos iban automáticamente al gobierno que los concedía, bajo licencia, a fabricantes de productos genéricos, o estaban directamente inyectadas en el dominio público. Las universidades y las jóvenes empresas están ahora integradas en un complejo de conocimientos dirigidos por las empresas. La transferencia de tecnología transformó la investigación pública en patentes privadas” 8/.

Rossman prosigue:

“Las empresas están cada vez más financiarizadas, reduciendo los gastos ligados a las capacidades de producción, a los empleados e incluso a la I+D, con el fin de liberar liquidez para distribuir entre los accionistas bajo forma de dividendos y realizando recompras de acciones. En dos de las mayores empresas, Pfizer y Johnson & Johnson, los gastos ligados a la recompra de acciones y a los dividendos entre 2006 y 2015 superaron sus ingresos netos totales. Estas dos empresas se volcaron hacia el mercado de préstamos para financiar los crecientes rendimientos de los inversores y de sus altos ejecutivos, utilizando los activos de propiedad intelectual como garantía”.

Durante ese período de 2006-2015, Pfizer pagó 131.000 millones de dólares a sus accionistas, al mismo tiempo que gastaba 82.000 millones de dólares en I+D 9/.

En el contexto de la pandemia de la covid-19

Desde la extensión de la pandemia a todo el mundo, el debate sobre las patentes se hizo fundamental. En el seno de la OMC, 62 países, liderados por India y Sudáfrica, propusieron la renuncia a las obligaciones de los Estados miembros con respecto al acuerdo ADPIC, y que esa determinación se aplicara a todos los productos necesarios a la prevención, el confinamiento y el tratamiento de la covid-19. La propuesta quedó bloqueada en la OMC, en especial por la posición de la Comisión Europea, que rechazó adherirse a la opinión del Parlamento Europeo, que, sin embargo, votó dos veces a favor de la retirada de las patentes sobre las vacunas 10/.

Literalmente es una cuestión vital, puesto que si se mantienen las patentes, una gran parte de la población de los países del Sur global, deseando vacunarse, no tendrá acceso a esas vacunas en unos plazos razonables. En agosto de 2021, menos del 2% de los 1.300 millones de habitantes de África tenían la pauta de vacunación completa, cuando en Europa occidental y Estados Unidos y Canadá era del 60%. Con fecha de junio de 2021, de los 2.295 millones de dosis administradas en el mundo, un cuarto fue administrado en los países del G7, que tienen nada más que el 10% de la población mundial. Solamente el 0,3% fue a los países de ingresos bajos, según la OMS.

Los gobiernos de los países del Sur que deseen permitir a su población estar vacunada se tendrán que endeudar ya que las iniciativas del tipo Covax son totalmente insuficientes y consolidan la influencia del sector privado.

Los ingresos brutos y los beneficios netos que, a ojos de todos, está acaparando la Big Pharma gracias a las patentes son descomunales. Aproximadamente, el coste de producción de una dosis de vacuna anticovid varía entre 1 y 2 euros, mientras que los gobiernos del Norte la compran a un precio entre 10 y 20 veces mayor 11/. O sea, los gobiernos compran miles de millones de dosis de las vacunas anticovid a precios totalmente abusivos.

Por ejemplo, una dosis de vacuna anticovid cuesta a Pfizer entre 1 y 2 euros, y la vende al Estado de Israel a 23 euros y a la Unión Europea a 19,50 euros 12/. Sin embargo, la puesta a punto y la producción de esas vacunas fue ampliamente financiada por los poderes públicos.

Las vacunas con ARNm de Pfizer-BioNTech y de Moderna, que se pusieron en el mercado en menos de un año, se basan, en parte, en patentes anteriores. Principalmente, en una tecnología concebida por la Universidad de Pensilvania para fabricar ARN mensajero inofensivo para nuestro organismo, cuya patente fue depositada en 2005. Los dos laboratorios pagaron, cada uno, 75 millones de dólares para poder utilizar esa patente. La técnica innovadora consistente en estabilizar la proteína de la espícula del coronavirus también salió de la investigación pública. La vacuna de Astra Zeneca fue concebida gracias a los investigadores de la Universidad de Oxford.

Estados Unidos de la era Trump prefinanció la investigación y producción de vacunas con 11.000 millones de dólares. En concreto, la compañía estadounidense Johnson & Johnson recibió por parte de Estados Unidos, desde el mes de marzo de 2020, más de 450 millones de dólares, luego 1.000 millones de dólares por 100 millones de dosis de la vacuna. Pfizer y BioNTech recibieron de Estados Unidos, desde el comienzo, cerca de 2.000 millones de dólares para 100 millones de dosis. A Moderna le tocó el premio gordo con 2.500 millones de dólares para financiar sus ensayos clínicos, y producir 100 millones de dosis. Por otra parte, Estados Unidos acordó 1.600 millones de dólares a la biotechNovavax por 100 millones de dosis. A Astra Zeneca y a la Universidad de Oxford se le inyectaron 1.200 millones de dólares para 300 millones de dosis reservadas.

Por parte europea, en noviembre de 2020 supimos que la Comisión Europea había firmado acuerdos con seis laboratorios: Moderna (un pedido de 160 millones de dosis), Astra Zeneca, Johnson & Johnson (400 millones de dosis cada uno), Sanofi-GSK (300 millones de dosis), Pfizer-BioNTech (300 millones de dosis) y con CureVac (405 millones de dosis). En 2020, eso representaba 2.000 millones de euros, pero desde entonces hubo un fuerte aumento de lo pagado a las firmas privadas 13/.

Frente al escándalo de una nueva privatización de los beneficios y de socialización de las pérdidas, es fundamental apoyar propuestas radicales como la que hacen las y los firmantes del manifiesto “¡Terminemos con el sistema de patentes privadas! Por una industria farmacéutica bajo control popular y un sistema de vacunación gratuito, universal y público”, que fue lanzado por la red mundial del CADTM. El manifiesto afirma especialmente que: “La salud y el acceso a la sanidad y a la vacunación son derechos humanos universales. Por consiguiente, las vacunas deben ser consideradas como un bien común mundial. Y para asegurar su accesibilidad universal, la suspensión necesaria y urgente de las patentes debe acompañarse de mecanismos de nacionalización de las industrias farmacéuticas privadas y de una fuerte inversión en el desarrollo de industrias farmacéuticas públicas en todos los países. Es necesaria una acción decisiva que permita una planificación pública de la producción y de la distribución de las vacunas, desarrollando las capacidades de producción locales cuando eso sea posible y completándolo por una solidaridad internacional obligatoria en otros casos”. Los y las firmantes del manifiesto exigen también:

“La introducción de impuestos sobre la riqueza (patrimonio e ingresos del 1% más rico) para financiar la lucha contra la pandemia y asegurar una salida socialmente justa y ecológicamente perenne de las diferentes crisis del capitalismo mundial”.
“La suspensión del pago de la deuda durante el tiempo que dure la pandemia y la anulación de las deudas ilegítimas y de aquellas contraídas para financiar la lucha contra el virus”.

En resumen, la lucha por la defensa de los bienes comunes y la conquista de otros nuevos está íntimamente ligada a la lucha contra las deudas ilegítimas y el sistema capitalista en su conjunto.

Éric Toussaint es politólogo y presidente del CADTM. Recientemente ha publicado en castellano Capitulación entre adultos, (El Viejo Topo, Barcelona)

Traducción: Griselda Pinero

Notas

1/ Marx, Karl (2009) El Capital, Tomo I, Vol. 3, sección séptima, “El proceso de acumulación de capital”, capítulo XXIV, 2-”La expropiación de la población rural y de su tierra”, pp. 917-918. Madrid: Siglo XXI.

2/ Ibid., sección sexta, “La génesis del capitalismo industrial”.

3/ Puissances du salariat, París, La Dispute, 2012.

4/ Harribey, Jean-Marie (2013) La richesse, la valeur et l’inestimable, París, http://www.editionslesliensquiliberent.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=67.

5/ Arruzza, Cinzia; Bhattacharya, Tithi y Fraser, Nancy (2019) Manifiesto de un feminismo para el 99%, Herder, Barcelona.

6/ Véase, por ejemplo, La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos, cuya primera edición es de 1999. También se puede consultar 60 preguntas, 60 respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial, coescrito con Damien Millet.

7/ Marx, Karl, El Capital, op. cit., p. 943

8/ Peter Rossman, “Les sociétés transnationales et le Covid-19. Droits de propriété intellectuelle versus droits de l’homme” https://www.cadtm.org/Les-societes-transnationales-et-le-Covid-19-Droits-de-propriete-intellectuelleyhttps://alencontre.org/societe/les-societes-transnationales-et-le-covid-19-droits-de-propriete-intellectuelle-versus-droits-de-lhomme.html, 2 de septiembre de 2021.

9/ Las cifras citadas por Rossman provienen de Lazonick et al., “US Pharma’s Financialized Business Model”, Institute for New Economic Thinking, julio de 2017. https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP_60-Lazonick-et-al-US-Pharma-Business-Model.pdf

10/ Miguel Urbán Crespo, Beatriz Ortiz Martínez, “Que por primera vez haya un texto europarlamentario exigiendo suspender las patentes condiciona a la UE”, https://www.cadtm.org/Que-por-primera-vez-haya-un-texto-europarlamentario-exigiendo-suspender-las

11/ Mathilde Damgé, “Covid-19: comprendre le prix d’un vaccin, de la recherche au flacon”. Le Monde, publicado el 9 de junio de 2021. https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/06/09/covid-19-de-la-recherche-au-flacon-comprendre-le-prix-d-un-vaccin_6083481_4355770.html

12/ Rtbfy Agence Belga, “Coronavirus: Pfizer et Moderna augmentent le prix de leur vaccin pour l’Europe”, publicado el 1 de agosto de 2021, https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-pfizer-et-moderna-augmentent-le-prix-de-leur-vaccin-pour-l-europe?id=10815946

13/ Todas esas cifras fueron publicadas por el diario financiero francés Les Échos, en noviembre de 2020, “Covid: 5 chiffres fous sur le financement des vaccins”, https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-5-chiffres-fous-sur-le-financement-des-vaccins-1269170.

Fuente: Revista VientoSur



Esta nota ha sido leída aproximadamente 934 veces.



Eric Toussaint


Visite el perfil de Eric Toussaint para ver el listado de todos sus artículos en Aporrea.


Noticias Recientes:


Notas relacionadas

Otros artículos sobre el tema Coronavirus

Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Coronavirus


Otros artículos sobre el tema Derechos de la mujer

Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Derechos de la mujer