El proceso revolucionario bolivariano ha calado con fervor en el sentir del conglomerado venezolano por la profundización de la democracia plasmada en su guía, la Constitución Bolivariana, que tiende a producir equilibrio en el poder político, con mayor número y peso de poderes públicos que balancearan los excesos del Ejecutivo y avances en lo participativo que facilitara también control social. Pero, los errores del frente oposicionista actuante y los contundentes logros electorales del último año que minimizan la oposición política venezolana, no deben embriagar de poder a algunos en altas posiciones como para imponer cambios que contradigan la esencia misma de la democracia que les permitió llegar allí.

En este sentido, llama la atención lo que ocurre últimamente en el Ministerio de Educación Superior y el tratamiento que ahora se le da a dependencias del mismo como el CNU y la OPSU, algo no visto en los casi 6 años previos de gobierno bolivariano.

El punto de partida del problema aparece con la investigación por denuncias de irregularidades académicas y administrativas en la UNELLEZ consignadas contra su Rector y que se procesaban en el CNU el año pasado y, que se deja en suspenso por la Resolución del nuevo Ministro de Educación Superior del 23/12/04 donde quedan destituidos tanto el Rector de la UNELLEZ como el Director de la OPSU a quien el CNU había asignado esa averiguación. Más que apaciguar los ánimos, dicha decisión podía condicionar ocultamiento de una investigación por presunta corrupción y por otro lado no ubicaba el epicentro de la conflictividad hecha pública, donde algunos individuos pretendían mostrar mayor influencia o peso político que los ministros de turno y ya hacían señalamientos sobre eliminación inmediata del CNU y la OPSU, para efectuar cambios por ellos propugnados sin consideración a leyes ni a otras opiniones.
(Gente como uno, en posición de delegado ministerial en CU de universidades venezolanas que debía luchar por mayor transparencia tenía que mostrar desacuerdo y así se hizo saber)

Las decisiones tomadas en el MES en el presente año, respecto a destituciones de directivos y demás funcionarios de la OPSU-CNU y la llamada Reforma del MES, merecen ulterior atención por los riesgos que implica respecto al mantenimiento del orden legal y a lo injusto en el orden ético respecto a solidaridad ciudadana, aparte de que muestran concordancia con lo que adelantaban esas individualidades desde fuera –previo al nombramiento del titular del despacho- con aparente influencia como para sentirse dueños únicos de la verdad.

La llamada reforma interna del Reglamento del M.E.S. no se aprecia ni tan interna, ni tan legal, si va a afectar el funcionamiento de las instituciones universitarias y si no toma en cuenta lo establecido en el orden jurídico vigente, ya sea Ley de Universidades que establece las funciones del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y su organismo de planificación la OPSU (Oficina de Planificación del Sector Universitario), que es, según ella, a quien corresponde el control y vigilancia de las mismas, en resguardo de la Autonomía Universitaria garantizada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 109, o ya sea cualquier otro fundamento jurídico sobre procedimientos administrativos.
Es difícil que se logre entender como garante de Autonomía Universitaria que el Ejecutivo Nacional controle y vigile a las universidades desde el despacho de un viceministro, echando a un lado a un órgano colegiado o deliberante donde estas instituciones estén legal y debidamente representadas.

Las destituciones de funcionarios o personal en general en la OPSU-CNU, efectuadas por vez primera en la actual gestión ministerial, por cierto precediendo a la mencionada Reforma del MES, resiente fibras éticas y de participación solidaria, cuando inclusive se arremete contra personas consubstanciadas con el proceso, en desconocimiento del esfuerzo y valioso trabajo efectuado por ellos, incluyendo épocas duras de sabotaje y golpe de estado. Trato injusto para quienes colocaban bases para una elevación de la calidad en las Universidades -decaída en décadas previas de clientelismo y partidismo exacerbado- en base a indicadores y a competencia en positivo, o para quienes se esforzaban hacia un mejor control y transparencia administrativa del recurso para la Educación Superior. Funcionarios que con propiedad asesoraron para resolver trabas en la conducción de nuestras universidades. En general, mezquindades no cónsonas con un verdadero ser revolucionario y mucho menos respecto al desperdicio de recurso humano de alto valor.

Es todo esto un nuevo cuadro que no encaja bien con la imagen pública previa del actual Ministro, que dibuja individualismo actuante más allá de su persona, con alto riesgo de caer en desbalances del poder público y desviaciones negativas en el proceso de cambios que debiera ser bien analizado en función de una más adecuada estrategia en el alto gobierno.

* Médico-Profesor Universitario