El concepto de guerra preventiva es uno de los mayores fraudes ideológicos de la historia contemporánea. Surge en el siglo XX, como la justificación esgrimida por el fascismo italiano para invadir a Etiopía. La guerra preventiva se enmarca en la tradición de los imperios europeos de presentar la creación de colonias como una tarea altruista, cuyo propósito era evitar el mal mayor que la "ausencia de la civilización" suponía. Es de notar la tremenda carga racista que esta perspectiva supone. La guerra preventiva, como dispositivo propagandístico, ha alcanzado su mayor desarrollo y sofisticación en tiempos más recientes, ya al servicio de la política exterior estadounidense.
Fuera del ámbito de la ideología, de la manipulación, la guerra preventiva no existe, ni puede existir. Como en la realidad no previene, sino que consuma el horror, la guerra preventiva debe entenderse dentro de la misma matriz de representaciones que hace, de un ministerio de guerra y ocupación, una Secretaría de Defensa de los EEUU.
El documento "Santa Fé IV", importante referencia de la concepción estratégica ultraconservadora que sustenta al gobierno de Bush, prescribe ya en el año 2000 que el gobierno bolivariano sea considerado una amenaza para los intereses estadounidenses. De acuerdo con este documento, el proyecto político de Hugo Chávez apuntaría hacia la creación de una república socialista que comprendiera los países de la Gran Colombia.
En consecuencia, el gobierno estadounidense, de manera directa y a través de sus operadores políticos nacionales, ha venido aplicando clara y progresivamente el dispositivo de la agresión preventiva contra Venezuela.
Bajo la premisa de que el gobierno bolivariano representaba una amenaza para el sistema democrático, una alianza de medios de comunicación privados, militares, y patronos, financiada por el gobierno estadounidense a través de mecanismos como la NED (New Endowment for Democracy), instauró en abril de 2002 una efímera dictadura en Venezuela. De no haber sido barrido rápidamente el gobierno de Pedro Carmona Estanga por la movilización del pueblo y el sector constitucionalista de las fuerzas armadas, la ofensiva diplomática de los EEUU en pos del reconocimiento internacional de la dictadura habría dado paso al uso directo de la fuerza y a la ocupación militar. Naves militares estadounidenses incursionaron en aguas territoriales venezolanas durante el golpe, e interceptaron comunicaciones del gobierno legítimo; mientras tanto, la oficina militar estadounidense en las instalaciones de Fuerte Tiuna, en Caracas, intervenía directamente en el desarrollo del golpe.
Como ocurriera en la antesala del golpe carmonista, y culminando una serie de paros patronales convocados por la oposición venezolana a partir de diciembre de 2001, en diciembre de 2002 la cúpula gerencial de la industria petrolera, en defensa de lo que dieron en llamar meritocracia, tuvo el indiscutible mérito de sabotear la exportación de petróleo, su refinación, y la distribución de gas doméstico y gasolina. En medio de la guerra psicológica más feroz, adelantada por los medios de comunicación privados, durante dos meses intentaron rendir a la población por hambre y miedo. De acuerdo con los documentos del propio gobierno estadounidense, recopilados por Eva Golinger, los responsables de estos crímenes recibían financiamiento del gobierno de Bush. Esto explica, por ejemplo, cómo los medios de comunicación podían prescindir de publicidad durante más de dos meses, sin ir a la quiebra. Los medios de comunicación privados, luego de su exitosa participación en el derrocamiento de Chávez en el 2002, han probado ser ineficaces en el ejercicio de la propaganda de guerra contra el gobierno, y se han sumido en un profundo desprestigio. Resulta difícil imaginar que un canal de televisión estadounidense pueda tener éxito precisamente donde la falange comunicacional ha fracasado. Sin embargo, el 20 de Julio de 2005, el Congreso de los EEUU aprobó, a solicitud del congresista Connie Mack, la transmisión de sonidos e imágenes piratas hacia Venezuela, un recurso ya utilizado contra Cuba bajo la figura de Radio y TV Martí. La justificación oficial de esta agresiva medida fue la de contrarrestar el "antiamericanismo" del canal Telesur, del cual el gobierno venezolano es el socio mayoritario.
La jusificación oficial del embargo de armas aplicado a Venezuela por parte del gobierno estadounidense ha sido la infundada denuncia de vínculos entre nuestro país y el terrorismo internacional. Esto no ha sido óbice para que el mismo gobierno denunciante haya dado su respaldo y protección a varios terroristas que han actuado contra Venezuela. Germán Valera y José Antonio Pulido, ex militares involucrados en ataques con bomba contra la Embajada de España y el Consulado de Colombia en Caracas, en el año 2003, se encuentran en Florida al amparo del gobierno estadounidense, que se niega a extraditarlos. Johan Peña, Pedro Lander, y José Guevara, involucrados en el asesinato del fiscal Danilo Anderson, también viven libres en Florida. Al igual que el terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles, algunos de estos terroristas venezolanos han sido procesados en EEUU por irregularidades migratorias, sin que sea reconocida su condición terrorista, y sin que se atiendan las solicitudes de extradición venezolanas.
La falange venezolana ha apelado al terrorismo en numerosas ocasiones. Además de los casos ya mencionados, han sufrido ataques con bomba: la sede de Conatel; Casa Militar, en el Palacio de Miraflores; el edificio Caracas Teleport, sede de las mesas de diálogo auspiciadas por la OEA en el año 2003; la embajada de Argelia, luego de que este gobierno anunciara su apoyo técnico a Venezuela en el marco del sabotaje petrolero; las afueras de la estación de Bellas Artes, a pocos metros de una enorme concentración popular en la Av. Bolívar de Caracas, el 23 de enero de 2003.
En las zonas rurales, el terrorismo contrarrevolucionario se ha manifestado a través del sicariato. Más de un centenar de dirigentes campesinos han sido asesinados luego de la aprobación de la Ley de Tierras, en el año 2001. Tentativas de guerrilla urbana, o guarimbas, han azotado a Caracas. La más significativa de ellas fue la de febrero de 2004, y buscaba presionar al Consejo Nacional Electoral para que convocara a la realización de un referéndum revocatorio contra el presidente Chávez. Además de la destrucción de innumerables bienes públicos y privados, esta serie de acciones violentas dejaron un saldo de una decena de efectivos policiales y guardias nacionales heridos de bala. La ciudad de Mérida también fue sometida a esta modalidad de terrorismo urbano a finales de mayo de 2006. En estos últimos hechos, disfrazados de protesta estudiantil, mercenarios atrincherados en la Universidad de los Andes hirieron de bala a más de treinta agentes del orden público.
En el caso de la desestabilización en los meses previos al referendo presidencial, jugó un papel de primer orden la organización Súmate, la cual figura entre los mayores recipientes de financiamiento de la NED. Uno de sus directivos, María Corina Machado, se entrevistó personalmente con el presidente Bush en la Casa Blanca el 31 de mayo de 2005, y es una firmante del decreto de Carmona Estanga.
Por su parte, Nixon Moreno, cabeza visible y dirigente mediático de los actos terroristas perpetrados en Mérida, bajo la fachada estudiantil, ha sostenido reuniones públicas con el embajador estadounidense William Brownfield, así como con el antecesor de este, Charles Shapiro, quien recibió de Moreno un reconocimiento a nombre de la Federación de Centros Universitarios de la ULA, el año 2004. Las frecuentes y prolongadas estadías de este mercenario en los EEUU han sido denunciadas recientemente por diputados de la Asamblea Nacional.
Ejerciendo la agresión en el plano de la diplomacia internacional, el gobierno estadounidense ha publicado una serie de informes en los que descalifica a Venezuela. Primero, los EEUU situaron a Venezuela entre los peores países del mundo en materia de lucha contra el tráfico de personas. Irónicamente, el país que redacta ese informe no ha firmado el tratado internacional que se refiere al tema.
Por dos años consecutivos, el país que más drogas consume en el mundo le ha negado una certificación a Venezuela en materia de lucha contra el narcotráfico.
También en un informe sobre derechos humanos, el gobierno estadounidense ataca a Venezuela. Los EEUU no sólo no han firmado tratados internacionales que les comprometan en esta materia, tampoco reconocen a los tribunales internacionales encargados de castigar las violaciones a los derechos humanos. Incluso han llegado presionar a muchos países para que se comprometan a nunca demandar a un ciudadano estadounidense por violación de derechos humanos ante un tribunal internacional. En una significativa muestra de su talante, el gobierno estadounidense ha aprobado, el mes de septiembre pasado, la Ley sobre Comisiones Militares, instrumento que legaliza las detenciones secretas de sospechosos de actividad terrorista, y su sometimiento a tortura durante interrogatorios.
Toda esta ofensiva diplomática ha ido en aumento, y persigue crear las condiciones para declarar a Venezuela país al margen de la legalidad internacional, y que representa una amenaza para la región, justificando de esta manera el uso directo de la fuerza. Venezuela mantiene un nivel de gastos militares que se encuentra entre los más bajos del continente, de acuerdo con cifras del FMI citadas por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina en un informe del año 2006. Pese a esto, un alto funcionario del gobierno estadounidense llegó a afirmar, al justificar el embargo de armas implementado este año, que Venezuela representa una amenaza militar para la región, con capacidad para maniobrar en el Caribe "y el Golfo de México". En consonancia con esta agenda propagandística del imperialismo, este año el ministro de defensa de Holanda habló de una posible invasión venezolana a la isla de Curazao, aunque fue desmentido rápidamente por el primer ministro holandés.
Las maniobras militares realizadas en el Caribe este año por los EEUU, con participación de un portaaviones nuclear, forman parte de ejercicios de guerra que, como el Plan Balboa, apuntan de manera más o menos explícita hacia Venezuela como objetivo militar.
Es cierto que aún no existen condiciones políticas para una intervención estadounidense directa, debido al fracaso de la invasión a Irak; ni tampoco condiciones económicas, por el alto precio del petróleo, y la difícil perspectiva de un suministro petrolero confiable por parte de una Venezuela ocupada. El reverendo bushista Pat Robertson reconoció la ventaja económica, para los EEUU, de ejercer el terrorismo contra Venezuela, en vez de invadir. El propio Presidente Chávez se refirió recientemente a uno de los complots que han tenido por objeto asesinarlo: "¿Planes para asesinarme? Siempre existen. Aquí en el Zulia hay planes para asesinarme. Hace pocos meses estuvieron a punto de activar uno. ¿Saben cuándo y dónde? Cuando vine a la Costa Oriental (del lago Maracaibo), a Pequiven, a El Tablazo. Tengo hasta la foto del fusil que iban a utilizar , apuntó el Jefe de Estado, quien precisó que el asesino en ese tiempo era funcionario de la policía del estado Zulia." (Prensa Latina, 2-10-2006)
La línea abstencionista que los EEUU han impuesto a la oposición política venezolana, llevada a efecto en las elecciones legislativas de diciembre de 2005, indica que el imperialismo opta por una vía no legal al poder. La discusión sobre las "condiciones electorales", que al final podrían determinar el retiro del candidato presidencial proestadounidense, Manuel Rosales, no es sino una cortina de humo: dichas "condiciones electorales" - modo críptico de referirse a las posibilidades de triunfo electoral- sólo podrían crearse a mediano plazo, y por medio de la violencia, como ocurrió en la Nicaragua del Frente Sandinista. La alternativa táctica de participar en las elecciones, para luego jugar la carta del fraude ante la derrota, sería de poca efectividad ante una diferencia numérica amplia y una nutrida observación internacional que avale el proceso, como demostró el referéndum presidencial.
Significativamente, el escuálido títere Manuel Rosales ha participado en todas las aventuras antidemocráticas de la oposición venezolana: como gobernador del Zulia firmó el decreto dictatorial de Carmona Estanga; contrató a un connotado terrorista venezolano, Henry López Sisco, como asesor de seguridad; sus contactos con el paramilitarismo colombiano han sido denunciado por el alcalde de Maracaibo; bajo su gobierno se han desarrollado campañas secesionistas en el Zulia, y ya el embajador estadounidense William Brownfield ha hablado de una "República Occidental del Zulia".
En el mediano y largo plazo, el paramilitarismo colombiano, legalizado por Uribe bajo la fachada de la desmovilización, podría cumplir un papel análogo al de la Contra nicaragüense. La captura de más de 100 paramilitares colombianos en mayo de 2004, en una finca cerca de Caracas, demuestra el alcance de esta amenaza.
La guerra preventiva contra Venezuela ha fracasado hasta ahora en todos los frentes, pero es una guerra que no cesa.
El tiempo juega a favor de la consolidación de la revolución bolivariana, que fortalece su influencia a nivel internacional, como un extraordinario referente de dignidad e independencia; en lo interno, fortalece su base social, avanza hacia una definición de su propuesta socialista y una mayor coherencia política de los grupos revolucionarios, y da los primeros pasos en la implementación de una nueva doctrina de defensa nacional popular. Las conquistas sociales de la revolución son el blindaje político frente a la agresión imperialista. Una nueva victoria electoral en diciembre de 2006 abrirá la posibilidad de convocar un proceso constituyente de carácter socialista, y permitiría establecer, mediante la democratización de la economía nacional, la base objetiva de la nueva sociedad.
