Venezuela y RCTV ¿Quien miente?

"El número de quienes tienen derecho a escuchar y ver no cesa de acrecentarse, en tanto se reduce vertiginosamente el número de quienes tienen el privilegio de informar, de expresarse, de crear."

-Eduardo Galeano-

Mucha polémica ha causado en los medios de comunicación la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión de la licencia del espectro radioeléctrico a la televisora privada Radio Caracas Televisión (RCTV), parte del grupo 1 Broadcasting Caracas de propiedad de Marcel Granier.

Se habla de que esta decisión significaría un "atropello a la libertad de expresión" y de un "pisoteo a la libertad de prensa".

En primer lugar debemos entender que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio publico del Estado (al igual que en nuestro país según el articulo 30 de la Constitución Nacional) como también los recursos hídricos e hidrocarburos. Siendo así, la decisión de la renovación o no de la licencia para la explotación del espacio radioeléctrico responde a una decisión soberana del Estado venezolano. Como bien de dominio público el espectro radioeléctrico no le pertenece a ningún particular y debe ser utilizado en beneficio de todos los ciudadanos.

Una concesión es un derecho que corresponde al Estado, el cual confiere a un particular o a una empresa privada por tiempo definido. Una concesión no es una propiedad que se tiene indefinidamente o que se puede heredar.

Con un medio escrito no sucede lo mismo. Mientras una revista o diario sale a la calle y no quita espacio a otro medio semejante, las emisoras que salen al aire impiden que otro medio igual ocupe su mismo espacio dentro de un espectro limitado. Surge de ahí la necesidad de la organización del espectro radioeléctrico para garantizar el libre ejercicio de todos los ciudadanos a su derecho de "libertad de expresión".

El fundamento del ordenamiento jurídico de la sociedad se basa en el respeto de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Mal podríamos hablar del respeto a los derechos si funcionamos simplemente a través de la ley del más poderoso. Mal podríamos hablar de justicia si el derecho de una mayoría se ve pisoteado por la "libertad' de una elite. El ordenamiento jurídico surge ante la necesidad de que la libertad de un individuo no avasalle la libertad de otro individuo.

En Venezuela mas del 80% del espectro televisivo esta en manos de un oligopolio mediático. En esencia el espectro radioeléctrico se mantiene en poder de cuatro familias y es casi un negocio de herencia familiar.

¿Solo los grandes emporios mediáticos tienen derecho a ocupar el espectro radioeléctrico, donde en una sociedad democrática, deberíamos poder elegir entre opciones políticas diferentes?

¿Puede una oligarquía apropiarse monopólicamente de los espacios radioeléctricos? ¿Es democrático esto?

La radio y la televisión no pueden estar única y exclusivamente al servicio de las ganancias de un sector monopólico dedicado exclusivamente a crear hábitos de consumo.

Lamentablemente, en la realidad, el interés público tiene mucho menos atención en los medios que las ganancias económicas generadas por la libertad de empresa y las leyes del mercado que no siempre están vinculadas al interés del conjunto de la población.

La concentración de la propiedad de los medios de comunicación conduce indefectiblemente a la reducción progresiva de la pluralidad informativa y la variedad de líneas de opinión.

De acuerdo con la UNESCO en un reporte preparado en 1980, asumiendo que "Los medios de comunicación ejercen una influencia capital sobre las ideas y las opiniones, sobre la evolución, para bien o para mal, de todas las sociedades" , "la concentración de las fuentes de información bajo el control de grupos dominantes desemboca, cualquiera que sea el sistema político, en un remedo de la libertad".

En el editorial del diario Ultima Hora publicado el 2 de febrero pasado que llevaba como titulo: "La libertad de prensa es un valor que necesita ser defendido sin concesiones" se decía que la prensa ejercía la "tarea de contralor del poder para que los gobernantes no se extralimiten en sus funciones". El dilema surge cuando nos planteamos ¿que sucede cuando es el llamado "cuarto poder" el que se "extralimita en sus funciones"?

El medio de comunicación es un actor social. En el ordenamiento jurídico todos los actores sociales tienen derechos y obligaciones. No se puede pretender que este sea un ente supra-social que escape a todo tipo de regulación por parte del Estado o la sociedad civil.

¿Es posible que se reclame una especie de poder divino por encima de sociedades, naciones, instituciones, derechos sociales, por el simple hecho de contar con los recursos financieros para tener la propiedad de los grandes medios?

Hoy día buena parte de la propiedad de los medios informativos se encuentra en manos de empresas ajenas por completo al mundo de la comunicación. Existen así cadenas de televisión y de radio, o periódicos, que son propiedad de compañías dedicadas en lo fundamental a la telefonía, a la construcción, o a la explotación de los derivados del petróleo, o a las finanzas. El mismo Marcel Granier director y propietario de la RCTV fungía junto a su socio corporativo, de representante comercial en Venezuela de la corporación norteamericana General Dynamics fabricante de los aviones de combate F-16.

Según Horacio Verbitsky, periodista argentino y columnista del diario Página 12, "los medios bajo una estructura monopolística son usados por sus propietarios como 'guardaespaldas' para favorecer otros negocios" . Agrega además que "Lo sabe todo el mundo, pero nadie lo ha dicho porque los favorece a todos. Son cómplices de una medida que beneficia a todos pero que afecta a la sociedad".

El lingüista esloveno, Lenar J. Kucic compara a los medios con un parque público que debe ser defendido de invasiones privadas . Irónicamente en nuestro país lo de "invasión a un parque público" podría ser tomado no solo como una metáfora. Recuérdese el caso de un parque del barrio Sajonia.

Me pregunto que críticas hacían los sectores que hoy se escandalizan por la no renovación de la licencia de RCTV cuando durante el golpe de estado contra el Pte. Chávez, el gobernador opositor del estado de Miranda, Enrique Mendoza se refería al canal estatal venezolano diciendo "a esa basura de canal, llamado Venezolana de Televisión la vamos a sacar del aire" ante el aplauso de Marcel Granier y todos los demás directivos de plantas y emisoras privadas. Vale la pena subrayar que cumplieron con lo dicho tumbando la señal del canal estatal.

Maurice Lemoine subdirector del periódico francés Le Monde Diplomatique que se encontraba en Caracas durante el golpe de estado contra el Pte. Chávez explicaba en una entrevista: "Lo que me impresionó, en primer lugar, fue la campaña mediática. La observé como periodista. Y me pareció increíble semejante grado de violencia, deshonestidad y desinformación". "La clase media ha sido totalmente descerebrada por los grandes medios de comunicación".

La "Federal Communications Comisión", organismo ESTADOUNIDENSE encargado de regular el funcionamiento de los medios de comunicación de ese país, ha declarado públicamente que "manipular fraudulentamente o presentar las noticias con parcialidad es el acto más infame en contra del interés público". La FCC publica además que "toma cartas en el asunto para proteger el interés público cuando ha recibido evidencia documentada de dicha manipulación fraudulenta o parcialidad".

El canal RCTV tuvo un papel protagónico en el quebrantamiento del orden constitucional del 2002 y a través de su virulenta campaña se transgredieron las normas mínimas del tratamiento honesto de la información. A tal punto que el entonces director de programación del canal Andrés Izarra renuncio a su puesto para no convertirse en cómplice y en una entrevista a la producción irlandesa Radio Telefís Éireann, relata como el día del golpe y los siguientes había recibido la orden formal de Marcel Granier de "no transmitir ninguna información sobre Chávez, sus seguidores, sus ministros o cualquier otra persona que pudiera estar relacionada con él".

Bárbara Vecci del Comité de Usuarios de Medios de Comunicación (Cumeco), expresa que para ella son los medios privados "quienes estaban amordazando la libertad de expresión" y que la señal del canal 2, hoy utilizada por RCTV "debe abrirse a cooperativas de periodistas y de productores nacionales independientes".

En salvaguarda del derecho a la tan mentada "libertad de expresión", los Estados deben promover políticas publicas que apoyen las iniciativas de medios comunitarios que garanticen la pluralidad de opinión y la democratización de la información como se estipula en el celebre informe McBride aprobado por la UNESCO que dice que es necesario "formular una política cultural nacional encaminada a fomentar la identidad y la creatividad cultural, recurriendo a los medios de comunicación social como instrumentos de apoyo" .

dveron@gmail.com


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