El coronavirus se mueve rápido, atraviesa continentes y aterroriza a la población en todos los países. Les infectades siguen aumentando, así como el número de muertes. No está claro cuán devastadora será esta pandemia ni cuánto tiempo durará.

El 23 de marzo, 12 días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una pandemia, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres dijo: “La furia del virus ilustra la locura de la guerra. Por eso pido hoy un cese al fuego inmediato en todos los rincones del mundo. Es tiempo de poner en cuarentena al conflicto armado y juntos concentrarnos en la verdadera lucha de nuestras vidas”. Guterres no se refirió a un conflicto específico, dejando que su llamado flote pesadamente en el aire. Después de seis semanas de deliberación y retrasos causados por Washington, en la primera semana de mayo, el gobierno de los Estados Unidos bloqueó, en el Consejo de Seguridad de la ONU, la votación sobre una resolución que pedía un alto al fuego global.

Sin embargo, esa resolución no ponía atención en el tipo de guerra que EE.UU. está llevando a cabo, entre otros países, contra Cuba, Irán y Venezuela. Ha impuesto una guerra híbrida. El complejo militar estadounidense ha avanzado en este programa que incluye una serie de técnicas para socavar gobiernos y proyectos políticos. Estas técnicas incluyen la movilización del poder estadounidense sobre los organismos internacionales (como el FMI, el Banco Mundial y el servicio de transferencias electrónicas SWIFT) para evitar que algunos gobiernos gestionen actividades económicas básicas. También el uso de su poder diplomático para aislar a ciertos gobiernos, de sanciones para evitar que empresas privadas hagan negocios con ellos, de la guerra de información para presentar a gobiernos o fuerzas políticas como criminales o terroristas. Estos instrumentos consiguen –a plena luz del día– desestabilizar gobiernos y justificar cambios de régimen.

Durante una pandemia, es esperable que todos los países colaboran para mitigar la propagación del virus y sus impactos. Se esperaría que una crisis humanitaria de tal magnitud brindara la oportunidad de poner fin a todas las sanciones económicas inhumanas y a los bloqueos políticos contra ciertos países. El 24 de marzo, un día después del pedido de Guterres, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, estuvo de acuerdo en que “tanto por razones de salud pública global como para apoyar los derechos y las vidas de millones de personas en estos países, las sanciones sectoriales deben ser relajadas o suspendidas. En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”.

Pocos días después, Hilal Elver, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación dijo que le complacía oír tanto a Guterres como a Bachelet pedir el fin del régimen de sanciones. El problema, indicó, radica en Washington: “Estados Unidos, con su gobierno actual, está muy interesado en continuar con las sanciones. Afortunadamente, algunos otros países, no. Por ejemplo, la Unión Europea y muchos países europeos están respondiendo positivamente y suavizando las sanciones en este tiempo de coronavirus. No han levantado completamente las sanciones, sino que las han interrumpido y hay comunicaciones en curso, pero no en los Estados Unidos, por desgracia”.

El 6 de mayo, otros tres relatores especiales de derechos humanos de la ONU, Olivier De Schutter (extrema pobreza y derechos humanos) Léo Heller (agua potable y saneamiento)  y Koumbou Boly Barry (educación) –dijeron que “a la luz de la pandemia del coronavirus, Estados Unidos debería levantar inmediatamente las sanciones que están teniendo un grave impacto en los derechos humanos del pueblo venezolano”.  Sin embargo, el gobierno de Trump ha dejado de lado estas recomendaciones y continuado con su agenda de guerra híbrida para lograr un cambio de régimen en los países mencionados.

La vieja costumbre de los cambios de régimen

A medida que el Covid-19 avanzaba hacia sudamérica, el gobierno estadounidense aumentó la presión sobre el gobierno venezolano. En febrero, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que EE. UU. busca “expulsar a Maduro”. Al mes siguiente, el 12 de marzo, Estados Unidos endureció las sanciones contra Venezuela y a continuación el Departamento del Tesoro presionó al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que no permita que el país caribeño acceda a fondos de emergencia para enfrentar a la pandemia. Nada de esto funcionó. A pesar de la falta de apoyo del FMI, el gobierno venezolano movilizó a su pueblo para romper la cadena de infección, con ayuda internacional de China, Cuba y Rusia, así como de la OMS.

En este punto, la Casa Blanca cambió su enfoque. Sugirió que el presidente Nicolás Maduro y los altos dirigentes de su gobierno están involucrados en el narcotráfico. No existe ninguna prueba al respecto, aunque –por ejemplo– sí hay evidencias de la culpabilidad de políticos colombianos de alto nivel en el tráfico de drogas. El presidente Donald Trump autorizó que un destacamento naval permanezca frente a costas venezolanas, amenace a su gobierno e intimide a la población. El 30 de abril, para aumentar la presión, Trump activó partes de la Reserva Seleccionada de las Fuerzas Armadas para apoyar a las fuerzas armadas estadounidenses en una misión llamada “Operación Antinarcóticos mejorada del Departamento de Defensa en el Hemisferio Occidental”. Todas las señales apuntan a la crueldad de EE. UU. y sus aliados contra el pueblo venezolano.

El gobierno de Estados Unidos ha sido completamente sincero acerca de su objetivo de derrocar al gobierno venezolano y destruir la Revolución Bolivariana. En agosto de 2017, Trump habló abiertamente de la “opción militar”. El Grupo de Lima, impulsado por Washington, intentó mantener una pátina liberal alrededor de su objetivo, declarando que quería “facilitar la restauración del Estado de derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela”. Trump interpretó la frase “restauración del orden democrático”, con razón, como un llamado a un golpe militar o una intervención armada para derrocar al gobierno chavista.

En enero de 2019, Washington declaró que Juan Guaidó, un político insignificante, era el presidente de Venezuela y le entregó importantes activos venezolanos en el extranjero. Poco después el intento de levantamiento liderado por Guaidó y la extrema derecha no pudo materializarse. Éste encontraría más amigos en Washington y entre la oligarquía colombiana que en Venezuela. Sin embargo, ese intento fallido no disuadió a los Estados Unidos. De hecho, el fracaso profundizó la intervención en la región.

En mayo de 2019, el senador Lindsey Graham apareció en las páginas del Wall Street Journal para argumentar que “EE. UU. debe estar dispuesto a intervenir en Venezuela de la misma manera que lo hicimos en Granada”. Si no se toman ciertas medidas, escribió el senador, Estados Unidos “debería trasladar sus efectivos militares a la región”. Por eso, el país. intentó crear una falange de aliados entre los ejércitos brasileño y colombiano para invadir Venezuela. Afortunadamente, en la reunión del Grupo de Lima de febrero de 2019, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, dijo a la prensa que su país no permitiría a Estados Unidos usar su territorio para una intervención militar en Venezuela. Los planes de una invasión de gran escala tuvieron que ser suspendidos.

Castigo colectivo

El 10 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo que las “medidas coercitivas ilegales y unilaterales que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela son una forma de castigo colectivo”. El uso de la frase “castigo colectivo” es significativo; según la Convención de Ginebra de 1949, cualquier medida que infringe daño a toda una población es un crimen de guerra. Las medidas de Estados Unidos, dice Arreaza, han “resultado en dificultades para la adquisición oportuna de medicamentos”.

Formalmente, las sanciones unilaterales estadounidenses eximen a los suministros médicos, pero esto es una ilusión. El 26 de marzo, once senadores norteamericanos enviaron una carta a Mike Pompeo, y al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, en la que afirmaron: “El gobierno ha declarado que las necesidades médicas y humanitarias están exentas de las sanciones estadounidenses, pero nuestro régimen de sanciones es tan amplio que los proveedores médicos y las organizaciones de socorro simplemente se mantienen lejos de cualquier actividad en Irán o Venezuela por temor a quedar accidentalmente atrapados en la red de sanciones estadounidenses”. 

Ni Venezuela ni Irán pueden comprar suministros médicos sencillamente, ni pueden transportarlos fácilmente a sus países, ni utilizarlos en sus sistemas de salud, que son en su mayoría del sector público. El embargo contra estas naciones, aún más en estos tiempos de pandemia, no solo es un crimen de guerra según las normas de la Convención de Ginebra (1949), sino que también es un crimen de lesa humanidad como lo define la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (1947).

En 2017, Trump establece fuertes restricciones al acceso de Venezuela a los mercados financieros. Dos años después, puso en una lista negra al Banco Central de Venezuela y dictó un embargo general a las instituciones estatales venezolanas. Si alguna empresa comercia con el sector público venezolano, podría enfrentarse a sanciones secundarias. 

En 2017 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley estadounidense para contrarrestar a adversarios a través de sanciones, que endureció las sanciones contra Irán, Rusia y Corea del Norte. Al año siguiente Trump impuso más sanciones contra Irán, que sofocaron la economía del país, al hacer casi imposible que este país haga negocios con el mundo. Especialmente, se dejó en claro que cualquier negocio con el sector público de Venezuela e Irán estaba prohibido. La infraestructura de salud que cubre a la mayoría de la población tanto en Irán como en Venezuela es administrada por el Estado, lo que quiere decir que enfrenta dificultades desproporcionadas para acceder a equipos y suministros, incluyendo kits de pruebas y medicamentos. 

Ambos países dependen de la OMS para obtener medicinas y pruebas. Sin embargo, este organismo enfrenta sus propios retos con las sanciones, en particular en lo que tiene que ver con el transporte. Estas duras sanciones obligaron a las empresas de transporte a reconsiderar la prestación de servicios a esos países. Algunas aerolíneas dejaron de volar hacia allá y muchas empresas de transporte decidieron no enfadar a Washington. Cuando la OMS intentó enviar kits de prueba de coronavirus desde los Emiratos Árabes Unidos (EAU) hacia Irán, se encontró con dificultades –como lo dijo Christoph Hamelmann de la OMS– “debido a restricciones de vuelo”. Los EAU enviaron el equipo en un avión de transporte militar. 

La cancillería venezolana, confirmó que el país ha recibido solidaridad de los gobiernos de países como China y Cuba. A fines de febrero, un equipo de la Sociedad de la Cruz Roja de China llegó a Teherán para intercambiar información con la Media Luna Roja y con funcionarios de la OMS. China también donó suministros y kits de prueba. Las sanciones, aseguran los funcionarios chinos, no deberían tener consecuencias durante una crisis humanitaria, “no las vamos a honrar”, dijeron. 

Mientras tanto, los y las iraníes desarrollaron una aplicación para ayudar a su población durante el brote de Covid-19. La empresa Google decidió eliminarla de su tienda de aplicaciones como consecuencia de las sanciones estadounidenses. 

¿Qué clase de fibra moral mantiene unido un sistema internacional donde un puñado de países puede actuar de una forma que va contra todas las más altas aspiraciones de la humanidad? En medio de la pandemia, Estados Unidos mantiene sus embargos contra 39 países, y en especial contra Cuba, Irán y Venezuela ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza del poder y la autoridad en nuestro mundo? Las personas sensibles deberían estar ofendidas por este comportamiento, su mala fe es evidente en las muertes que provoca.

Cuando le preguntaron a la secretaria de Estado de EE. UU., Madeleine Albright, en 1996 por el medio millón de niños y niñas iraquíes que murieron por las sanciones estadounidenses, dijo que esas muertes eran “un precio que valía la pena pagar”. No era ciertamente un precio que los y las iraquíes querían pagar, ni los iraníes ni los venezolanos o, de hecho, la mayoría de la humanidad.

El FMI recibe órdenes del Tesoro de los Estados Unidos

El 16 de marzo, la directora del FMI, Kristalina Georgieva escribió una publicación en el blog del sitio del Fondo en la que decía: “El FMI está listo para movilizar un billón de dólares de nuestra capacidad de préstamo para ayudar a nuestros miembros”. Los países con “necesidades urgentes de balanza de pagos” podrían recibir ayuda del “conjunto de herramientas de respuesta flexible y rápido desembolso” del FMI. 

A través de estos mecanismos y contra su propia historia de condiciones de ajuste estructural, el FMI dijo que podría proporcionar 50.000 millones de dólares a los países en desarrollo y 10.000 millones a los países de bajos ingresos a una tasa de interés de 0%, sin las habituales condiciones. 

El día antes de que Georgieva hiciera esta declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela envió una carta al FMI pidiendo recursos para financiar los “sistemas de detección y respuesta” para enfrentar al coronavirus. En la carta, el presidente Nicolás Maduro, requería su “evaluación sobre la posibilidad de financiar 5.000 millones de dólares del fondo de emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI) para Venezuela, recursos que contribuirán significativamente a fortalecer nuestros sistemas de detección y respuesta”.

La política de Georgieva de proporcionar asistencia especial a los países debería haber sido suficiente para que el el organismo proporcionara la asistencia que el gobierno venezolano había solicitado. Pero, muy rápidamente, el Fondo negó la petición. 

Vale subrayar que el FMI planteó esta negativa mientras que el coronavirus había comenzado a propagarse en Venezuela. El 15 de marzo, el día en que envió aquella carta, Maduro se reunió con altos funcionarios del gobierno en Caracas. La empresa estatal farmacéutica venezolana (CIFAR) y las empresas venezolanas de equipos médicos dijeron que podrían aumentar la producción de máquinas y medicamentos para enfrentar la crisis, pero necesitaban materias primas clave que tenían que ser importadas. El gobierno de Venezuela acudió al FMI para poder pagar estas importaciones. “Esta es la situación más grave que hayamos enfrentado nunca”, dijo el presidente Maduro, mientras emitía nuevas medidas. 

El gobierno venezolano impuso una cuarentena nacional indefinida y ha implementado procesos de distribución de alimentos y suministros clave, basándose en el autogobierno local, encarnado en las comunas, que se desarrollaron con la Revolución Bolivariana. Todas las instituciones del Estado están ahora involucradas en hacer su parte para ayudar a “aplanar la curva” y “romper la cadena” de contagio. Pero, por la negativa del préstamo del FMI, el país tiene más dificultades para producir kits de prueba, respiradores, y medicinas clave para aquellos infectados por el virus.

Venezuela es miembro fundador del Fondo. A pesar de ser un país rico en petróleo, ha acudido varias veces a este organismo. El ciclo de intervenciones del FMI en Venezuela en los años 80 terminó en el Caracazo de 1989, que deslegitimó a la élite venezolana. Fue a raíz de las protestas populares contra el FMI que Hugo Chávez construyó la coalición que lo llevó al gobierno en 1998 y a comenzar la Revolución Bolivariana en 1999. Para 2007, Venezuela pagó sus deudas pendientes tanto al FMI como al Banco Mundial y el país cortó sus lazos con estas instituciones, con la esperanza de construir un Banco del Sur con sede en América Latina como una alternativa. Pero antes de que pudiera establecerse, una serie de crisis golpearon a la región, forzadas por una caída en los precios de las commodities desde 2014-15.

La economía venezolana depende de la exportación de petróleo para generar los ingresos necesarios para importar bienes. Con la caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2018 llegó un ataque directo a Venezuela por parte de Estados Unidos, que impuso una nueva ronda de sanciones unilaterales. Estas sanciones impidieron que las compañías petroleras y las empresas de transporte hicieran negocios con Venezuela. Los bancos internacionales se apoderaron de activos venezolanos en sus bóvedas (incluidos 1.200 millones de dólares en oro en el Banco de Inglaterra). Esas sanciones, reforzadas por el gobierno de Trump, perjudican profundamente la capacidad del país para vender petróleo y comprar productos, incluidos los suministros para el sector público de salud. 

En enero de 2019, después de que Estados Unidos apoyara el intento de Guaidó de usurpar el poder, los bancos estadounidenses se apresuraron a incautar los activos del Estado venezolano que tenían y los entregaron al autoproclamado presidente. A continuación, el FMI anunció que no se le permitiría al gobierno venezolano utilizar sus 400 millones de dólares en derechos especiales de giro. Dijo que había tomado esta medida debido a la incertidumbre política en Venezuela. En otras palabras, por el intento de golpe de Estado –fallido– el FMI dijo que “no tomaría partido” en Venezuela, así el organismo le negó al gobierno venezolano el acceso a sus propios fondos. Sorprendentemente, el asesor de Guaidó, Ricardo Hausmann, un ex presidente del Comité de desarrollo del FMI y representante del autoproclamado presidente venezolano en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo en ese momento que esperaba que cuando ocurriera el cambio de régimen, el dinero estaría disponible para el nuevo gobierno. Esto es el FMI interfiriendo directamente en la política venezolana.

Ni en ese momento, ni ahora, el FMI ha negado que el gobierno de Nicolás Maduro es el gobierno legítimo de Venezuela. Continúa reconociendo en su sitio web que el representante de Venezuela ante el organismo es Simón Alejandro Zerpa Delgado, el ministro de Finanzas del gobierno de Maduro. Una de las razones: Guaidó no pudo probar que tenía el apoyo de la mayoría de los Estados miembros del FMI. No obstante, este último ha negado al gobierno de Maduro el legítimo derecho sobre sus propios fondos y a pedir préstamos con las facilidades que el Fondo ofrece a sus miembros. Normalmente, el organismo se toma su tiempo cuando recibe una solicitud de fondos. El requerimiento debe ser estudiado por analistas que consideran la situación del país y miran si la solicitud es legítima. En este caso, el FMI respondió inmediatamente. Dijo que no.

Un vocero del Fondo, Raphael Anspach, no respondió preguntas específicas sobre esta negativa. En 2019, había tenido una cautela similar cuando tuvo que hablar sobre la negativa de acceso a los 400 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro. Esta vez, Anspach nos envió la declaración formal que el FMI había divulgado a los medios de comunicación. Según la cual “no está en posición de considerar esta solicitud” porque su “involucramiento con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por la comunidad internacional”. “No hay”, dice la declaración, “ninguna claridad acerca del reconocimiento en este momento”.

No obstante esa claridad existe. El FMI continúa citando al ministro de Finanzas venezolano en su sitio web. La ONU sigue reconociendo al gobierno venezolano liderado por Maduro. Ese debería ser el estándar oficial para que el organismo tome su determinación. Pero no lo es. Sigue los dictados del gobierno estadounidense. En abril de 2019 el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, fue al Consejo de Seguridad de la ONU y dijo que la ONU debería aceptar a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Se dirigió al embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada Acosta, y le dijo: “No debería estar aquí”. Fue un momento de gran simbolismo, Estados Unidos actúa como si la ONU fuera su casa a la que pudiera invitar y desinvitar a quien quiera. La negativa del FMI al pedido de Venezuela acompaña el sentimiento de Pence. Se trata de una violación del espíritu de cooperación internacional que está en el corazón de la Carta de las Naciones Unidas. 

Hay signos de debilidad en la posición estadounidense. El 18 de diciembre de 2019, la Asamblea General de la ONU adoptó –sin votación– una resolución que aceptó las credenciales de los diplomáticos nombrados por el gobierno de Maduro. El hecho de que no hubo votación muestra que Estados Unidos no quiere revelar a plena vista el apoyo minoritario en el mundo para su posición de aislar al gobierno de Venezuela. El país norteamericano prefiere renunciar a la votación en su interés de fabricar y mantener una narrativa de humo y espejos supuestamente sostenida por la «comunidad internacional», antes que permitir a la comunidad internacional votar abiertamente y mostrar que acepta al gobierno de Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela.

*Frente Francisco de Miranda, Venezuela **Secretaría de la Asamblea Internacional de los Pueblos / ALBA Movimientos-Brasil ***People’s Dispatch ****Director del Instituto Tricontinental de Investigación Social

Tomado del portal: Notas Periodismo Popular