En años anteriores se escuchaba mucho a personas en donde su medio de empleo era ser camioneros o a personas del común hablar sobre la población de san Félix, ubicada en el Estado Bolívar, pero estos cuentos o comentarios sobre esta población venezolana se debía a los supuestos "espantos" que salían en sus carreteras pretendiendo abordar sus vehículos que por ahí transitaban, recuerdo un cuento muy famoso "la monja que en un tramo de la carretera pedía la cola", ¿sería esto cierto? O ¿sería solo adagios de nuestra cultura popular venezolana?
Ahora bien lo cierto es que san Félix el domingo 21 de julio del año 2019 vuelve a ser muy nombrada pero esta vez en todos los medios de opinión publica debido a la ola de terror y de sangre que sufrió ese día, cuando sujetos armados descendieron de un vehículo desenfundando armas de guerra y disparando contra personas que se encontraban en una parada de autobús y a pleno luz del día.
Con estos hechos abro un interrogante y me hago unas preguntas ¿será que el Estado venezolano no nos puede brindar la seguridad necesaria? ¿Será que los organismos policiales no están en capacidad de darnos esa seguridad y tranquilidad que deberíamos tener? ¿Será que los organismos policiales no tienen capacidad de respuesta contra estos grupos delictivos? ¿Si ya los tienen identificados porque no los capturan? ¿Porque no se ha escuchado más nada si ya tenían hasta las fotos de los delincuentes, serán que no los han capturados?
Ahora bien es necesario recordar e identificar a las personas encargadas de las funciones públicas para revisar sus responsabilidades de acuerdo a cada función que desempeña como servidores públicos, ya que los venezolanos tenemos derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana y regulados por la ley.
Aunado a esto también es necesario recordar que solo el Estado venezolano según la constitución de la república bolivariana de Venezuela, es el único que puede y debe poseer y usar armas de guerra y que todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el país pasaran a ser propiedad de la república.
El Estado venezolano y los organismos de seguridad del país están en la obligación y en el deber moral de desarmar todos estos grupos delincuenciales y así poder brindarle esa seguridad y tranquilidad que la población venezolana se merece.
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