Lo sucedido en Honduras este domingo 28 de junio con el presidente Manuel Zelaya nos permite establecer un análisis comparado con los procedimientos para el desarrollo de un Golpe de Estado en el contexto Latinoamericano.
Todo comienza con una propuesta surgida de movimientos sociales y campesinos cercanos de Zelaya para realizar una consulta – no vinculante- a los electores, con la finalidad de decidir sí se incluye una 4ta urna en las elecciones de noviembre. El planteamiento está basado en una idea sustancial en la filosofía política moderna: el poder y la soberanía reside en el pueblo. Al residir en el pueblo, en el ciudadano, los poderes constituidos no están por encima del poder constituyente, que es la fuente generadora del orden constitucional, eso es un axioma universalmente aceptado en el campo de las ideas políticas. Sin embargo, el contexto socio-histórico hondureño no obedece a esas consideraciones. No hay que perder de vista que la historia de Honduras ha estado marcada por problemas derivados del abuso de poder surgido sobre una estructura social sostenida en el latifundio y la explotación del campesino, en asociación entre elites terratenientes y factores externos que en algún momento estuvieron ligados a consorcios internacionales como la United Fruit y que desde mediados de la década del 50, en el pasado siglo XX, produjeron un conjunto de gobiernos de facto o que revestidos en un supuesto carácter democrático, eran una mampara para la incidencia del estamento militar.
En ese contexto histórico, Honduras fue clave para la consolidación de los intereses estratégicos de los EEUU, conjuntamente con Nicaragua, El Salvador y Guatemala, países todos en donde bajo la influencia militar se estructuró un sistema de contención política-ideológica a la expansión de movimientos populares ligados a la izquierda. En el caso de Honduras, la base militar establecida en Tegucigalpa siempre ha sido clave para el desarrollo de los planes militares de los EEUU en la zona. Dentro de ese marco, la estructura social y política hondureña ha estado dominada por sectores fuertemente conservadores y se ha convertido ese país en un reducto del pensamiento liberal en Centroamérica. Sí consideramos que los triunfos de Daniel Ortega en Nicaragua, y de Funes en el Salvador, aunado al acercamiento de Zelaya a la Alianza Bolivariana (ALBA-TCP) colocan contra la pared desde el punto de vista de apoyos geopolítico en la zona, entenderemos la reacción de los sectores más conservadores en Honduras. No hay duda que en lo sucedido tiene mucho que ver el estrechamiento de las relaciones entre Chávez y Zelaya. El presidente del Congreso en Honduras – hoy presidente de facto- Roberto Micheletti había advertido sobre ese acercamiento, hablando del “peligro” que representaba para los hondureños.
La pregunta obligada es ¿ por qué es peligroso ese acercamiento?. La respuesta tiene que ver con la posibilidad que se extienda por Centroamérica una dinámica de cambio institucional que ya ha tenido arraigo en Sudamérica. Nos referimos a las reformas constitucionales destinadas a adecuar los cuerpos jurídicos normativos a los procesos de cambio, mediante convocatorias de Asambleas Constituyentes (AC) que modifiquen las relaciones y el funcionamiento del sistema político, tal como ya ha sucedido en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina entre otros. Con ello, todo el sistema de poder mantenido durante el siglo XX por militares, terratenientes, grupos económicos y sociales, es puesto en peligro. A ese peligro es que se refiere el congresista Micheletti y por ello vemos articulados a fuerzas militares y grupos políticos. Es en este punto donde introducir analogías. En 1954. Jacobo Arbens es derrocado en Guatemala. Ahí hubo el inicio del manual del golpe de estado: fuerzas armadas se pronuncian, sectores políticos lo apoyan, grupos económicos financian y la comunidad internacional mira para otro lado.
En el actual contexto hay un cambio: la presión de los movimientos sociales y el efecto comunicativo. Los movimientos sociales y su lucha por una ciudadanización, entendida como una recuperación de espacios por parte del ciudadano ante el accionar del Estado y sus agentes políticos, han derivado en reformas legales que permiten ampliación de derechos y aumentan las formas de participación, más allá del hecho electoral mismo. En Honduras, los movimientos campesinos, obreros, sociales en general articulados con Zelaya – que no es precisamente socialista- plantean una reforma constitucional que abra la puerta a una profundización de la democracia, mediante la adopción de mecanismos de consulta directa como los referendo. Ante ello, todo el poder constituido de Honduras reaccionó con dureza. Los peligros son muchos. Por ello el plan de golpe de estado, paso por desacreditar a Zelaya, al catalogarlo como “insano mental” al acceder a las demandas de los movimientos sociales, todo ello con la ayuda comunicacional. Lo siguiente fue movilizar a grupos de militares, encabezados por el destituido jefe del estado Mayor, general Romeo Vásquez, quién se negó a obedecer la orden de su comandante en Jefe – el presidente Zelaya- de supervisar la realización de la consulta. Aun aceptando el criterio que la normativa jurídica no estableció formas de convocatoria a la consulta y que Zelaya violentaba el orden “establecido”, no se puede justificar un acto de esta naturaleza. El caso de Bolivia permite emblematizar este aspecto: cómo recordaremos el prefecto de Santa Cruz realizó una consulta para aprobar un Estatuto Autonómico que violentaba lo establecido en la carta magna boliviana. El presidente Evo Morales, señalo – contundentemente- lo ilegal de la consulta pero no lo impidió, ni puso preso a los proponentes, ni mucho menos los obligo a subirse a un avión y salir del país.
Asistimos por lo tanto, a una repetición de un golpe de estado, pero ahora escudado en una supuesta “legalidad constitucional”. Se accionó precedido por una movilización coactiva de militares para posteriormente “legalizar” a través de una decisión del Congreso la salida violenta de Zelaya. Ante esto el Sistema Interamericano debe activarse inmediatamente, aplicando la Carta Democrática y generando el no reconocimiento de ese gobierno, congelando sus activos, bloqueando cualquier intercambio y finalmente interviniendo con una fuerza multinacional, sí es necesario para restituir el orden, tal como sucedió en Haití cuando se restituyó a Jean Bertrand Aristide. No hay duda que la condena al golpe en Honduras debe venir acompañada sobre la calidad de la democracia en nuestro continente y la supervivencia de matrices autoritarias y violentas en el seno de las fuerzas armadas nacionales.
(*)Dr.
Historiador
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