Escribo estas líneas con la intención de denunciar la situación irregular que se está  presentando con la adquisición de los apartamentos en preventa del conjunto residencial El Encantado, en el sector Macaracuay. 

En fecha 21 de julio de 2007, visité las instalaciones de pre-venta del Conjunto Residencial El Encantado, ubicado en el sector conocido como Hacienda El Encantado en jurisdicción del Municipio Autónomo El Hatillo Estado Miranda. 

Allí fui atendida por la vendedora Morella Muñoz, de la empresa Anexinca (representante de ventas de la Empresa Inversiones Urbania 2007, C.A.), quien me entregara la información para la adquisición del apartamento E-91, ubicado en la torre E, piso 9, perteneciente a la segunda etapa de construcción y me explicó que los apartamentos estaban programados para ser entregados en un lapso aproximado de 18 meses, período en el cual, debía pagar la inicial del 40% del valor del apartamento. Pagué y firmé ese mismo día 21  de julio de 2007, Bs. 1.000.000,00 (BsF 1.000,00) correspondientes a la intención de reserva del apartamento. 

El día 31 de julio del mismo año, firmé con Inversiones Urbania 2007, C.A., el documento de opción a compra-venta. Cabe destacar que en la cláusula Quinta del referido contrato, se estima el precio de venta y menciona que el mismo, se ajustará mensualmente, sobre el saldo deudor en la misma variación porcentual para los mayoristas, del índice de precios de insumos de la construcción, para el período que transcurra entre el momento de la suscripción del contrato y la suscripción del documento definitivo de compra-venta.  

En la cláusula antes mencionada, se indica una tabla con la forma de pago de la inicial y además cita: ... “La forma y plazos de pago establecidos en esta cláusula, han sido determinados en función de la fecha aproximada para la cual se estima podría estarse protocolizando el documento definitivo de compra-venta”... igualmente, en la cláusula Décima del mismo Contrato también cita “LA PROPIETARIA estima que el proceso de construcción del Conjunto Residencial El Encantado, podrá estar concluido y listo para la entrega de apartamentos de la etapa en un plazo de DIECIOCHO (18) meses contados a partir de la firma del presente compromiso bilateral de compra venta”. En mi caso, sería el 31 de enero de 2009. 

Sin embargo, a la fecha se han entregado apenas alrededor de 50 apartamentos de la Primera Etapa (son cuatro etapas y cada una consta de 380 apartamentos divididos en 4 torres, para un total de 1.520 apartamentos que formarían el conjunto residencial).  

En visitas periódicas a la obra he conversado con los vendedores, expresando mi interés  por conocer la fecha definitiva de entrega de los apartamentos. Las respuestas han ido variando y alargando el plazo mes a mes, la última vez que consulté el año pasado me aseguraron que en diciembre, más tardar enero febrero de 2010, estaríamos firmando, cosa que hasta ahora no ha sido posible.  

Recientemente en mesas de discusión entre copropietarios y  la constructora, uno de ellos es Francisco Javier Reina Bello (no tengo a mano el nombre de la otra persona) con la mediación de dos representantes de la Asamblea Nacional, los actores de la constructora realizaron un cronograma tentativo de culminación de la obra, y según el blog informativo cuya dirección es http://elencantado.info.ve/ en el mismo aparece que la fecha para la solicitud del Permiso de Habitabilidad del Edificio correspondiente a mi apartamento, está pautada para el mes de septiembre de 2010. Es decir, que la fecha definitiva de entrega de mi apartamento sería para finales de este año, casi 2 años después de la fecha de entrega ofrecida. Anexo copia de la página del mencionado blog a fin de que pueda constatar además:

1.- Inspecciones realizadas por los vecinos comprobando el retraso en la obra.

2.- El cobro obligatorio e ilegal de Bs. 3.000 con la protocolización de los apartamentos, por un sistema de seguridad que instalarán y del cual ninguno de los compradores fuimos consultados, y no se nos presentó ningún presupuesto o licitación. 

Sin embargo, nuestro principal preocupación, es el evidente interés por el cobro ilegal del IPC, el cual pretenden disfrazar cobrando lo que ellos llaman un justiprecio, alegando que el precio era estimado más el I.P.C. y ahora fueron afectados por decreto de anulación del I.P.C., ellos deben estimar el precio definitivo. Incluso han sido llamados algunos vecinos de la primera etapa, para que firmen un nuevo contrato con el incremento del I.P.C. en el precio pautado originalmente. 

En los actuales momentos, el caso está en sala de conciliación de INDEPABIS, donde los representantes de la constructora nos han propuesto aumentar el 20%  (justo el monto del IPC) del costo inicial del apartamento, para poder entregarnos nuestras viviendas. Señalan que si no pagamos no podrán concluir las etapas siguientes (todas vendidas) y lo cual sabemos, que no es más que una vulgar manipulación. 

Preocupa sí, que de no haber acciones inmediatas, los “responsables” de la constructora puedan dejar sin concluir las viviendas, declararse en quiebra, obligar a firmar los apartamentos bajo la presión de que si no lo hacen, no les tramitan el crédito o simplemente no firman la venta o nos llevan a tribunales, para que se demore muchos años (el Sr. Reina expresó en reunión del 29/04 ”si quieren demanden”) o valerse de cualquier otra artimaña para no entregar los apartamentos y dejarnos en la calle. Sin duda es gente que tiene poder y lo saben, no nos consideran a su altura y por ello nos vejan. 

Asimismo, estás personas están ejerciendo algunas presiones de orden psicológicas contra los copropietarios, como por ejemplo, señalar que “el que no esté de acuerdo con el justiprecio rescinda el contrato y ellos le regresan el dinero según la cláusula de rescisión del Contrato. Está claro que con ese dinero que se entregó entre el 2007 y el 2008 no se puede comprar el mismo apartamento o uno similar, además, constituye una total y absoluta falta de respeto, porque ellos saben que utilizaron nuestro dinero para construir e invertir, en quién sabe cuántos negocios que contribuyeron a engordar su capital y ahora pretenden pagarnos a precio de gallina flaca (con el perdón de la expresión). Pues no! firmé un contrato por la compra de un apartamento de 76 metros cuadrados, en un precio de 299.681 bolívares, y es ese, y no otro, es el precio que debo pagar. 

Algunos vecinos, ante el terror de perder sus viviendas, han firmado el nuevo contrato que incluye el IPC. Sin embargo, un grupo de compradores que no estamos de acuerdo, puesto que es ilegal y sobre todo no contamos con los recursos para asumir ese costo, estamos acudiendo a todas las instancias posibles para que nos ayuden, sólo exigimos justicia. 

Recientemente publicaron dos carteles en el diario El Universal, donde manifiestan en fecha 8 de abril que están corriendo los 90 días para la protocolización o venta definitiva de los apartamentos de las torres A y B, y en fecha 29 de abril, para las torres C y D correspondientes a la primera etapa. Lo que no dice el cartel es:

1. Que la firma debe ser con el nuevo precio y
2. Que ellos han hecho ver a los adquirientes que los créditos sólo se pueden tramitar a través de Banco Nacional de Crédito (vale investigar qué relación de complicidad hay allí), porque según alegan, el estado no está bajando el dinero a los bancos para otorgar los créditos del FAOV, obligando de esta manera a los compradores a adquirir el crédito por ingresos propios, aumentando un 2% la comisión para el banco, pero los compradores tendrán que pagar montos elevadísimos, pues los créditos los tramitan a 10 años.

 

Es importante destacar que en el número de afectados en el sector “Hacienda el Encantado” asciende a 7.000 familias, debido a que los otros tres conjuntos se encuentran en la misma situación. Estos son: La Hacienda, Auyantepuy, Encantado y Encantado Humboldt, amén de todas las urbanizaciones a nivel nacional que están siendo afectadas por este tipo de acciones que aparentemente están llevando a cabo bajo instrucciones de la Cámara de la Construcción. 

Por si fuera poco, en reunión realizada este lunes 17 de mayo con dos representantes de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Nacional, los cuales prometieron ayudarnos, una de ellas expresó que “.. La verdad a mi no me parece mucho dinero, porque a otros le están cobrando mucho más..” ¿Qué tal? Es decir, que nos dejemos estafar, porque es poco lo que nos roban (en mi caso son 66.000 Bf), casi que legal pues, así de sencillo.

 Por lo anterior, solicito en nombre de mis vecinos y el propio, de manera encarecida la atención de los organismos competentes a efectos de hacer valer el respeto a las personas, el cumplimiento de la Ley, así como evitar el atropello y violación de los derechos de la familia. 

Basta ya de que los comerciantes inescrupulosos desconozcan al pueblo, al estado y sus gobernantes. En este país hay un gobierno, un pueblo y unas leyes que respetar. ¿Alguien puede colocar el cascabel al gato? ¿O simplemente una vez más, triunfan los poderosos ante los menos favorecidos?  

A continuación datos de las empresas involucradas:

ANEXINCA C.A.: Rif: J-30805823-8. Dirección en Caracas: Av. Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre C, Piso 16, Ofic. F. los Palos Grandes Teléfonos: (212) 285.9110 (Master) FAX: (212) 285.8872. Web: http://www.anexinca.com y http://anexinca.com.ve

INVERSIONES URBANIA 2007, C.A.: RIF.: J-29420967-0. Dirección 1: Av. Los Chorros con Av. El Parque, Edif. C, Piso 1, Apto. 1 Urb. Sebucán. Telf.: (0212) 334.9219 (0212)368.03.37 OJO: Esta dirección está indicada como dirección fiscal en los recibos de pago de las iniciales, pero no existe. Dirección 2: Av. Principal Macaracuay, final calle Las Canteras, Hacienda El Encantado, Urb. Macaracuay, Caracas. 

Email: janetserrano_58 @yahoo.es